Que las empresas públicas cumplan estándares es necesario para entrar a la OCDE pero también para rendir cuentas a la ciudadanía

Las empresas con participación estatal mayoritaria (las llamadas empresas públicas) poseen un alto nivel de participación en sectores clave para la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo como la provisión de energía, agua potable, transporte y telecomunicaciones. Es por esto que, como parte del proceso de solicitud formal de ingreso de la Argentina a la OCDE como miembro pleno, este organismo llevó a cabo una revisión del marco de gobierno corporativo de las empresas públicas del Estado nacional. Este marco está referido al conjunto de normas y mecanismos vinculados al rol del Estado como propietario, las relaciones con las partes interesadas, la divulgación y transparencia y las responsabilidades del directorio, entre otros temas. Para esto, los principios de gobierno corporativo y las directrices para el gobierno corporativo de las empresas públicas de la OCDE constituyen una referencia primaria a nivel mundial. Chile y Colombia, para ingresar a la OCDE, tuvieron que reformar los marcos de gobierno corporativo para empresas públicas.

El programa de Gestión Pública de CIPPEC viene trabajando sobre la gobernanza de las empresas públicas, con publicaciones como “Empresas públicas, gobernanza y desarrollo: el rol de los directorios” y mesas de trabajo con referentes del sector. Por eso, el equipo de la OCDE consultó a CIPPEC e incluyó algunos de sus datos y recomendaciones de reforma en el reporte “OECD Review of Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Argentina”.

Los principales aspectos críticos de una agenda de reformas de las empresas públicas en la Argentina son:

Sobre el funcionamiento de los directorios

Los directorios son clave para afrontar problemas de gobernanza porque se encargan de la orientación estratégica y supervisión de la gestión. CIPPEC analizó los directorios de las principales empresas públicas de infraestructura, que representan más de un 70% de las transferencias que realiza el Estado a sus empresas.

Las principales recomendaciones son:

Fortalecer la independencia de los directorios en relación con el Estado. Incorporar una proporción de directores externos independientes, que contribuyan a balancear las áreas de conocimiento dentro del directorio y supervisar la gestión en forma objetiva.
Establecer lineamientos comunes para la elección y designación de directores en todas las empresas. Se deberían definir criterios y competencias para los candidatos, introducir una instancia de valoración técnica, nombrar y remover directores de forma escalonada para asegurar la continuidad de políticas y la memoria institucional y crear una autoridad que supervise y transparente el proceso de designación.
Separar el cargo de presidente del directorio del de gerente general. Así el presidente tiene más capacidad para supervisar la gestión en forma objetiva e independiente, disminuye el riesgo de que el directorio sea capturado por los intereses de la burocracia de la propia corporación y la toma de distancia de la órbita de los ministerios.
Fortalecer los procesos de revelación y tratamiento de potenciales conflictos de intereses. Los directores deben informar acerca de los conflictos de interés previsibles al momento de su ingreso y también en cada decisión de envergadura. El mecanismo de revelación, su periodicidad o eventualidad, tratamiento y sanciones deben quedar establecidos en el estatuto.
Incrementar la cantidad de mujeres en puestos directivos. Por ejemplo, con cuotas supervisadas y criterios de igualdad de género en la selección y nominación de los directores.
Aumentar la participación de los directorios en el desarrollo de la estrategia y la gestión de riesgos, y evaluar su desempeño. Establecer las responsabilidades y funciones del directorio de manera transversal a todas las empresas; poner en práctica mecanismos de evaluación del funcionamiento del directorio; reforzar el rol de los directorios en la elaboración de planes estratégicos y en la evaluación y gestión de riesgos.

Sobre la propiedad y gobernanza

La implementación de reformas de gobierno corporativo requiere debe contemplar el marco político-institucional en el cual se desempeñan las empresas públicas, es decir, los incentivos de los actores involucrados y los mecanismos de control, supervisión y coordinación.

Fortalecer institucionalmente la unidad de coordinación de las empresas públicas dentro de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas de Jefatura de Gabinete de Ministros (Decreto 886/2016) para que disponga de una arquitectura organizacional acorde a sus funciones.
Fortalecer el papel y la capacidad del Congreso para controlar el funcionamiento y desempeño de las empresas públicas a través de las comisiones parlamentarias bicamerales con funciones específicas, como la Comisión Mixta Revisora de Cuentas o la Comisión de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
Promover una mayor autonomía de los organismos descentralizados que regulan las actividades de las empresas públicas (ENRE, ENARGAS, ANAC, entre otras) y que están en la órbita de los ministerios propietarios de estas empresas.

Sobre la transparencia de información

Las empresas públicas administran recursos públicos y por eso, deben rendir cuentas a la ciudadanía. Además, el acceso a la información es un medio para mejorar el desempeño y contribuir a la prevención de la corrupción.

La investigación “Transparencia en las empresas públicas: de lo deseable a lo posible” llevada a cabo por CIPPEC al entrar en vigencia la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública (septiembre de 2017) dio cuenta de los bajos niveles de transparencia activa de las empresas públicas. Como la ley no especifica los ítems que deben ser publicados, recomendamos, siguiendo el ejemplo de otros países de la región, generar normas complementarias que las obliguen a publicar ítems como las metas estratégicas y objetivos de gestión, los estados de resultados, el balance general y el flujo de caja proyectado, los proyectos de inversión y los informes de gestión. También es aconsejable crear mecanismos de control y sanciones, y espacios para intercambiar buenas prácticas entre las empresas.

En síntesis, la institucionalización de estándares de gobierno corporativo compatibles con el ingreso de la Argentina a la OCDE no se limita a crear marcos normativos, sino que se extiende a su implementación efectiva. Tampoco se circunscribe al interior de las empresas públicas, sino que requiere marcos adecuados de actuación y capacidades en todos los organismos públicos vinculados a su direccionamiento, supervisión y control.