Los poderes legislativos suelen gozar de mala reputación en muchas latitudes y nuestra región no es una excepción. Los congresos son las instituciones públicas con menores niveles de confianza ciudadana en Latinoamérica (muy por debajo de la confianza en la Iglesia y las Fuerzas Armadas).

La discusión sobre la legalización del aborto, que alcanzó la media sanción en la Cámara de Diputados, es un ejemplo de que un proceso de debate y construcción de consensos puede lograr jerarquizar el trabajo legislativo. En una discusión polarizada y sobre un tema muy divisivo, el Congreso elevó la discusión con un mecanismo abierto y participativo a la sociedad civil y la comunidad científica, ante la mirada atenta y desafiante de una ciudadanía movilizada, tanto a favor como en contra de la ley.

Muchos países tienen procedimientos sistemáticos y rutinarios para incorporar el conocimiento técnico especializado a sus procesos de deliberación y decisión. Son mecanismos que, según la práctica de cada país, toman distintas formas: comisiones técnicas específicas creadas con el objetivo de recolectar y sistematizar la mayor evidencia posible sobre un determinado tema o proyecto de ley; convocatorias abiertas a la comunidad científica para que den su posicionamiento por escrito; evaluaciones de impacto de programas que contribuyen a definir si el presupuesto para el año siguiente continúa o no según si dicho programa logró los resultados buscados; mecanismos institucionalizados de diálogo para generar consensos entre sectores con intereses en conflicto; y unidades técnicas dentro del poder legislativo que producen y analizan evidencia, en estrecha coordinación con el poder ejecutivo, para reducir las asimetrías entre ambos poderes.

Estos cinco procedimientos no son los únicos y existen muchas variantes pero persiguen un objetivo común: elevar la calidad de la decisión, entendiendo que podrá haber distintos posicionamientos políticos e interpretaciones de ese conocimiento especializado pero que dicho conocimiento (o el anglicismo “evidencia”) no puede ser ajeno al debate de política pública y debe provenir de diferentes disciplinas científicas y tradiciones epistemológicas.

El Congreso argentino tiene escasa tradición en utilizar este tipo de mecanismos, aunque la recientemente creada Oficina de Presupuesto del Congreso podrá constituir un avance en este sentido. Una hipótesis sobre este déficit (o al menos de que pase desapercibido) puede atribuirse a una percepción muy instalada en nuestra sociedad de que cambiar de opinión constituye una debilidad.

Tendemos a valorar más en un debate a quien se “atrinchera” en su posición, pese a cambiar el contexto o la información disponible, que a quien puede argumentar a partir de datos y hacer una lectura crítica de ellos. La dinámica de las redes sociales vino a reforzar este fenómeno, acentuando más las conversaciones entre quienes piensan parecido que entre quienes albergan divergencias. Una señal de esto fue la gran repercusión que tuvieron los cambios de posición de algunos legisladores sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

La búsqueda de políticas públicas informadas por la evidencia no implica que los datos hablen por sí solos o tengan una sola interpretación (no hay una verdad). Pero sí que esa evidencia no admite cualquier lectura. Los datos sirven, de algún modo, como frontera: marcan la cancha de la discusión y delimitan el alcance de las interpretaciones.

Es una frontera que se va redibujando o ampliando cada vez que el conocimiento especializado se actualiza. Esta perspectiva de políticas públicas, informadas por la evidencia, tampoco supone que el conocimiento científico deba ser el único parámetro para tomar una decisión, pero sí que una decisión de política pública no puede ser tomada aislada de esa evidencia empírica y requiere una fundamentación que dé cuenta de ella.

En el transcurso de las audiencias públicas y el debate en comisiones, la evidencia fue jerarquizada como elemento central del debate. Ojalá esto se transforme en un habitual ejercicio legislativo.

Pero al mismo tiempo, quedó en claro la necesidad de que el Estado produzca información de calidad sobre las políticas que lleva adelante. La contracara de los datos esgrimidos durante estos meses de discusión fue la deuda que tiene el Estado en la producción, la sistematización y la puesta en común de información pública de calidad. La Ley de Acceso a la Información es un gran paso pero no alcanza si el Estado no mide, no evalúa y no rinde cuentas.

Durante varias semanas la Argentina discutió públicamente, con uso de evidencia, la conveniencia o no de una política pública sobre un tema transcendental para la sociedad. Eso marca un paso adelante en la manera en que los argentinos discutimos las leyes que nos cambian la vida.

La atención que concitó la maratónica sesión en la Cámara baja también echó luz sobre las falencias de su funcionamiento y nos recuerda la imperiosa necesidad de reformar un reglamento interno obsoleto en muchos aspectos. Es el camino a recorrer para lograr un Congreso que esté a la altura de la complejidad de los problemas que debe abordar.

Fuente: Clarín