Esta semana tuvo lugar en Nueva York la Cumbre de Acción Climática de la ONU con el objetivo de canalizar los esfuerzos globales en la lucha contra el cambio climático. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, llamó a los líderes mundiales a presentar planes que mejoren las contribuciones nacionales para 2020 y cumplir así con los objetivos del Acuerdo de París de 2015: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para 2030 y lograr la llamada carbono neutralidad (cero emisiones netas de dióxido de carbono) para 2050.
La cumbre de este año se desarrolló en un contexto ya sensibilizado con la temática. Por un lado, continúan latentes incendios forestales en Sudamérica. Paralelamente, se desarrollaron manifestaciones multitudinarias encabezada por jóvenes en las principales ciudades del mundo, alrededor de consignas como #ViernesPorElFuturo, en reclamo por la preservación del medio ambiente.
Este evento es la última oportunidad que tienen los países de perfeccionar sus iniciativas antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) de Chile, que se desarrollará del 2 al 13 de diciembre. Tras la COP25, cada nación deberá implementar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.
Como sostenemos en el documento “Delivering National Climate Action Through Decarbonized Cities”, para que estas propuestas tengan éxito las ciudades deben ser incluidas dentro de las estrategias climáticas. Es en los aglomerados urbanos donde se originan las principales causas del calentamiento global, donde se manifiesta su impacto y donde se toman las decisiones últimas para combatirlo. En este sentido, las acciones locales tienen un potencial transformador inconmensurable sobre el fenómeno global.
Las áreas urbanas producen el 80% del PBI mundial, explican casi dos tercios del consumo mundial de energía, y son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según la ONU, la mitad de la población mundial habita en las ciudades y se espera que esa cifra llegue a dos tercios para 2050.
Si bien es crucial que los estados comanden y establezcan las directrices para las agendas ambientales nacionales, las acciones solo serán eficaces si se involucra a todos los niveles de gobierno, tanto regionales como locales, en la discusión y el armado de las estrategias climáticas.
Estas acciones tienen que darse en paralelo con el desarrollo de ciudades resilientes, es decir, capaces de adaptarse a los desastres que produce el cambio climático. Según el Índice de Vulnerabilidad Social Frente a Desastres (IVSD), creado por CIPPEC para los municipios del Aglomerado Gran Buenos Aires, el 30% de la población más vulnerable frente a fenómenos naturales vive en tan solo el 8,3% del territorio. Además, la mayoría de los municipios del Gran Buenos Aires exhibe una vulnerabilidad alta o media frente a los desastres. Por ello, es importante empoderar a las ciudades y brindarles recursos financieros y fiscales que les permitan construir mayores capacidades.
Además, la urbanización no planificada nos lleva a un mal uso de los recursos naturales. Entre 2006 y 2016, los grandes aglomerados argentinos se expandieron en una superficie equivalente a 4,2 veces la de la ciudad de Buenos Aires. De este modo, se consumió innecesariamente gran cantidad de suelo productivo y espacio urbano proveedor de importantes servicios ecosistémicos.
Por estos motivos, creemos que es necesario “volver a hacer ciudad”. Solo a través de una planificación metropolitana, que involucre y coordine a todos los actores participantes (el gobierno nacional, los de las provincias y los municipios) en el manejo de la política ambiental, se podrán crear ciudades seguras, inclusivas y resilientes, en línea con los preceptos de la Nueva Agenda Urbana, que sean capaces de avanzar hacia formas más sustentables y sostenibles de crecimiento, y así reducir las emisiones contaminantes que afectan al planeta.
