Publicada en marzo de 2023

En sociología, el concepto de anomia se asocia a la ausencia permanente de las normas y al incumplimiento de acuerdos. Es una buena descripción de la situación del sector energético en los últimos años. El estado de emergencia permanente en que se encuentra el sector se traduce en efectos concretos: la injustificable intervención sine die de los entes reguladores, el desconocimiento de contratos y el congelamiento tarifario son los más relevantes.  

Congelar tarifas y precios de la energía en un contexto de inflación alta como el actual disparó la cuenta de subsidios a la energía que pasaron de USD 4.700 millones en diciembre de 2019 a USD 12.500 en diciembre 2022, según datos del Presupuesto Abierto. Pero este número esconde deudas en la cadena de pagos que suman por lo menos USD 2.000 millones y esto pone piso a los subsidios del 2023 en el entorno de los USD 14.500 millones.  

Un problema sectorial como las tarifas energéticas se transformó en un problema macroeconómico de primer orden. Según datos del Presupuesto Abierto, los subsidios de últimos tres años explicaron el 80% del déficit primario de la Administración Pública Nacional y se encuentran en el corazón del ajuste fiscal del 2023. Sólo la reducción prevista en las transferencias a CAMMESA (-0,4% del PBI) explica el 80% de la reducción del déficit primario de este año.  

Sin acuerdo dentro de la coalición de gobierno sobre la forma de enfrentar este problema, pero ante la necesidad de contener los subsidios en el marco del acuerdo con el FMI, se llega a la implementación de la segmentación de los subsidios que intenta identificar y clasificar la totalidad de los hogares del país en tres categorías. Se trata de un mecanismo inédito que no responde a la experiencia internacional y que, lamentablemente, en lugar de concentrar el esfuerzo en focalizar la ayuda en las familias vulnerables vía una tarifa social bien diseñada, se empecina en intentar identificar a las familias “de altos ingresos” o “clases medias”.  

El éxito de la segmentación depende en última instancia de la confección del padrón de usuarios, que, al día de la fecha y según han reconocido las personas en la función pública a cargo, presenta problemas de inclusión y exclusión y, por lo tanto, no se pudo avanzar en la implementación de los aumentos de tarifas previstos.  

Según el esquema original, en febrero el “Nivel 1” (estrato de familias con ingresos altos) debería estar pagando el costo pleno de la energía, sin embargo, la última programación estacional de CAMMESA nos informa que sólo pagan el 46% del costo de la energía que consumen y que las familias del “Nivel 3” (con ingresos medios) pagan el 21%. Es decir, el camino por recorrer por la segmentación es largo y muy difícil, más aún en el marco de un calendario electoral apretado.   

Uno de los subproductos de la segmentación será una dispersión notoria de precios a largo los del país, que ampliará aún más las diferencias que hoy existen en las tarifas de las distintas jurisdicciones provinciales y municipales. Resulta necesario entonces pensar en mecanismos que armonicen las tarifas a nivel nacional, que reduzcan asimetrías, a partir de un fondo de compensación tarifaria, que, si bien ya existe en los marcos regulatorios vigentes, debe ser puesto en vigencia.  

Desde CIPPEC estamos realizando un estudio sobre la focalización de los subsidios relevando la experiencia y las buenas prácticas internacionales en la identificación de beneficiarios, y sobre la conveniencia de aplicar una tarifa social federal como instrumento.  

Los subsidios son un importante clave de política pública. Existen numerosos ejemplos exitosos a nivel regional e internacional de focalización e instrumentación de tarifa social, pero lo que no existen son ejemplos exitosos de subsidios generalizados que, como ocurre en nuestro país, chocan inexorablemente contra la restricción fiscal.  

Una tarifa social bien aplicada permitiría reducir sustancialmente la mochila fiscal de los subsidios, sin afectar a la población vulnerable. Al mismo tiempo, armonizar las tarifas a nivel nacional reducirá asimetrías y ayudará a la aceptación social de cualquier política tarifaria.