Están en la explícita extensión de las prácticas no formales, en las actividades culturales, artísticas y deportivas, como vías hacia la integración educativa en sectores populares, reconociendo que el derecho a la educación no termina en la escuela formal. Están en la legitimación de la educación de gestión cooperativa y de gestión social, como regímenes que deben ser diferenciados de la educación privada, ya que cuentan con una organización interna genuinamente democrática y un compromiso con lo público en todas sus dimensiones.

            El borrador de la nueva ley reconoce estos derechos y abre el camino para que próximas políticas nacionales y provinciales los hagan efectivos. En particular, nuestro régimen federal hace de esta ley nacional un marco para que futuras leyes de educación provinciales lleven a un terreno todavía más concreto estas conquistas.

Pero la propuesta de Ley de Educación Nacional todavía puede hacer más para recuperar estas voces y darles protagonismo. Primero, un desafío fundamental para la formación docente (replanteada en la nueva ley) es la preparación para el trabajo en esta nueva estructura social y cultural, atravesada por la pobreza y la fragmentación. La renovada tradición de la pedagogía social debería ser parte ineludible de las nuevas carreras docentes, con un compromiso y una preparación específica para responder a las demandas de los sectores populares.

Segundo, es necesario aprovechar la nueva ley para democratizar el gobierno de la educación. La creación de Foros Educativos Locales, como espacios con representantes de la comunidad educativa, podría ser una forma de institucionalizar el interesante proceso participativo que generó la discusión de esta norma. Así, podrían generarse dinámicas políticas de “abajo hacia arriba”, con iniciativas, demandas y procesos de monitoreo de las políticas educativas. En general, el borrador de la ley todavía requiere especificar más su voluntad democrática en la creación de políticas o instituciones concretas.

Estamos ante las puertas de una posible nueva era educativa en nuestro país, luego de una larga y devastadora crisis. Las esperanzas son todavía presa de una profunda pesadumbre que prevalece en el mundo educativo. Alimentar la “educación invisible” –sus prácticas, sus sujetos, sus capacidades de asociación- es una forma de liberarlas. Ellas marcarán luego el camino.

Es interesante observar que, en la comparación de los aumentos salariales tanto desde 2001 como desde 2005 hasta la actualidad, estas provincias no son necesariamente las más retrasadas. Salvo Córdoba, que sí tuvo aumentos menores al promedio de las jurisdicciones, los restantes son casos que acompañan el ritmo global de recomposiciones salariales. Incluso, Chubut, la provincia con mayor aumento salarial docente desde 2001, tuvo también jornadas de tensión entre el sindicato y el gobierno.

Esto indica que las jornadas de protesta por las condiciones laborales son expresión tanto de la diversidad de panoramas políticos provinciales como de la situación económica. En un contexto de inflación leve pero permanente, combinada con un superávit fiscal que deja amplios recursos en las arcas estatales, el sector docente continúa pujando por mejoras salariales. Esto interroga directamente a la Ley de Financiamiento Educativo, dado que pese a su sanción –que involucró, entre otras medidas paralelas, el piso de $840 de salario base garantizado por la Nación- los conflictos no ceden.

Dos respuestas complementarias pueden plantearse ante esta situación aparentemente paradojal. Primero, la falta de institucionalización de la Ley de Financiamiento, que fue sancionada después de que cada provincia aprobase su Presupuesto 2006, y que todavía requiere de una etapa de consolidación para medir sus efectos concretos en la inversión educativa. Segundo, las limitaciones propias de esa ley frente a las relaciones de fuerzas dominantes en cada provincia, dependientes de contextos políticos locales, que exceden cualquier anuncio o medida nacional.

¿Encuentros?

En definitiva, los dos planos de la política educativa son parte de la herencia de un sistema educativo definitivamente provincializado, en un país sumamente desigual y con un poder nacional creciente. Así como algunos presupuestos provinciales ya comienzan a prepararse para asumir un déficit, el Gobierno nacional mantiene cuentas sólidas, basadas en una recaudación que tiende a favorecer su posición frente a las provincias. En el terreno educativo, esta situación se traduce en una presión fiscal para muchas provincias (especialmente Buenos Aires), desfavorecidas por la coparticipación, que deben enfrentar los conflictos propios de gestionar las escuelas.

Teniendo en cuenta que sólo el 10,9 % del Presupuesto nacional total se destina a salarios -frente al 42% del promedio de los presupuestos provinciales-, es claro que una escalada salarial nacional tiene consecuencias fiscales más profundas en las provincias. De esa masa salarial provincial, el sector educativo ocupa un lugar de primer orden, ya que 93% del presupuesto educativo promedio de las provincias corresponde a salarios docentes, lo cual permite calcular la magnitud que tiene cualquier cambio en las políticas salariales del sector.

Los procesos de discusión federal y sanción nacional de las sucesivas leyes de Financiamiento y de Educación son, además de grandes anuncios, caminos para cerrar la brecha entre ambos planos. La creciente inversión nacional en educación es clave: el proyecto oficial de Presupuesto 2007 aumenta 17,1% los recursos del sector, frente al aumento de 14,7 % en el gasto público total. Esos recursos deberán distribuirse con criterios de justicia social y combinarse adecuadamente con la implementación de la nueva Ley de Educación Nacional, confirmando el envión de la Ley de Financiamiento. Sólo así, con recursos y políticas nacionales, elaboradas en base a discusión federales concertadas, los dos planos de la política educativa podrán tener mayores líneas de encuentro, saciando los conflictos con acciones integrales de mejora.

El escenario se fue tornando progresivamente más complejo y, en cierto momento, no se avizoraba una salida fácil. El conflicto trascendió las fronteras de la provincia e involucró a actores de la política nacional: desde las declaraciones públicas de apoyo de Moyano (Secretario General de la CGT) y Yasky (Secretario General de CTERA), hasta un intento de mediación poco efectivo ensayado por el Ministerio de Educación de la Nación.

En este contexto, se produjo hacia finales de julio una repentina renuncia masiva de los distintos directores de nivel del Ministerio provincial, junto con otros funcionarios de la cartera educativa. La suma de paros, asambleas, jornadas de debate de la nueva Ley de Educación Nacional y actos escolares contabilizaron la pérdida del 52% de las horas de clase del mes de julio. El Ministerio de Educación provincial anunció, y efectivizó, descuentos salariales masivos a los docentes que realizaron paro. El mes de agosto se inició con nuevas huelgas, acompañado por un spot televisivo en el cual el Gobierno destacaba los aumentos salariales realizados en 2005, en un intento de quitarle legitimidad a la protesta.

Como parte de la conciliación obligatoria declarada a principios de agosto, y tras una negociación trabada entre el Gobierno y los gremios, finalmente las partes llegaron a un acuerdo. En el mes de septiembre se estabilizó la situación, dejando como resultado la pérdida de 18 días de clase en lo que va del año, lo cual implica el incumplimiento de la Ley Nacional 25.864, que estipula un ciclo escolar anual mínimo de 180 días.

Por el lado de los docentes, el resultado del reclamo fue un aumento salarial que promedió el 17,4%, retroactivo al 1º de agosto, y beneficiando principalmente a los docentes sin antigüedad. Además de otras reformas menores, un punto muy destacable que marca un hito histórico en el reclamo salarial docente es la firma de una cláusula que actualizará el salario trimestralmente en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la recaudación impositiva de la provincia.

Se encuentra aún en debate la firma de la llamada “cláusula de paz social”, que compromete a los gremios a no realizar paros durante el año próximo mientras se cumplan con los aumentos estipulados. Siendo el próximo un año electoral, la firma de este acuerdo le garantizaría al Gobierno cordobés un clima político más favorable para el año 2007.

III-Santa Fe: acompañamiento interdisciplinario para los conflictos de las escuelas

En todos los rincones del país, las escuelas aparecen cada vez más abrumadas por nuevas demandas y conflictos, ligados en gran medida al empobrecimiento de la población escolar (a raíz de la crisis de fines del año 2001 y de la inclusión de nuevos niños y jóvenes en el sistema educativo). El agravamiento de las problemáticas sociales -como la violencia, la drogadicción, las afecciones sanitarias y el fracaso escolar, entre otros- obstaculiza la función pedagógica de la escuela y exige una atención que las asuma como realidad cotidiana y permanente, y no como una anomalía.

En esa dirección, el Ministerio de Educación de Santa Fe ha lanzado un dispositivo de orientación y acompañamiento a las escuelas de EGB, a través de equipos interdisciplinarios que actuarán a nivel regional. Integrados, entre otros especialistas, por fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, cientistas de la educación, pedagogos, asistentes sociales y antropólogos, reclutados por orden de mérito entre los propios docentes que cuenten además con las formaciones mencionadas, estos equipos trabajarán en relación directa con los supervisores. Su misión será la de superar el enfoque clínico y endogámico de los tradicionales gabinetes psicopedagógicos para propiciar una intervención externa y sistémica, que comprenda un análisis holista de la institución en lugar del tratamiento aislado de determinados alumnos o problemas.

 Si bien la iniciativa se encuentra aún en una etapa preliminar y es preciso esperar para evaluar su instrumentación, es indudable que presenta a priori varios aspectos interesantes. Entre ellos, cabe mencionar el hecho de que la selección del personal se base en el cuerpo docente de la provincia que posea algún otro título, no sólo por el conocimiento de la vida interna de las escuelas que poseen los maestros, sino también porque la participación en los equipos interdisciplinarios podría representar, de implantarse en forma definitiva, una nueva opción en la carrera docente. En segundo lugar, el abordaje regionalizado e interdisciplinario de los conflictos institucionales apunta a garantizar un tratamiento contextualizado e integral de cuestiones siempre específicas y complejas. En relación con este punto, otra intención loable de los equipos de apoyo es que tendrán el objetivo de facilitar la consolidación de redes locales interinstitucionales entre los establecimientos educativos y otras organizaciones sociales, con el objetivo de agilizar y mejorar las respuestas a las necesidades de los alumnos.

Entre los riesgos de la política en cuestión habría que señalar su frágil marco institucional –ya que los docentes serán designados en comisiones de servicio-, por lo cual su continuidad más allá de la actual gestión plantea serias dudas. Por otra parte, las ventajas del tratamiento externo por un solo equipo de varias escuelas a la vez puede tener como contracara el exceso de demandas y un conocimiento superficial de las instituciones y problemas a resolver.

 Por último, la división de tareas entre los diferentes actores ligados a la escuela quizás implique un fraccionamiento de la mirada que dificulte el conocimiento cabal y el acercamiento a los alumnos. Algunas de estas falencias fueron debilitando, por ejemplo, a los equipos de apoyo de la Dirección de Apoyo Escolar Interdisciplinario (DAEI) creados con un carácter y un propósito muy similar en la provincia de Córdoba durante la década del ’80.                                                             

estaban recibiendo esta información. A mediados del año pasado la discusión de este proyecto se retomó y fuimos tratando de aprender nosotros también, de ver cuáles eran los temores. Para discutir el tema trajimos a especialistas, padres, religiosos, e incluso víctimas de violencia sexual. El proyecto fue aprobado con un gran consenso porque lo trabajamos mucho.

Eusebia Jerez

-¿Cuáles son los puntos fundamentales que introduce el proyecto de ley?

-El punto central de la ley es que todo niño tiene derecho a ser informado, y que cada establecimiento educativo tiene la obligación de dar información sobre educación sexual. Lo que yo veo positivo de la ley es que los contenidos no se dictarán en una materia exclusivamente, sino en forma transversal, en las materias afines, siempre respetando la evolución psicológica de cada uno, es decir que se dictará de forma gradual. Por otra parte, cada comunidad educativa armará su propio programa de acuerdo a su ideario y a las convicciones de sus miembros. Otra cuestión importante es que se han introducido talleres para padres. Desde nuestro bloque -Inter Bloque Federal, de centro derecha- nosotros cuestionábamos el hecho de que el Estado se adueñara de la educación de nuestros hijos. La educación es propia de la familia, pero muchos aducían que no todos los padres están preparados para enseñar educación sexual a sus hijos. Entonces, si esto es así, empecemos también por la familia, y de esa manera salió el artículo 9, donde se establecen los talleres para padres. Otra cuestión importante que he logrado introducir en dicho artículo es el derecho de los padres a ser informados sobre los contenidos que la escuela desarrollará en relación a este tema.

-¿Qué significa educación sexual “integral”?

-Decimos que es integral porque comenzará a la edad que el niñito empieza a ir a la escuela, y lo acompañará en el desarrollo de la sexualidad. Una parte de la formación de la persona y del desarrollo del ser humano es la sexualidad, y este acompañamiento que se hará desde la escuela, de acuerdo a nuestro punto de vista, debe fundarse en una sexualidad basada en el amor, y que no lleve la intención de despertar el sexo antes de tiempo.

-¿De qué forma van a definirse y dictarse los nuevos contenidos?

-Los contenidos básicos serán acordados en el Consejo Federal de Educación, y su definición estará a cargo de una comisión interdisciplinaria de especialistas en la materia, de la que participen médicos, psicólogos, e incluso abogados para ver la parte legal. Luego, los contenidos serán adaptados de acuerdo a las circunstancias, a las regiones y a los colegios. Por ejemplo, se puede hablar de una educación que busque desarrollar la sexualidad del niño respetándose como persona humana, basada en el respeto, en el amor, en la confianza, en la fidelidad. Seguramente que la Iglesia lo va a encarar desde ese punto de vista.

-Cuáles son las disidencias parciales propuestas por su Inter Bloque Federal que fueron incorporadas al proyecto finalmente sancionado por la Cámara de Diputados?

-Nosotros hemos sacado la perspectiva de género que querían poner, logrando que el proyecto aprobado hable de niñas y niños. Yo, por mi parte, tenía una disidencia con el artículo 7, donde queríamos que se incluyera la libertad de las autoridades de cada institución para adecuar el programa de acuerdo a su ideario y a sus convicciones. También puse mucho énfasis en el derecho de los padres a ser informados, a tener participación de este programa. Como he logrado esos puntos, la he votado en general. No me opuse totalmente, porque la ley salía, entonces no es cuestión de oponerse sin opinar, hay que estar adentro y saber ver los puntos positivos.

 27.500 en el privado. El mayor peso relativo de la incorporación de alumnos en el sector privado provoca el aumento proporcional de la matrícula privada, pasando del 24,7% al 25,3% en el período analizado.

Finalmente, en el Polimodal el porcentaje de alumnos en el sector privado pasa del 30,3% al 32,0%. En este caso se muestra una disminución de la cantidad de alumnos en el nivel para ambos sectores, aunque con mayor significancia en el público: mientras que a las escuelas estatales asisten 83.000 alumnos menos, en las privadas dejaron de ir a clase 2.500 alumnos.

Los datos de 2005 para éste y otros indicadores están disponibles gracias a la rápida publicación del anuario estadístico de la DiNIECE.

-Seminario internacional “Ley de Educación Nacional: una oportunidad para revisar la relación educación-trabajo”, organizado por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). La apertura estará a cargo del ministro de Educación Nacional, Daniel Filmus; y el cierre lo hará el secretario de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco. Se contará con la presencia de oradores internacionales y nacionales. El evento se realizará el jueves 19 de octubre en el Salón Gaudí del NH City Hotel, Bolívar 120, piso 4, ciudad de Buenos Aires.

-Conferencia sobre “Políticas y gestión en educación básica, ¿es posible innovar?”, a cargo de Margarita Poggi, directora del IIPE-UNESCO Buenos Aires. El evento es organizado por la Revista Diálogos Pedagógicos en su Edición Homenaje, con motivo de celebrarse el Cincuenta Aniversario de la Universidad Católica de Córdoba. Se realizará el jueves 26 de octubre a las 17.30 horas, en el Auditorio Diego de Torres, Obispo Trejo 323, ciudad de Córdoba. La entrada es libre y gratuita. Se otorgan certificados de asistencia.

-1° Jornadas Interdisciplinarias de Investigación y Educación, organizadas por el Instituto María Auxiliadora y el Instituto Juan XXIII durante el 2, 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Bahía Blanca. Los núcleos temáticos para la presentación de ponencias son: 1. Educación, pobreza y exclusión social. Las nuevas configuraciones familiares, 2. Aportes para la práctica docente, 3. Gestión y organización de instituciones educativas, 4. Investigación, desarrollo y procesos de formación, 5. Educación y Tecnología. Para más información, cliquee aquí.