Publicado el 17 de abril
Jorgelina Albano, directora de Alabadas.com, es coautora de esta columna.
Si bien se piensa lo contrario, la autonomía económica de las mujeres ya estaba en peligro, en el mundo entero, antes del Covid-19 y, sin duda alguna, la pandemia extrema ese peligro.
Las mujeres participamos menos de la economía (sólo 6 de cada 10 mujeres contra 8 de cada 10 varones). Cuando lo hacemos, somos más vulnerables a los contextos de crisis. A eso le sumamos el gran estereotipo de género que nos pone en el rol de cuidadoras, de niños, niñas y personas mayores, y amas de casa.
Las mujeres que trabajamos tenemos una peor participación que los varones en el mercado laboral. Las mujeres sufrimos más la informalidad laboral (35% de las mujeres se desempeñan de manera no registrada) y, en este contexto, eso implica que somos más vulnerables a la falta de ingresos. Además, las mujeres que trabajan de forma registrada, también están en peores condiciones (por ejemplo, hay más mujeres en las categorías más bajas de monotributo). Las mujeres tienen más intermitencias en el mercado de trabajo (una mujer tiene el doble de probabilidades de salir del mercado de trabajo que un varón), y son las que probablemente salgan primero en casos de despidos. Y las MiPyMEs lideradas por mujeres tienen menos espalda (acceso a garantías, por ejemplo) para afrontar contextos como el actual.
Casi 1 de cada 5 mujeres que trabaja, lo hace como empleada doméstica: 75% de ellas, están todavía en la informalidad. Para ellas, a pesar de lo dispuesto por la licencia obligatoria, en la práctica, queda a discreción de las empleadoras el pago de estos días o se ven ante la disyuntiva de seguir trabajando (en condiciones de encierro y sin francos) o ser un vector de contagio. Además, en los pocos casos en los que se otorga la licencia, estas trabajadoras se encuentran ante la dificultad de cobrar esos días, dada su baja bancarización.
El mundo laboral, aunque lo parezca, no es genérico y la diferencia entre varones y mujeres persiste, es real. Aunque el problema existe, es invisible. Ni el gobierno, ni los sindicatos hablan de esta situación relativa a las mujeres. Sin visibilizarla resulta imposible desarrollar políticas para revertir esta situación. Para eso, es central contar con datos, por ejemplo, saber cuántas mujeres son las que cobraron el beneficio para trabajadores informales.
Las mujeres suelen pagar los costos de las crisis. Esta no es excepción. Y quiénes más los pagan son las mujeres que están en la informalidad. Urge un rol más activo del Estado en generar los dispositivos para que estas mujeres (y sus familias) cuenten con ingresos. Un excelente primer paso es el Ingreso Familiar de Emergencia. Pero es necesario contemplar las especificidades de algunos grupos, como las trabajadoras domésticas. Promover un uso más extendido (y un mejor funcionamiento) de las órdenes de extracción (ODE), por ejemplo, podría contribuir a que las empleadas de casas particulares puedan contar con ingresos en estas semanas.
Desde el sector privado hay varias acciones que se pueden llevar a cabo hoy. La primera es asesorarse para evaluar a las personas sin sesgos de género. Hoy en caso de despidos es más probable que, al elegir entre mujer y varón, elijan retener al varón, porque en situación de suspensión de clases y con personas mayores a las que cuidar, desde el sesgo de género, el varón tendrá mayor disponibilidad.
También hay un rol central del Estado en reconocer esta tensión adicional que están enfrentando las familias (las mujeres) en la provisión de cuidados. Hoy se está optando por mantener la rigurosidad en el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), sin reconocer este trabajo suplementario que recae en las mujeres. Países como Bolivia lo están reconociendo con un bono extraordinario. Otros países, como Australia, están flexibilizando el ASPO para permitir la apertura de espacios de cuidado, especialmente en las zonas donde la unidad de ASPO es un asentamiento o un barrio. Respecto de esto, es una muy buena iniciativa el programa de voluntarios que generó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero se podría potenciar si se plantea como un recurso para que las mujeres que trabajan puedan acudir al programa y así alivianar la carga de cuidado de las personas mayores de sus familias.
En tiempos de Covid-19, tomar decisiones bajo viejas creencias nos hará retroceder años en materia de brecha de género. Es necesario aprovecharlo como una oportunidad para replantear la situación de las mujeres en el trabajo y no el aniquilamiento económico de las mujeres. Hoy más que nunca se requiere aunar esfuerzos para que la perspectiva de género sea una mirada fundamental en cómo sobrevivir a la crisis y reinventarse ya que la mirada de género aporta excelentes resultados.