Los impactos sociales y económicos de la pandemia de COVID-19 profundizaron la situación de vulnerabilidad social. Las cifras recientemente publicadas por el INDEC lo confirman: la pobreza en el primer semestre de 2020 aumentó 5,5 puntos porcentuales respecto al mismo semestre del año anterior, alcanzando a un de 40,9% de la población. Esto significa que 2,5 millones de personas más no logran acceder a una canasta básica de bienes y servicios. De ellos, 560.000 son niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, cuya situación se vuelve aún más crítica. El 56,3% niños/as vive en hogares con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica. La pandemia no afectó a todos en el territorio por igual: los 24 partidos del conurbano bonaerense y las regiones patagónicas y pampeana fueron las más afectadas. Además, se profundizó la brecha de pobreza: la distancia entre el ingreso medio de los hogares en condición de pobreza ($25.759) y su canasta básica total ($43.785) se amplió a 41,2%, indicando no solo un incremento en la proporción de personas bajo la línea de pobreza, sino también un claro deterioro en sus condiciones de vida. Por su parte, el incremento de la población viviendo en condiciones de pobreza extrema fue menor: en el primer semestre de 2020 alcanzó al 10,5% de la población, 2,8 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. El menor incremento de la tasa de indigencia respecto de la población de pobreza probablemente pueda explicarse por un efecto positivo dentro del grupo más vulnerable de las políticas de sostenimiento de ingresos llevadas a cabo por el gobierno nacional (principalmente el IFE, pero también los incrementos extraordinarios de la AUH, tarjeta alimentar y jubilaciones y pensiones). A pesar del menor incremento de la población viviendo en situación de indigencia, su brecha respecto de la canasta básica de alimentos también se incrementó: en promedio a estos hogares, les faltan alrededor de $7.000 pesos al mes para cubrir su canasta básica, significando un incremento de la brecha de 36,9% a 41,6% en el último año.
El incremento en los números de pobreza se explica por dos factores principales: por un lado, una pérdida de poder adquisitivo por los congelamientos (o reducciones) salariales durante los meses más estrictos del ASPO y por el otro, por una pérdida absoluta de ingresos laborales derivada de la pérdida de puestos de trabajo. Los datos del segundo trimestre de 2020 ilustran una cruda realidad: casi cuatro millones de personas perdieron el empleo, al menos temporalmente, y una gran mayoría pasó a la inactividad. La pérdida de empleo se compone principalmente por una merma de los trabajos por cuenta propia y asalariados informales, y dentro del grupo de trabajadores de la construcción, comercio, hoteles y gastronomía y trabajo doméstico.
La población más afectada por la crisis: Vulnerabilidades estructurales y nuevos desafíos
El contexto desencadenado la pandemia de COVID-19 tiene consecuencias negativas para toda la población, pero afecta principalmente a aquellos hogares que ya se encontraban en situación de pobreza y aquellos cuyos ingresos estaban apenas por encima de la línea de pobreza. Conocer el perfil de estos hogares antes de la irrupción de la pandemia es relevante a la hora de estudiar los impactos de la crisis.
Una proporción importante de los hogares más vulnerables se componen por parejas, hogares monomarentales y/o familias extendidas con hijos/as. De hecho, estos tipos de estructura familiar conforman al 86% de los hogares en el quintil más bajo mientras que sólo representan al 33% de los hogares en el quintil más alto.
Gráfico 1. Composición de las familias. Total de aglomerados urbanos. 4to trimestre de 2019.
Fuente: Díaz Langou, Caro Sachetti, Florito y Karczmarczyk.(2020).
Con la irrupción de COVID–19, la limitación de la vida cotidiana a la esfera doméstica, sumado a la suspensión de las clases presenciales, el cierre de todos los espacios de crianza, enseñanza y cuidado y la necesidad de atender a las personas mayores obligó a las familias resolver una carga de cuidado duplicada. Esta carga afecta especialmente a las familias de bajos ingresos por la tenencia de niñas/os pero también porque sus configuraciones presentan una menor posibilidad de resolver estas tensiones (por ejemplo, los hogares monomarentales). Dado que las responsabilidades de cuidado recaen de forma casi exclusiva sobre las mujeres, este incremento amenaza con exacerbar las desigualdades de género.
Las personas en situación de pobreza viven en condiciones habitacionales precarias: cerca del 12% de las vive en hacinamiento, el 47% no tiene cloacas y el 15,3% no tiene acceso a agua corriente. Además, tienen un menor acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), que se revelaron cruciales para sostener el tejido social durante la pandemia. Los datos del 4to trimestre de 2019 muestran que solo 32% y 70% de los hogares de menores ingresos tenían computadora y acceso a internet, respectivamente, mientras que en los sectores de mayores ingresos dichos guarismos ascendían a 80% y 92% (Gráfico 2).
Gráfico 2. Acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones por quintil de ingreso per cápita familiar. Total de aglomerados urbanos. 4to trimestre de 2019.
Fuente: elaboración propia en base la EPH (INDEC).
Nota: los resultados no incluyen al aglomerado de Gran Resistencia.
Estas desigualdades espaciales y habitacionales repercuten en otros ámbitos como el educativo. El cese de la asistencia presencial a las escuelas implica disparidades en las experiencias de educación remota entre los alumnos que se relacionan con los recursos de las familias en sus hogares, incluyendo el acceso a TIC (Ministerio de Educación, 2020). De este modo, se incrementa la probabilidad de que se exacerben las desigualdades preexistentes en educación. En línea con esta observación, y dado el empobrecimiento generalizado de las familias, se corre el riesgo de que aumente el abandono escolar de los niños/as y adolescentes, particularmente en los hogares más vulnerables.
Antes de la irrupción de esta crisis, la mayoría de las personas adultas en situación de pobreza trabajaba. Sin embargo, accedían principalmente a trabajos en condiciones precarias por cuenta propia y/o como asalariados informales. Solo un cuarto de quienes estaban en situación de pobreza y trabajaban eran asalariados/as formales frente a más de la mitad del resto de trabajadores. De esta forma, por su inserción laboral precaria, estos hogares tienen una mayor exposición a la crisis, careciendo del acceso a la protección social contributiva y al aseguramiento en salud (obra social o prepaga) que puede resultar clave en contextos de emergencia sanitaria.
Para comprender los impactos de esta crisis en el trabajo, es menester tener en cuenta las actividades exceptuadas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y el potencial diferencial de la continuidad laboral mediante el teletrabajo. En los primeros meses del ASPO, la mayoría de las actividades exceptuadas estuvieron ligadas principalmente a ocupaciones que realizan los/as trabajadores/as de los deciles de ingresos más altos. Además, la proporción de trabajadores/as en los hogares del decil más bajo que tienen un empleo que se puede realizar por teletrabajo es muy baja (3%).
En este contexto, también es relevante considerar que la caída de la actividad por sector no fue uniforme. Entre abril 2019 y abril 2020 los sectores de la construcción, de hoteles y restaurantes y de los servicios comunitarios, sociales y personales mostraron caídas de magnitud en su actividad con cifras de -86,4%, -85,6% y –72,1%, respectivamente, superando ampliamente a la caída promedio de todos los sectores que fue de -26,4% (INDEC, 2020). Los sectores de la construcción y el trabajo doméstico, que empleaban alrededor de un tercio de los trabajadores en situación de pobreza previo al impacto por COVID-19, presentaron las caídas de tasa de empleo más intensas en el segundo trimestre de este año (INDEC, 2020).
Finalmente, la crisis sanitaria que posiciona a las personas mayores en situación de mayor riesgo frente a los efectos adversos en la salud por COVID-19, permitió la emergencia de debates y reflexiones sobre las condiciones de este grupo etario. Quedó en evidencia la necesidad de reconfigurar las miradas hacia las personas mayores que, muchas veces, se han mostrado anacrónicas y reduccionistas (Kessler y Benza, 2020). Reconstruir el abordaje de estas cuestiones será de creciente importancia frente a los desafíos demográficos asociados al proyectado envejecimiento poblacional en el país (Kessler y Benza, 2020).
En síntesis, la crisis que acompaña la pandemia de Covid-19 afectó sin duda a toda la sociedad, pero impactó más fuertemente en los hogares que ya se encontraban en la pobreza y/o percibían ingresos bajos-medios así como en algunos sectores particularmente afectados (como la construcción, hoteles y restaurantes y el trabajo doméstico). Los hogares en situación de pobreza tienen principalmente composiciones familiares de parejas, hogares monomarentales y/o familias extendidas con niños/as que agudizan los desafíos frente a la crisis por COVID-19. Por lo general, su inserción laboral es en trabajos por cuenta propia y asalariados informales, con condiciones precarias y menor protección frente a la crisis, y además experimentan mayores carencias educacionales y habitacionales.
¿Qué se está haciendo? Políticas públicas implementadas para mitigar los efectos de la crisis
En el primer semestre de 2020 el gobierno llevó a cabo una serie de acciones para mitigar los efectos de la crisis en los hogares. Las políticas de transferencias monetarias fueron parte de las principales medidas adoptadas. Apoyándose en las fortalezas del sistema de protección social, se pudo reaccionar rápidamente transfiriendo ingresos a las familias más vulnerables con niños/as y adolescentes, a titulares de programas sociales y a personas mayores. Además, se formularon nuevas políticas de transferencias, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), expandiendo la cobertura de protección social y alcanzando a grupos más amplios.
Estas políticas de transferencias fueron complementadas por otras acciones que también impactan en los ingresos y el acceso a bienes y servicios de los hogares. Particularmente, se destacan la provisión de alimentos en comedores escolares y comunitarios, y la entrega de medicamentos a personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Para facilitar el acceso a la educación de forma remota, medidas que fueron particularmente importantes para los hogares en situación mayor vulnerabilidad incluyeron a la diversificación de los medios de acceso a la educación más allá de la modalidad online, por ejemplo, mediante la entrega de cuadernillos impresos, y la provisión de insumos para el acceso a la educación remota a través de la entrega de 135.000 netbooks y tablets a provincias del norte y a municipios del conurbano bonaerense. Una evaluación nacional llevada a cabo por el Ministerio de Educación de la Nación para estudiar la respuesta del sistema educativo en el marco del ASPO muestra que el 95% de los hogares recibió propuestas pedagógicas. Sin embargo, el 10% de los/as estudiantes tuvo contacto con la escuela solo dos/tres veces por mes o no tuvo contacto (Ministerio de Educación, 2020).
Finalmente, el Estado también anunció programas para el mejoramiento de la infraestructura y el acceso al hábitat y llevó a cabo medidas preventivas sanitarias tomando en cuenta a los desafíos y las características locales en las distintas zonas geográficas del país. Se destaca el programa “El Barrio cuida al Barrio” una iniciativa de trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones de la sociedad civil y las Iglesias con presencia territorial en los barrios populares. Dados los contextos de alta vulnerabilidad social, déficits de infraestructura y acceso a servicios esenciales que se perciben en los barrios populares, esta iniciativa considera que la unidad de aislamiento social no debe circunscribirse a cada una de las viviendas de las personas, sino al barrio. Mediante el programa se llevó adelante un conjunto de acciones orientadas a fortalecer las redes de cuidado comunitarias preexistentes para extender las medidas de prevención de propagación del virus.
Gráfico 3. Desafíos exacerbados por la crisis del COVID-19 y respuestas de políticas de emergencia.
Fuente: elaboración propia.
Hacia una estrategia integral para la reducción de la pobreza
Las políticas por la emergencia fueron centrales para enfrentar la degradación en las condiciones de vida de la ciudadanía. Sin estas medidas las condiciones sociales y los niveles de pobreza hubiesen sido aún más alarmantes. Sin embargo, las medidas no son suficientes para contrarrestar los efectos negativos por la crisis. El pequeño margen fiscal y las limitaciones estructurales para potenciar el crecimiento sumados a la caída de la actividad global conforman desafíos que agudizan la emergencia social. Los interrogantes sobre cómo proceder en este contexto son varios, sobre todo en vistas de lograr una recuperación social y económica que priorice la inclusión social y la disminución de la desigualdad.
Existen consensos acerca de la necesidad de estrategias multidimensionales para hacer frente a los impactos sociales de una crisis como la que actualmente enfrenta Argentina. La pobreza abarca vulneraciones en varias dimensiones incluyendo déficits de acceso al cuidado, a la educación, a la salud, a un hábitat de calidad y a empleos con buenas condiciones. Reducir la pobreza requiere de una estrategia multisectorial y coordinada que se sostenga en el tiempo.
En el corto plazo, determinadas políticas de transferencias monetarias sin dudas sostendrán un papel central dada su probada capacidad de amortiguar el efecto de la caída de los ingresos en los hogares más pobres. En un contexto donde casi seis de cada diez niñas/os viven en hogares bajo la línea de pobreza, un eje estratégico apunta a fortalecer las transferencias a los hogares con niños/as y adolescentes, hasta tender a un ingreso universal para la infancia. Además, será imprescindible avanzar en la transición de las políticas de ingresos por la emergencia hacia un esquema que dialogue con la paulatina recuperación de la actividad y las condiciones fiscales y, al mismo tiempo, permita asegurar pisos de protección social. En esto entra la discusión sobre nuevas propuestas como, por ejemplo, las políticas de ingreso mínimo garantizado o ingreso básico. La estrategia para hacer frente a los impactos sociales de la crisis deberá también considerar a políticas en otras dimensiones. Esto implica avanzar en acciones clave para desactivar la reproducción intergeneracional de la pobreza incluyendo políticas para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la ampliación de la cobertura de los espacios de crianza, enseñanza y cuidado para los/as niños/as, la permanencia y finalización escolar de los/as adolescentes y el acceso y mejoramiento al hábitat. Además, dada la centralidad del acceso a empleos de calidad para salir de la pobreza, será fundamental potenciar el impacto de las políticas de empleo y de la economía social y popular. Finalmente, será clave establecer niveles mínimos de inversión en estas políticas con un financiamiento que se dé a través de un sistema de recaudación lo más progresivo posible.
