Cuatro de cada diez niños argentinos de entre cero y cuatro años vive en la pobreza. Son 5,6 millones de menores de 18 años que ya comienzan sus vidas en una situación de desventaja, según Unicef; no solo la económica: la niñez es un período crucial para el desarrollo cognitivo, físico y emocional de las personas, que se suele ver lastrado en estas condiciones. La infantilización de la pobreza supone un desafío de alta complejidad para el país, según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

“Una de las claves para abordar esta problemática es garantizar que las familias con niños y adolescentes cuenten con ingresos suficientes. En Argentina, el Estado les transfiere ingresos a través de tres vías: el subsistema contributivo (asignaciones familiares), el subsistema no contributivo (asignación universal por hijo y embarazo), y la deducción del Impuesto a las Ganancias. Si bien se ha avanzado en términos de cobertura y equidad, todavía restan desafíos”, explica Florencia Caro Sachetti, coordinadora del programa de Protección Social de CIPPEC.

Según Caro Sachetti, el actual esquema de transferencias es fragmentado porque los múltiples tipos de cobertura dependen de la condición laboral de los adultos y no de los derechos de los niños y adolescentes. Además, señala que el esquema es inequitativo: el valor de las prestaciones es en algunos casos regresivo; los criterios para determinar la elegibilidad para percibir prestaciones son heterogéneos; y no todas las familias con hijos están cubiertas.

Desde CIPPEC, proponen modificar el esquema de transferencias para garantizar que todas las familias cuenten con un ingreso que les permita llevar una vida decente y basarlo en los principios de universalidad, coparentalidad y equidad. Otro objetivo es fortalecer la estrategia de salud sexual y reproductiva: “Es un paso necesario para que la tenencia de un hijo o hija sea una elección que favorezca trayectorias vitales inclusivas”.

La coordinadora del programa de Protección Social resalta que no invertir en los grupos etarios más jóvenes conlleva costos significativos, tanto para los hogares en situación de pobreza como para la sociedad en su conjunto.

Propuesta del Estado

En el marco de la lucha contra la pobreza, el Gobierno puso en marcha en 2016, a través del Ministerio de Desarrollo Social, el primer programa a nivel nacional que busca asegurar que todos los chicos lleguen a la escuela con las mismas oportunidades, sin importar el lugar donde nacen.

“El Plan Nacional de Primera Infancia tiene como objetivo garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a cuatro años en situación de vulnerabilidad social. La iniciativa se basa en el hecho demostrado de que la estimulación temprana y la adecuada nutrición desde las primeras semanas de vida resultan decisivas para el desarrollo intelectual y físico para el resto de la vida. La cantidad total de pequeños alcanzados por el plan son 214.967”, cuenta Gabriel Castelli, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). El Plan se lleva adelante en Espacios de Primera Infancia (EPI, guarderías).

Según Castelli, el principal desafío que permanece abierto es que todas las provincias se apropien del plan y lo conviertan en prioridad. “Nosotros hacemos convenios por dos años con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Acompañamos con informes técnicos y pagamos becas por la cantidad de chicos que asisten. Ahora, estamos viendo cómo hacer más eficiente el desembolso de los fondos para que no haya demoras”.

Otro punto que mejorar, piensa Castelli, tiene que ver con la formación de los educadores, que están al frente de los espacios. “Hay mucha asimetría en la capacitación de estas personas. También hay diferencias en términos salariales”, reconoce.

El plan pone foco en la infraestructura y equipamiento de los centros. “Para seguir mejorando en este eje, se firmó una línea de Crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta mil millones de dólares. Los fondos, que se comparten con el Ministerio de Educación, comenzarían a desembolsarse en el próximo trimestre. En términos concretos, de acá a los próximos tres años tenemos el desafíos de mejorar 850 espacios”, dice Castelli.

Cómo se trabaja en los barrios

SonRisas, una asociación civil ubicada en la localidad de Esteban Echeverría en la Provincia de Buenos Aires, trabaja para fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad. “Detectamos que una gran parte de los niños y niñas de cuatro y cinco años no asistían al jardín e ingresaban directamente en primaria. Se ha comprobado que la carencia de educación en el nivel inicial repercute desfavorablemente en la trayectoria escolar”, cuenta Evangelina Vidal, coordinadora de las áreas de Relaciones con el Entorno y Educación de la organización.

Desde esta necesidad de la comunidad, SonRisas creó el dispositivo llamado Sonriseritos, un espacio de educación no formal que abarca tanto contenidos pedagógicos como también la adquisición de hábitos cotidianos. El taller busca proporcionar a los chicos su primera experiencia socializadora fuera del hogar y trabaja de manera conjunta con las familias. El espacio se desarrolla recibe financiación y apoyo del sector público y privado.

En otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja Pilares, que cuenta con centros que funcionan de lunes a viernes en los que los chicos de uno a tres años desayunan, almuerzan y meriendan. “Cuando se habla de infantilización de la pobreza, no hay que olvidar que los chicos se encuentran en un contexto familiar. Acá vemos que muchas mujeres al no tener como proyecto de vida, deciden ser madres. Cuando los chicos crecen, se repite el círculo”, cuenta María Paz Moya, coordinadora del Centro de Primera Infancia de Fundación Pilares.

Además de las educadoras, el equipo está formado por trabajadoras sociales, psicopedagogas y psicomotricistas. Desde el área de trabajo social, las responsables del centro verifican que los niños tengan la documentación obligatoria, que posean las vacunas al día y están atentas a cuestiones familiares particulares.

Entre las problemáticas con las que conviven los niños a diario, Moya observa retrasos en el lenguaje. “La población que asiste a nuestro centro está compuesto por muchas familias migrantes. Muchas madres hablan guaraní o aymara. En general, no quieren que los niños aprendan su lengua materna para que no los discriminen, pero como ellas no hablan bien el español, entonces no pueden comunicarse con ellos. Cuando las madres no les hablan a los niños, todo lo que es límites, desarrollo de hábitos y vínculos afectivos se obtura”.

Otra problemática que Moya ve con frecuencia en la sala de los más chiquitos es que juegan siempre en un rincón: “Cuando los poníamos en el medio del salón lloraban y se angustiaban. Veíamos un desarrollo psicomotriz muy básico. A partir de esta situación, hicimos una visita al barrio con las profesoras y vimos que era una consecuencia del hacinamiento. Los espacios abiertos eran todo un descubrimiento para ellos”.

Por: Florencia Tuchin
El País