Luego de marchas y contramarchas, en 2016 fue sancionada la Ley de Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia el 29 de septiembre. Garantizar el acceso a la información pública es un fin en sí mismo, un derecho humano, pero también un medio para mejorar el desempeño del Estado y prevenir la corrupción. Obliga a publicar datos sobre la gestión inclusive -a partir de la ley- en forma proactiva, sin que medien solicitudes.
Mucho se habla de transparencia, pero poco acerca de la complejidad de llevarla a la práctica. Ante la diversidad de actividades del Estado, ¿cómo normar lo que debe publicar cada tipo de organismo? ¿Qué supone implementarla?
Uno de los casos más desafiantes son las empresas públicas. Existen 45 en actividad alcanzadas por esta ley a nivel nacional. De ellas, 11 son sociedades del Estado, 23 sociedades anónimas en que el Estado tiene participación mayoritaria, y el resto se dividen entre entidades binacionales o interestaduales y otras. Predominan en sectores que constituyen monopolios naturales o son clave para el desarrollo socioeconómico como la energía, el agua y el transporte. Un reciente estudio de CIPPEC evidencia que su nivel de transparencia es en general -con algunas excepciones- bajo. Sólo una de cada diez publica informes de gestión en su sitio web. Sus estatutos, una de cada ocho. Los balances financieros, una de cada siete. Las compras y contrataciones, una de cada dos.
Las empresas públicas presentan desafíos encontrados. Están orientadas al bien común -su objetivo primario no es el lucro- y pueden recibir transferencias del Estado si son deficitarias. Esto puede reducir los incentivos para la eficiencia. Además, pueden transformarse en instrumentos de política partidaria e incluso en “caja” si son superavitarias. Por esto, según directrices de la OCDE para su buen gobierno, la transparencia cobra particular importancia. La información relevante de gestión es más específica que en otros organismos. Esto sería una razón para abrir más datos. Pero, por otra parte, las sociedades anónimas se rigen por el derecho privado y la publicación de cierta información implica un riesgo comercial.
La complejidad no se agota en la norma. Para publicar información, antes debe ser generada, lo que depende de sistemas y flujos efectivos. La divulgación proactiva y periódica en un sitio web requiere inversiones en tecnología. A su vez, una solicitud puede derivar en cualquier área, lo cual supone nuevos procedimientos y circuitos, nuevos roles y una alineación cultural de las burocracias. Como en cualquier otra iniciativa de política pública, el compromiso y la voluntad política de las autoridades son fundamentales. Las decisiones sobre información sensible recaen en el directorio.
Para que se convierta en política pública, la transparencia depende también de la existencia de voluntades políticas a distintos niveles y del desarrollo de consensos, estrategias de implementación, presupuesto, instrumentos y espacios de intercambio de prácticas.
