Nota publicada por Diario La Nación (link a suscriptores) el 12 de mayo de 2024

Por Gabriela Origlia

La fotografía del empleo urbano en la Argentina está dominada por el negro. De 20 millones de trabajadores, 52% son informales o monotributistas; 31% asalariados privados registrados y 17% estatales. La lupa sobre el segmento más importante revela que 46% de ese 52 están en negro o son cuentapropistas no profesionales. Es decir, están ocupados en empleos de baja productividad. Los datos corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2023l La actual recesión podría estar sumando algunos puntos al segmento más vulnerable. Las consecuencias son múltiples. Además de que el trabajador informal no cuenta con un piso de derechos que lo proteja, su situación precaria tiene un impacto en la recaudación fiscal y en los sistemas previsional y de salud.

Hace varios años que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene alertando sobre el fenómeno de los trabajadores pobres que en Latinoamérica y el Caribe tienen “entre dos y cinco veces más probabilidades” de encontrarse en situaciones de pobreza. Entre el 60 y 80% de los empleos que se recuperaron en la región después de la pandemia del Covid lo hicieron en condiciones de informalidad. La Argentina no es una excepción.

En primer lugar, los trabajadores informales sufren una suerte de penalidad salarial, ya que ganan menos que los asalariados formales. La consultora Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) estima que el 46% integrado por cuentapropistas no profesionales y trabajadores en negro tienen una remuneración promedio que apenas alcanza la mitad de lo que percibe el segmento formal.

Matías Ghidini, titular de la consultora Ghidini Rodil, apunta que los salarios informales decrecieron un 59,5% en términos reales entre 2017 y 2023. En ese mismo lapso, los salarios registrados perdieron 35%. Además, en un contexto con desempleo en mínimos históricos (5,4% en el tercer trimestre del año pasado, el nivel más bajo de los últimos cinco años), el empleo no registrado fue el que más creció en el período analizado.

Rafael Rofman, experto en temas de políticas sociales e investigador principal del Cippec, señala que en la Argentina el problema de la informalidad es de larga data: “En 1970 el panorama no era muy distinto. No hay en este tema un paraíso perdido. En algún momento creíamos que revertir la situación era una cuestión de tiempo, pero no fue así”. Para graficar, apunta que en 1960 solo el 30% de los mayores de 65 años tenía jubilación; el resto carecía de ella, porque no tenía historia laboral registrada.

Cada vez más grave

Claro que a medida que pasan los años y no llegan soluciones, el problema se agrava. “El asunto es cada vez más serio; cada vez son peores las condiciones y deja al país compitiendo con el resto del mundo desde una peor posición”, dice Rofman. El especialista agrega que “los informales son el resultado, en buena medida, de la baja productividad”.

La informalidad, entonces, está en directa relación con un nivel de productividad muy baja; el que contrata no tiene excedente suficiente como para “blanquear” a su empleado: “A más informalidad, menos riqueza se produce y menos bienestar se logra. Somos un país que produce poco y por eso somos pobres. Parte de nuestros problemas macro derivan del hecho de que queremos vivir mejor de lo que nuestra capacidad productiva permite. Hay que ser más productivos y entonces habrá más formalidad”.

Virginia Giordano, economista de Idesa, afirma que aun en épocas de bonanza económica fue casi nula la generación de empleo de calidad, lo que “cercena las oportunidades de progreso a una gran parte de la población”. Uno de los principales obstáculos para el crecimiento de buenos empleos, además de la coyuntura económica, son las instituciones laborales, dice Giordano. “Muchas datan de las décadas de 1970 y 1980 y no se han adaptado a los enormes cambios que ha tenido la sociedad”. Es decir, a su criterio, el problema de fondo es la legislación laboral.

Efecto cascada

La elevada informalidad laboral no solo es un problema presente para el sistema previsional –pérdida de recaudación de aportes y contribuciones–, sino que también impacta en el sistema de asistencia social y de salud.

“El sistema de salud pública debe encargarse de los servicios sanitarios de las personas que no tienen cobertura”, añade Marcelo Capello, economista jefe y vicepresidente de Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea.

Detalla que, además, una alta informalidad laboral induce también una elevada evasión en otros impuestos: contar con una parte de los trabajadores en negro lleva a algunos empleadores a la “necesidad” de no declarar una porción de sus ventas. “Evaden simultáneamente una porción del IVA, Ingresos Brutos y la tasa municipal sobre ventas, además del impuesto a las ganancias”.

El economista señala que la relación de causalidad podría darse también la inversa, pues la “inédita superposición” de tres impuestos generales a las ventas que existe en la Argentina –uno por cada nivel de gobierno– con alícuotas significativas, potencia los incentivos para subdeclararlas, lo que puede representar a su vez un incentivo para no formalizar a una porción de los trabajadores.

Este círculo negativo que genera el empleo no registrado –resultado de distorsiones previas de la economía– no se soluciona con la creación de un “nuevo monotributo”. La misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea en sus reportes que un régimen simplificado es útil solo como “puente transitorio” hacia una situación mejor.

Rofman subraya el riesgo de que los ciclos vinculados a la coyuntura, a fuerza de repetirse, se pueden convertir en estructurales: “El gran problema histórico a nivel agregado es la cantidad de crisis que tiene la Argentina. Una vez que se cae en la estructura social cuesta mucho volver al lugar anterior, por eso es importante el crecimiento sostenido. Si hay subas y bajas violentas todo el tiempo, en la caída se consume el capital social y humano”.

Todos los especialistas consultados por LA NACION coinciden en que el fenómeno de la informalidad se acrecentó en la última década. Capello señala que, en ese período, el único componente dinámico en el mercado laboral fueron el empleo informal y el trabajo por cuenta propia, especialmente a través del “monotributo social”. Aunque en menor medida aumentó también el empleo público, “pero eso a costa de profundizar los desequilibrios fiscales y la baja calidad de la gestión del Estado”, observa Capello. En contraste, el empleo registrado en el sector privado se mantuvo prácticamente constante.

Sin estabilidad

A pesar de que en el imaginario muchos equiparan el monotributo a estar en blanco, Giordano deja en claro que es usado como “una herramienta de blanqueo” que no ofrece estabilidad ni permite la negociación salarial. Ghidini completa ese razonamiento y apunta que la informalidad no necesariamente es sinónimo de baja calidad. Menciona como ejemplo a los entre 20.000 y 25.000 profesionales ligados a las tecnologías que se categorizan de esa manera. “El sector exportó 8300 millones de dólares el año pasado; se perdieron unos 2000 millones que son los ruteados por esos trabajadores independientes”.

En comparación con otros países, sobre todo con economías desarrolladas, el porcentaje de empleo asalariado registrado en la Argentina es bajo. En Estados Unidos o naciones de la Unión Europea, ese nivel alcanza o supera el 90%. En economías emergentes o en desarrollo, explica Giordano, los niveles de informalidad son “similares o incluso más altos” que en la Argentina.

Con menos recaudación por efecto de la no registración de los trabajadores, el Estado en sus diferentes niveles se ve obligado a financiar con otros ingresos coberturas de salud y previsionales. Se multiplicaron así las moratorias para jubilarse. Según datos de la Secretaría de Seguridad Social, en 2023 el 80% de las jubilaciones dadas de alta requirió de este esquema (396.330 sobre 488.490). El 65% de las prestaciones en curso (unos 3,5 millones) tuvo planes de regularización.

Rofman plantea que los diferentes gobiernos fueron tratando de resolver con diferentes estrategias el problema de la protección social para los que están fuera del sistema, aunque señala que así se puso en juego la sostenibilidad a mediano plazo. “No es con moratorias cómo se resuelve este asunto; se requiere de un ordenamiento muy de fondo. El sistema previsional es caro y gasta mucho más de lo que debería, porque está lleno de excepciones y reglas sin lógicas”.

En lo que hace a salud, el informe sobre “Condiciones de vida de la población” que publica semestralmente el Indec indica que entre el segundo semestre de 2016 y el mismo período de 2023 creció 2,3 puntos porcentuales la cantidad de argentinos que solo tiene cobertura del sistema estatal.

Hay varias aristas a corregir para luchar contra la informalidad laboral, Giordano señala que en la Argentina –como en algunos otros países de Latinoamérica– las “rigurosas regulaciones laborales” también juegan un papel crucial en explicar los altos niveles de no registración. El diagnóstico de Idesa es que entre las principales limitaciones a la creación de empleos de calidad se cuentan los “altos costos laborales no salariales que desincentivan” la contratación formal.

A estos se les suman las escalas salariales y algunas condiciones impuestas por los convenios colectivos sectoriales, que se aplican de manera uniforme a una amplia gama de empresas, sin tener en cuenta las diferencias de tamaño y capacidad de los empleadores y sus lugares de radicación.

El tercer factor que apunta Girdano es la “incertidumbre por los desproporcionados gastos al finalizar una relación laboral, dado que la indemnización por despido se ve incrementada por una serie de multas ‘privatizadas’, ya que en lugar de ser dirigidas al Estado, se destinan al trabajador y a los honorarios de abogados”. Ese punto quedará resuelto si la ley Bases sale aprobada del Senado sin cambios respecto a la media sanción de Diputados.

La educación, clave

Ghidini y Rofman suman la necesidad inevitable de mejorar la educación. El primero indica que, por ejemplo, en Buenos Aires la mitad de los ingresantes no termina el secundario, lo que genera una propensión a la informalidad. Añade también la existencia de una desconexión entre la oferta y la demanda. Es decir, “los que pueden estudiar no tienen tan claro qué es lo que pide el mercado. No es esa la principal razón de la informalidad pero influye. Hay que trabajar y articular esos ejes a mediano y largo plazo”.

Los sindicatos también se ven perjudicados por la informalidad creciente; pierden afiliados a medida que hay menos trabajo registrado y, por lo tanto, poder. En cambio, ganaron peso en la última década las organizaciones sociales que aglutinan a los desempleados y a los trabajadores informales.

El sociólogo Marcos Novaro aporta una lectura política del fenómeno: “A este sector social, el de los informales, el programa peronista-kirchnerista le falló; le prometían inclusión, que llegó en los primeros años pero después se cortó. Le prometían reparaciones y compensaciones cuando ya no había nada para ofrecer. Lo que hicieron fue administrar la precariedad”.

Novaro ironiza respecto a algunos referentes sociales que sostienen que el trabajo formal “va a desaparecer” (por lo que habría que interpretar que la Argentina está a la vanguardia). En ese contexto, señala, “se entiende” que ese segmento de la población “esté ganado” por el presidente Javier Milei. “Es una enorme masa de gente que vive en la frontera”, observa.

Para Novaro, a esta altura la expectativa de ese grupo está muy acotada. “Es cada vez más pobre, más básica”, dice. “Macri les prometía a los padres empobrecidos que sus hijos saldrían adelante, irían a la universidad. Hoy se espera que algún día puedan pagar un alquiler”.

Milei, por su parte, dice que no hay que pedirle nada al Estado; en su mirada, se trata de que deje de obstaculizar. Hay que ver hasta dónde logra su cometido en este punto la ley Bases, que ha resignado algunos puntos relevantes del capítulo laboral en su odisea legislativa.