INFOBAE, 19 de enero de 2022
En las últimas semanas se publicaron varias notas en nuestro país sobre el “Global Pension Index”, una publicación anual de la consultora Mercer y el CFA Institute, una asociación que reúne profesionales en servicios financieros de todo el mundo. Según este índice, el sistema previsional argentino aparece en 2021 en el puesto 42 de 43 países analizados, con 41.5 puntos (sobre 100 posibles), apenas por encima de los 40.6 de Tailandia, el peor de la clase, y algo menos que en 2020. La pregunta inevitable que surge al ver estos datos es: ¿realmente estamos tan mal? Todos sabemos que Argentina y su sistema previsional tienen problemas, pero… ¿anteúltimo en un ranking global? ¡Parece demasiado!
Una rápida mirada al informe permite explicar esto en forma bastante simple: sus autores presumen que los sistemas previsionales tienen siempre componentes tanto públicos como privados y califican el funcionamiento de cada uno de estos en distintas dimensiones. Como en Argentina no hay componente privado, el país se saca un “0” cada vez que se pregunta algo sobre este y al sumar los resultados la nota es, por ende, muy mala. En resumen, la evaluación de Mercer y CFA está sesgada ideológicamente, es mala técnicamente y sus autores no aprobarían un curso de metodología básica en la universidad.
Ahora, ¿esto significa que el sistema previsional argentino no tiene problemas? Responder esto, lamentablemente, no requiere la construcción de índices complejos. Argentina es uno de los países del mundo que más gasta en jubilaciones y está muy lejos de ofrecer los mejores y más confiables beneficios. El sistema está sumamente fragmentado, con más de 170 regímenes de excepción que explican cómo más de la mitad del gasto va a beneficiarios/as que no accedieron a su jubilación o pensión a través de las reglas del régimen general. La movilidad de los haberes es un desaguisado, que nadie puede calcular en forma independiente y que, todo indica, genera efectos procíclicos que deprimen la capacidad de consumo en épocas malas y disparan el gasto cuando las cosas mejoran, exactamente al revés de lo que sería deseable. Hay diferencias por género que son inexplicables, las reglas sobre la edad de retiro son anticuadas e inflexibles, más de un millón de personas reciben más de un beneficio y otro millón son jóvenes en condiciones de trabajar. En Argentina, al revés de lo que ocurre en casi todo el mundo, es casi imposible pensar en ahorrar para el largo plazo para mejorar las jubilaciones. No tenemos un sistema de ahorro o seguros de retiro que sean atractivos y seguros, y eso tiene un grave costo para los trabajadores y trabajadoras que querrían mejorar sus futuras jubilaciones y para la macroeconomía, por los impactos positivos que sabemos tiene el ahorro de largo plazo.
Desde CIPPEC estamos trabajando en un proyecto que busca identificar cada uno de estos problemas, discutir sus causas, registrar que hacen otros países al respecto y proponer medidas que tiendan a mejorar el funcionamiento del sistema previsional en Argentina, promoviendo una discusión pública y honesta, sin agendas políticas o prejuicios ideológicos.
En estos días hemos publicado un documento sobre los impactos distributivos del sistema, mostrando el efecto fuertemente progresivo de algunos aspectos, como el amplio acceso a beneficios por moratorias en los últimos 15 años, así como los impactos regresivos de otros, la fórmula de beneficios modificada en 2008, la existencia de regímenes de excepción o la mortalidad diferencial. Los desafíos del sistema previsional son serios, y sólo podremos comenzar a resolverlos formulando (y respondiendo con honestidad) preguntas difíciles que venimos evadiendo por décadas.
Cuestiones como si son razonables las diferencias de tratamiento por género que existen en la actualidad, cómo encarar el debate sobre la edad de retiro en el contexto demográfico y laboral del siglo XXI, cuál es la función de las pensiones por fallecimiento en un sistema que aspira a la cobertura universal o cómo se puede diseñar un esquema de beneficios que evite injusticias, mantenga incentivos para trabajar y aportar al sistema, y asegure protección efectiva para todos mientras es fiscalmente sostenible deben ser discutidas en profundidad si aspiramos a construir un sistema que sea efectivo en su cobertura y sostenible financieramente.
En las próximas semanas presentaremos varios documentos que intentan presentar una discusión abierta sobre estos temas, esperando así contribuir a un debate que creemos no sólo importante, sino también urgente.
