Publicado en marzo del 2021

La crisis que se profundizó con la pandemia se refleja en un claro aumento de la pobreza. Para poder discutir qué se puede hacer para enfrentarla en 2021 es necesario, primero, entender mejor en qué magnitud, cómo y por qué aumentó.  

¿En qué magnitud aumentó la pobreza? ¿A quiénes afectó más? 

El incremento es evidente: en el segundo semestre de 2020 la pobreza alcanzó al 42% de la población, 6,5 pp más con respecto al mismo semestre del año anterior. Es decir que alrededor de 19 millones de personas en el país no tuvieron ingresos suficientes para cubrir una canasta de bienes y servicios básicos.  

Más alarmante aún: casi 6 de cada 10 niños/as se encontró en la pobreza (Gráfico 1). De esta forma, la pobreza infantil también se profundizó: el 52,3% de las personas de menos de 15 años de edad se encontraba en situación de pobreza al segundo semestre de 2019, mientras que en el mismo semestre de 2020 esta cifra fue de 57,7%.  

Además, según los datos del INDEC, la brecha entre el ingreso medio de los hogares en condición de pobreza ($29.567) y su canasta básica total ($50.854) se amplió a 41,9%. Es decir que no solo hay más personas en la pobreza en el segundo semestre de 2020, sino que también la situación de quienes se encuentran en la pobreza empeoró.  

Estos datos que publicó el INDEC ilustran muy claramente cómo la crisis actual, además de aumentar la pobreza, está profundizando las desigualdades. 

Tasa de pobreza por grupos de edad. Total de aglomerados urbanos

 Fuente: elaboración en base a EPH-INDEC. 

¿Cómo se explica el aumento en la pobreza de 2020? 

Primero, un poco de contexto: en Argentina la pobreza venía en aumento desde 2018. Al segundo semestre de 2020 se observa un incremento significativo de 6,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. La recesión global, sumada al cese de actividades por medidas de prevención sanitarias en el contexto de la pandemia, agravaron la crisis que el país ya atravesaba. El aumento que vemos en la pobreza en 2020 se explica principalmente por la caída de los ingresos laborales que los hogares percibieron durante el año. Esto se debió tanto a la pérdida de empleos como a la disminución del poder adquisitivo de sus ingresos en términos reales.  

La crisis está afectando más a quienes tenían una situación más precaria. Si bien los efectos de la pandemia fueron negativos para la mayor parte de la población, impactaron de forma diferencial a quienes percibían ingresos bajos. En particular, al tercer trimestre del año, fueron hogares con jóvenes de menos de 29 años, trabajadores/as de baja calificación y asalariados/as informales los que se vieron afectados en mayor medida por la caída de empleo. Además, la capacidad de los hogares para sostener sus niveles de consumo durante la crisis no solo depende del flujo de los ingresos laborales, sino que se relaciona también con la capacidad de ahorro previo que, por lo general, es menor en los estratos socioeconómicos más bajos.  

¿Qué se puede hacer al respecto? 

El año 2020 fue uno de los peores en la historia reciente. Implicó enfrentar riesgos que nunca nos hubiésemos imaginado (y es probable que durante 2021 tengamos que seguir haciéndolo). Este aumento de los riesgos sociales provocado por la crisis sanitaria por COVID-19 mostró la importancia de tener un sistema de protección social robusto que permita alcanzar rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad. Con el objetivo de paliar la caída de ingresos de los hogares, las políticas de transferencias monetarias formaron parte de las medidas de mayor relevancia en  2020. Estas incluyeron bonos extra a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que alcanzaron un universo de alrededor de 4,3 millones de niños/as; ingresos suplementarios mediante la Tarjeta Alimentar con alrededor de 1,5 millones de titulares con hijos/as de menos de 7 años; y el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 que fue percibido en unos 9 millones de hogares de trabajadores/as del sector informal y/o de las categorías más bajas del monotributo, entre otras. Si bien las medidas de transferencias jugaron un papel significativo para evitar que la pobreza sea mayor, no alcanzaron para revertir su aumento.  

Además de acelerar la caída de los ingresos laborales, la pandemia desnudó y exacerbó desigualdades en otras dimensiones, incluido el acceso al cuidado, la educación y a un hábitat de calidad, ejes clave para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza. Frente al cese de asistencia presencial a los establecimientos de cuidado y de educación, que se sostuvo la mayor parte del año 2020, los hogares de más bajos ingresos se vieron específicamente afectados puesto que disponían de menos recursos para continuar con las actividades sociales, educativas y/o laborales de forma remota. Además, la carga suplementaria de cuidado recayó principalmente en las mujeres, lo que redundó en un aumento de las brechas de género. De esta forma, múltiples privaciones que enfrentaban los hogares más vulnerables interseccionaron, reforzándose entre sí.  

En síntesis, en un contexto de crisis sanitaria de magnitudes casi inéditas, 2020 se vio marcado por la profundización de desigualdades preexistentes y el aumento de la pobreza en el país. Además, la antesala de la crisis ya presentaba un panorama complejo: la pobreza estaba en aumento y persistían problemas estructurales para su reducción. En los últimos 30 años, aun en periodos de elevado crecimiento económico, no se pudo perforar el piso de un cuarto de la población del país en situación de pobreza. 

¿Qué podemos esperar para 2021? 

No tenemos la bola de cristal. El futuro próximo es incierto tanto en términos sanitarios como socioeconómicos. Pero algunas cosas podemos suponer.  

Se estima que este año habrá una paulatina recuperación de la actividad económica que dé un primer cese al panorama más sombrío. Será crucial acompañar este proceso con políticas que potencien la inclusión laboral y permitan sostener pisos de protección social. Abordar la pobreza requiere de una estrategia multisectorial y coordinada.  

En el corto plazo, dada la infantilización de la pobreza, las políticas de transferencias monetarias orientadas a hogares con niños/as y adolescentes sin dudas mantendrán un papel central. En línea con esta observación, también será crucial considerar medidas clave para desactivar la reproducción intergeneracional de la pobreza, lo que incluye políticas para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, medidas para mejorar el acceso y la calidad en los espacios de crianza, enseñanza y cuidado, y acciones para potenciar la permanencia y terminalidad escolar de niños/as y adolescentes.  

Todo esto cuesta plata y hay poco espacio fiscal. Frente a este limitado margen de maniobra para ampliar el gasto público en el corto plazo, será crucial calibrar las acciones a priorizar con vistas a potenciar los mejores efectos posibles en términos de protección y equidad social. También será importante recordar que la asignación presupuestaria es la máxima expresión de la voluntad política.