Cada difusión de los datos de la pobreza nos enfrenta a uno de los mayores fracasos de la Argentina actual: la persistencia de altas tasas de pobreza. En los últimos 30 años nunca descendió del 25% y nuestro país es uno de los que menos han disminuido la pobreza en América Latina entre 2006 y 2016. En el último año creció del 27,3 % al 35,4%, unos 15,9 millones de personas, cerca de 3,8 millones más que el año anterior. Mitigar la pobreza será una de las principales tareas del próximo gobierno.
Dentro de los pobres, hay un grupo que presenta el mayor grado de exclusión, lo que hemos llamado pobreza crónica, el 10% de personas con menor posibilidad de salir de la pobreza aún en períodos de bonanza económica. En el documento “Reducir la Pobreza Crónica”, elaborado por CIPPEC en conjunto con el CEDLAS y el PNUD, establecimos las características de la pobreza crónica. El trabajo muestra que aún con tasas de crecimiento hoy difíciles de soñar, del 3% anual en forma sostenida, recién en 2038 se llegaría a menos del 10% de pobreza y con un mucho más modesto 1% (pero hoy poco garantizado) en ese mismo año, se ubicaría en torno al 20%. Por ende, es preciso encarar el objetivo de ir reduciendo la pobreza crónica con políticas específicas.
El estudio muestra que el 50% de la pobreza crónica se concentra en el conurbano bonaerense. Pero como proporción de la población, su incidencia es mayor en el NEA, el NOA, además del conurbano, que ocupa el tercer puesto. Las viviendas de los hogares en pobreza crónica acumulan un déficit de servicios básicos. Las personas en pobreza crónica tienen casi diez años de educación menos que el promedio de los no vulnerables. Entre quienes la sufren, 47,9 % son niñas y niños y 23,6 % tienen entre 16 y 25 años. Los varones en pobreza crónica participan como sus pares no vulnerables en el mundo del trabajo. En cambio, las brechas de participación laboral de las mujeres en pobreza crónica respecto de sus pares menos desaventajadas son muy grandes por el déficit de políticas de cuidado para hijos pequeños. En síntesis, los grandes problemas son los bajos ingresos y la informalidad laboral así como la falta de reconocimiento al trabajo doméstico de las mujeres.
El documento presenta diez medidas prioritarias en pos de reducir la pobreza crónica y la desigualdad, resultado de investigaciones, experiencias internacionales. Las propuestas fueron objeto de debate con políticos, movimientos sociales, sindicatos, ONGs, académicos y representantes del sector privado. Las recomendaciones se presentan agrupadas en cuatro objetivos complementarios entre sí.
El primer objetivo es mitigar los efectos de la crisis actual. Para ello, es necesario universalizar y fortalecer las transferencias monetarias a hogares con niños y adolescentes, cubriendo a los que no están recibiendo el derecho y actualizando el monto de los ingresos. En una situación de emergencia alimentaria es preciso proveer alimentos saludables y de calidad, facilitando su distribución a los hogares y a comedores y escuelas.
El segundo objetivo es desactivar la reproducción de la pobreza crónica. Son cuatro conjuntos de políticas cuyos efectos se notarán con el paso del tiempo. En primer lugar, es central fortalecer las acciones para prevenir el embarazo no intencional en las adolescentes y jóvenes, con consecuencias negativas en quienes las experimentan y sus hogares. En segundo, extender los espacios de crianza, enseñanza y cuidado, de modo de que estas tareas no recaigan sobre las mujeres de sectores populares. Esto favorece el desarrollo temprano infantil y permite mayor participación laboral de las mujeres. Un tercer foco debe ser garantizar la permanencia y terminalidad educativas, ya que es improbable salir de la pobreza sin suficientes años de escolaridad. Una de los caminos es reforzar las políticas de protección de trayectorias escolares en los sectores y territorios con indicadores más críticos de aprendizaje y abandono. Otra es garantizar la terminalidad educativa de los adultos que abandonaron la escuela. En cuarto lugar, hace falta extender las políticas de acceso y mejoramiento del hábitat. Políticas de acceso a la tierra y vivienda así como de mejoramiento de las condiciones de los barrios son centrales. Además, hay que mejorar la planificación urbana y regular el mercado del suelo para que sea accesible a quienes lo necesitan.
El tercer objetivo es volver a políticas que mejoren el acceso al trabajo de calidad. Los adultos en pobreza crónica trabajan pero en condiciones precarias y las mujeres y los jóvenes tienen muchos problemas para acceder a un empleo de calidad. Deben potenciarse las políticas de regulación y protección laboral y combinarse con políticas de empleo y para la economía popular. Por ejemplo, reforzar el lugar de la economía popular en las distintas cadenas de producción y comercialización mediante compras públicas y favoreciendo su acceso a mercados.
Pero todas estas políticas requieren sostenibilidad y recursos para fundar una estrategia que se sostenga en el tiempo. El descenso de la pobreza no se dará en un solo período de gobierno, por lo cual es necesario establecer los pisos mínimos de inversión. Pero sobre todo, es preciso tener un sistema de recaudación que tienda a la progresividad. En efecto, nuestro sistema tributario actual es regresivo y se debe tender a aumentar el peso de la imposición directa y disminuyendo la imposición indirecta, como el IVA, que perjudica a los que menos tienen. Sin un sistema tributario progresivo es imposible disminuir la desigualdad. Sería importante también contar con un organismo rector que coordine y haga un seguimiento de las estrategias de disminución de la pobreza. Por supuesto que no son medidas fáciles ni sin costos, pero disminuir la pobreza debería ser uno de los objetivos prioritarios del próximo gobierno y de la sociedad en su conjunto.
