Entre 2005 y 2016 las transferencias discrecionales han caído en términos del PBI; del total de recursos tributarios nacionales; y del total de recursos provinciales, según revela el documento de CIPPEC “Relación fiscal entre el gobierno nacional y las provincias: la película”, que analiza cómo han evolucionado las transferencias nacionales remitidas al conjunto de las provincias durante los últimos doce años.
En términos del tamaño de la economía
Las transferencias totales de la Nación a las provincias, entre 2005 y 2016, aumentaron de 7,7% a 8,7% en relación con el PBI. Las de carácter automático -coparticipación, leyes especiales y Fondo Federal Solidario (FFS)- treparon de 5,9% a 7,2%, mientras que las no automáticas cayeron de 1,8% a 1,5%.
En términos de la caja nacional
Sin embargo, la participación de las transferencias totales de la Nación a las provincias en el total de los recursos tributarios nacionales se contrajo de 37,7% a 33,9% entre 2005 y 2016. Si se excluye el efecto del blanqueo, esa participación se incrementa a 35,8% en 2016. Las transferencias automáticas, incluyendo las del Fondo Federal Solidario (FFS), pasaron de 28,9% a 28,2%. Por su parte, las discrecionales cayeron de 8,8% a 5,7% en igual período.
En términos de las cajas de las provincias
Con relación al total de recursos provinciales, las transferencias totales de la Nación a las provincias equivalían a 57,6% en 2005, contrayéndose a 50,8% en 2016 (una caída de 6,8 puntos porcentuales). Las transferencias por coparticipación redujeron su participación de 44,2% a 40,8%, mientras que las transferencias discrecionales cayeron de 13,4% a 8,5%. Por su parte, la incidencia del Fondo Federal Solidario, creado en 2009, osciló entre 1,5% y 3% de los recursos totales provinciales en sus siete años de existencia.
“Entre 2005 y 2012 se observa un proceso de concentración de recursos fiscales en manos del gobierno nacional. Este proceso acontece en paralelo a una mayor discrecionalidad en la distribución de los fondos nacionales, exacerbando las inequidades generadas históricamente por la falta de correspondencia entre recursos centralizados y gastos descentralizados. A partir de 2013 se advierte una mínima recuperación de la participación de transferencias automáticas a provincias en el total de los recursos nacionales, que no alcanza para revertir el proceso”, describe Walter Agosto, investigador principal del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC y autor del informe. “Si bien la decisión de la CSJN y los acuerdos ulteriores entre la Nación y las provincias constituyeron un avance al restituir a los gobiernos subnacionales fondos de distribución automática, la cuestión de fondo no ha sido resuelta”, considera.
El Fondo del Conurbano
El Fondo del Conurbano Bonaerense viene exhibiendo una reducción sistemática: fue el 9,6% del impuesto a las ganancias en 1996 y, de no modificarse el tope, sería sólo 0,1% el año próximo. En caso de eliminarse el tope actual, la provincia de Buenos Aires recuperaría $64.226 millones a costa del resto de las jurisdicciones, lo que torna al problema de difícil resolución. Si bien el Estado nacional no puede aportar los fondos por su situación de desequilibrio fiscal, una forma de contribuir sería que las transferencias discrecionales que anualmente realiza a la provincia de Buenos Aires se institucionalizaran y distribuyeran automáticamente. Aunque no serían recursos adicionales, garantizaría a la provincia recursos actualmente inciertos.
Hacia un mayor federalismo fiscal
“Complementando una mayor institucionalización del régimen de transferencias y menor discrecionalidad, es necesario un mayor grado de correspondencia fiscal con mayores potestades tributarias para los gobiernos provinciales”, enfatiza Walter Agosto, investigador principal del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC. “No obstante, cualquier iniciativa de esta naturaleza debería ser gradual y en simultáneo con un proceso de fortalecimiento de las capacidades tributarias locales”, agrega.
La política fiscal del Gobierno nacional y de las provincias deberán cumplir en 2018 las reglas fiscales que, en materia de gasto, deuda, empleo público y transparencia, establece el proyecto de nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, ninguna de estas medidas implica una reforma integral del régimen de coparticipación, la gran asignatura pendiente.
