El Poder Legislativo es esencial en democracia. Con el estallido de la pandemia, las legislaturas del mundo comenzaron a plantearse de qué manera podían continuar con su labor sin desafiar las condiciones de aislamiento preventivo. En muchos casos, la adopción de la tecnología permitió recrear los procesos. Como tal, la tecnología hoy es más una muleta para llegar a la normalidad. Pero considerando el papel transformador que ha tenido en todas las actividades donde ha irrumpido, cabe preguntarse si la política está exenta del impacto de la tecnología y, sin lo está, cuál será su efecto.

El primer desafío para los legislativos mundiales ante la pandemia fue poder operar. Efectivamente, la mayoría de los parlamentos están funcionando respetando el aislamiento preventivo. Las legislaturas, cuyo funcionamiento está cargado de simbología y tradiciones, han podido adaptarse, y lo han hecho en tiempo récord.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) ha analizado la manera en que han intentado adaptarse los poderes legislativos de más de 70 países. En América Latina, la alternativa más utilizada hasta el momento es la incorporación de tecnología. Ya son siete los congresos que tienen reuniones de comisión de manera virtual (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Paraguay), y el mismo número emplea la tecnología para la discusión en sesiones plenarias y para votar proyectos en forma remota (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay). Tal es el caso de Argentina, donde ambas cámaras del Congreso tuvieron su primera sesión virtual el miércoles 13 de mayo, implementando un modelo híbrido en el que la mayoría de legisladores se conectó de manera remota y unos pocos sesionaron desde el recinto. Por otro lado, Brasil fue uno de los primeros países en instrumentar modalidades de trabajo remoto para la deliberación y votación de proyectos de ley, a través de acuerdos aprobados el 17 de marzo en ambas cámaras que permiten realizar sesiones plenarias virtuales mediante un Sistema de Deliberación Remota (SDR).

En Uruguay, Panamá y Perú se optó por limitar las sesiones, implementando medidas de distanciamiento social o reservando la discusión únicamente para asuntos urgentes en el contexto de la pandemia. En México, la Cámara de Diputados ha suspendido sus sesiones plenarias desde el 2 de marzo hasta nuevo aviso, aunque pueden convocar reuniones si se requiere una decisión legislativa sobre la pandemia.

Las respuestas y herramientas implementadas han variado de caso en caso, así como los caminos tomados para generar la legitimidad y confianza necesaria para avanzar con las reformas: Ecuador modificó su reglamento por medio de un memorando, Paraguay votó la modificación reglamentaria y en Colombia la discusión se habilitó a través de un decreto del Presidente en el que se permite a todos los órganos colegiados del Estado realizar reuniones no presenciales para la toma de decisiones.

También hubo diferencias en la vigencia temporal de las reformas. Muchos de los países que han incorporado tecnología al proceso legislativo en el contexto de la pandemia han limitado la temporalidad de dichas reformas, condicionando el uso de herramientas digitales a tiempos de excepcionalidad. Chile y Paraguay, por ejemplo, han adoptado las sesiones virtuales durante un año y seis meses, respectivamente.

El Congreso debe sesionar, fue la premisa para las democracias. Superado ese primer problema, aparece claramente el interrogante sobre el resultado de combinar soluciones tecnológicas, con prácticas informales, igualmente importantes, en la definición de políticas públicas.

La pregunta es relevante porque el funcionamiento de los congresos depende de normas formales. Está guiado por reglamentos que dictan lo que se puede hacer y lo que no. Pero las prácticas informales también tienen un rol importante en la definición de las políticas públicas; esos gestos y astucias, la capacidad de coordinación y negociación que tienen los legisladores y que transforman meras posibilidades en apoyos, votos y leyes. Los congresos están hechos de política.

Esto plantea un segundo desafío que nos aleja ya de la mirada sobre la pandemia. Para modernizar la gestión legislativa se necesita que la política guíe y dirija la implementación de herramientas digitales. El reto ahora es dar un paso más y comenzar a pensar cuáles son las que vale la pena mantener en el futuro y lo que está en juego si la virtualidad fuera permanente. Sobre este punto hay muchas más preguntas que respuestas.

Por un lado, se puede esperar que una transformación en la manera en que se hacen y aprueban leyes traiga consigo cambios en la forma en que se hace política. En la medida en que las reuniones de comisión y las sesiones se celebren de manera remota, es probable que la coordinación cara a cara deba ser reemplazada, dando lugar a otras formas de negociación. A su vez, es posible que veamos nuevos usos creativos de las reglas, diferentes a aquél utilizado por la senadora de Texas Wendy Davis, que mantuvo un discurso maratoniano de 11 horas para bloquear la tramitación de un proyecto.

Seguramente, veremos también cambios en el vínculo entre representantes y representados en el nuevo mundo virtual; o en la forma en que la sociedad civil interpela a los legisladores. Tras la pandemia, será difícil imaginar las calles que rodean los congresos atiborradas de manifestantes en las horas clave en las que se discute de manera remota un proyecto de ley. ¿Dónde se movilizarán los ciudadanos para apoyar o demandar cambios cuando las leyes se discuten desde casa? ¿Irán a las puertas de los domicilios de los jefes de bloque o serán las redes sociales el canal de participación en la era del Congreso remoto?

Todavía son pocas las sesiones virtuales que hemos podido presenciar, por lo que es difícil imaginar cuáles serán las consecuencias de estas reformas. Hoy son 23 las legislaturas que sesionan de forma remota. Y 16 las que cuentan con mecanismos para permitir la votación de los proyectos. Antes de la pandemia, sólo España contaba con reglamentaciones que permitían el voto a distancia, y lo hacía exclusivamente para casos puntuales en los que la ausencia de un único legislador se autorizaba por asuntos personales, como una licencia familiar o enfermedad.

La pandemia de la Covid-19 ofrece una oportunidad para repensar el trabajo legislativo, adoptando nuevas herramientas que permitan su funcionamiento aun cuando no sea posible concurrir de manera presencial al Congreso. Con independencia de la coyuntura nos permite, a su vez, pensar en su futuro e imaginar cómo el trabajo a distancia podrá transformar (o no) esos espacios de diálogo tan importantes para generar consensos. Si estas nuevas herramientas alteran o no las dinámicas legislativas será algo que podremos ver con el tiempo, en la medida que tengamos más casos y sesiones. Sólo resta pensar cómo queremos que funcionen nuestros congresos una vez que comience la nueva normalidad.