La semana mundial del parto respetado es una iniciativa que nació en 2004, desde la Asociación Francesa por el Parto Respetado, y es llevada adelante en América Latina a través de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y el Nacimiento. En septiembre de ese año, Argentina dictó la Ley N° 25.929 de parto humanizado, que contempla los derechos de madres, padres y sus hijos al momento de parir. Luego de 11 años, a través del decreto 2035/15 la Ley fue reglamentada. Sin embargo, restan grandes desafíos para hacer efectivo su cumplimiento.
En los últimos años, se evidenció un proceso de visibilización y problematización del complejo problema de la violencia hacia la mujer, ubicándola en el centro del debate público. Argentina avanzó en este sentido, especialmente a través de la sanción de normativas legales que buscan garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. En particular, la Ley 26.485, sancionada en 2009, define qué se entiende por violencia contra la mujer y cuáles son los distintos tipos de violencia que existen. Entre ellas, se incluye la violencia obstétrica, entendida como la ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, como el parto.
En este marco, la Ley de Parto Humanizado establece el derecho de las mujeres a vivir un proceso de parto que respete sus deseos y necesidades, sus tiempos biológicos y psicológicos, sin intervenciones invasivas. Define que deben ser informadas durante todo el proceso y tienen derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza y elección. Todas las mujeres tienen derecho a elegir cómo parir. Además, la normativa establece los derechos de los recién nacidos a ser tratados con respeto, a permanecer con su madre en la sala y a que sus padres reciban asesoramiento sobre su cuidado y sobre la importancia de la lactancia materna.
Sin embargo, la reglamentación de la norma no garantiza, por sí sola, su efectivo ejercicio. Si bien todos los profesionales y centros de atención a la salud están obligados a cumplir con lo establecido por normativa, la falta de capacitación, controles e información dificulta su efectivo cumplimiento.
Por ello, es necesario avanzar con políticas públicas que, en esta materia, permitan:
- a) Difundir los derechos establecidos en la ley entre la población y entre los profesionales de la salud;
- b) Supervisar el efectivo cumplimiento de la normativa;
- c) Transformar las prácticas en materia de parto institucionalizado para que se adecuen a los principios de la ley.
Un avance en este sentido puede verse en la implementación del modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia (promovido por UNICEF), que ya se encuentra establecido en 102 hospitales públicos de 10 provincias argentinas, alcanzando muy buenos resultados.
La falta de difusión a nivel nacional de este modelo, lleva a muchas mujeres y sus familias a la disyuntiva entre buscar proactivamente un lugar donde parir que respete sus derechos, o verlos vulnerados.
Es por esto que desde CIPPEC proponemos crear una estrategia de atención integral al parto y al recién nacido que, entre otras medidas:
Extienda el modelo de Maternidades Seguras a todas las maternidades del país.
Fortalezca las capacitaciones a los profesionales de salud.
Incluya en la normativa el derecho al contacto piel a piel precoz y la lactancia materna en la primera hora de vida, siempre que el recién nacido no requiera cuidados especiales y que la mujer así lo elija.
Para lograr su cumplimiento, es indispensable que esta estrategia esté acompañada por campañas de comunicación masiva, que pongan el foco en la prevención de la violencia obstétrica y que difundan los derechos establecidos en la Ley de Parto Respetado, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, así como mensajes clave sobre lactancia materna y crianza.
