El 1 de mayo pasado, el Día del Trabajador nos encontró en la tan ansiada pospandemia. Los datos del INDEC, en el último trimestre de 2021, arrojaron una tasa de empleo del 43,6% y una desocupación del 7%: ambos indicadores muestran una mejora respecto a los niveles observados antes del inicio de la pandemia. El empleo formal está mostrando una recuperación luego de casi dos años en baja, en el que se destaca el empuje de las personas asalariadas, el empleo público y el monotributo. En cambio, el trabajo doméstico y quienes trabajan en forma autónoma presentan aún números inferiores y una recuperación más lenta. En general, estos valores muestran que los principales impactos extraordinarios que afectaron al mundo laboral durante la pandemia fueron superados. Ahora debemos evaluar los efectos residuales y enfrentar los desafíos estructurales del mercado laboral argentino, que ya existían antes de la irrupción del covid-19 en nuestras vidas.

Y en el marco de esa realidad, un primer dato que enciende alarmas es la suba de casi dos puntos porcentuales en la pobreza del año pasado por sobre la del 2019, lo que indica que la recuperación del mercado laboral no alcanzó para retrotraer uno de los problemas más acuciantes del país. Una causa posible es que, aunque los salarios de quienes trabajan en la formalidad mantuvieron su poder de compra, los ingresos de quienes lo hacen en la informalidad cayeron un 10% en los últimos dos años. Asalariados y asalariadas formales del sector privado, quienes suelen ser referencia al hablar de empleo, sólo representan el 30% de los trabajadores y las trabajadoras. Debajo de esa punta del iceberg existen variadas problemáticas y realidades que necesitan abordajes específicos desde las políticas públicas.

Entre estas problemáticas podemos mencionar, en primer lugar, a la informalidad. Se estima que del total de la fuerza de trabajo un 45% se encuentra en la informalidad. Sin embargo, la naturaleza y la distribución de estas condiciones laborales varían significativamente dependiendo del sector de la economía. Esto hace que esta proporción sea mucho mayor al promedio en sectores como el servicio doméstico o la construcción, en los que las tasas de informalidad son cercanas al 75%. En el servicio doméstico, por ejemplo, la barrera responde más a cuestiones culturales que a costos de formalización. En la construcción, la informalidad se ubica en las actividades de reformas y reparaciones de baja magnitud, más que en las grandes empresas constructoras.

Un segundo problema refiere al acceso al empleo de los y las jóvenes. Entre las personas menores de 29 años, la desocupación casi triplica a lo que experimenta el resto de la población y, entre ellas, en el caso de las mujeres esa realidad se profundiza: tres puntos porcentuales más que los varones. Durante la pandemia las personas dentro de este rango etario sufrieron caídas en el empleo de hasta el 34% y una recuperación más lenta.Ahora pongamos el foco en las razones que explican esta situación. Por un lado, la baja terminalidad educativa: solo el 50% de los y las adolescentes del país termina el secundario en tiempo y forma. En segundo lugar está lo que se llaman “habilidades blandas”, que exceden la formación académica y que tienen que ver con la capacidad de relacionamiento social, de entender y seguir instrucciones e insertarse en organizaciones complejas entre otras. Estas habilidades se adquieren en la práctica cotidiana, por lo que es fundamental diseñar estrategias que incluyan experiencias formativas en puestos de trabajo y acceso al primer empleo.

En tercer lugar, están las barreras de género. Las mujeres tienen una participación en el mercado laboral de casi 20 puntos porcentuales menos que los varones, al mismo tiempo que su tasa de desempleo es algo superior. Sus trayectorias laborales son más inestables, con menos horas diarias de trabajo y en sectores peor remunerados, lo que resulta en menores ingresos, más informalidad, menores chances de alcanzar puestos de liderazgo –lo que conocemos como “techos de cristal”– y, en general, menor acceso a puestos laborales de calidad.

Revertir esta situación en forma sostenible debe ser un objetivo central de la sociedad. En ese marco, desde CIPPEC estamos impulsando la iniciativa “Democracia 40”, que busca identificar y proponer medidas en las áreas que han limitado el progreso de nuestro país, intentando construir consensos en torno a políticas públicas que permitan avanzar sobre estos problemas. Claramente, los desafíos del mercado de trabajo son estructurales en Argentina, donde ya llevamos varias décadas con resultados poco satisfactorios.

Una causa central de los problemas de empleo en Argentina es la falta de crecimiento económico, que se traduce en la falta de oportunidades laborales en empleos de alta productividad. Sin mayor demanda laboral y nuevas oportunidades de trabajo no se puede derribar barreras de ingreso. Pero una reactivación económica sin una estrategia de promoción del empleo presentará resultados insuficientes.

Para ser exitosa, la reactivación debe tener en cuenta la heterogeneidad de la población con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo y debe construirse desde el Estado con el consenso de los distintos actores relevantes, como las empresas, los sindicatos y los movimientos sociales. Estos son los objetivos que deben marcar la agenda de políticas laborales, si aspiramos a una mejora sostenida de las tasas de empleo, formalidad y productividad.