El proyecto de emergencia alimentaria que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados es un producto de la crisis económica y social que atraviesa al país. Lo hemos visto en la historia reciente: en períodos de crisis económica aumenta la pobreza. Esto implica que empeora la vulneración de derechos básicos de las personas. En contextos como este, urge la necesidad de reforzar las acciones redistributivas hacia los sectores más vulnerables.
Los últimos datos de indigencia y pobreza muestran aumentos respecto del año anterior. 32% de las personas (alrededor de 14 millones de personas) no cuentan con ingresos suficientes para acceder a los bienes y servicios necesarios para llevar una vida digna. En el año anterior esta cifra era de 26% para el mismo período. Con respecto a los niveles de indigencia, también se arrojaron resultados preocupantes con un aumento de 4,8% a 6,7% de las personas que no cuentan con los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica alimentaria. Esto significa que más de 2,7 millones de personas se encuentran en situación de indigencia en el país.
Más alarmante aun, la indigencia y la pobreza se concentra en los niños/as y adolescentes: cuatro de cada diez niños/as de menos de 15 años está en la pobreza y uno de esos cuatro niños/as se encuentra en la indigencia.
Tristemente, hoy esos datos ya están desactualizados y no para mejor. Frente a los efectos de la recesión, las devaluaciones y los aumentos de precios que tuvieron lugar en 2019, veremos un empeoramiento en estas cifras. Asegurar políticas que permitan mitigar los efectos negativos de la crisis económica en los sectores más vulnerables debe ser la principal prioridad.
La discusión de la emergencia alimentaria irrumpe en este contexto. La malnutrición se puede dar tanto por carencia de alimentación (desnutrición) como por exceso, por ejemplo, mediante el consumo de alimentos poco saludables pero más asequibles. Acceder a una alimentación adecuada en cantidad pero también en calidad es una condición necesaria para el desarrollo pleno de las personas.
En el marco del proyecto de META (Metas Estratégicas para Transformar la Argentina), se discutió en CIPPEC sobre propuestas para reducir la pobreza con diversos actores de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresarios y políticos. En esos encuentros, se resaltó la necesidad de priorizar a las acciones que tienen un impacto directo y automático sobre los ingresos de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Esto implica fortalecer el sistema de transferencias a hogares con niños y adolescentes y reforzar las políticas para asegurar la provisión de alimentos de calidad.
Tres intervenciones son centrales para asegurar la provisión de alimentos a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. El principal es el Programa de Políticas Alimentarias, que incluye modalidades de intervención a través de las tarjetas alimentarias, comedores escolares y comunitarios y la asistencia alimentaria directa. También se llevan a cabo acciones mediante el Plan Nacional de Protección Social, que incluye transferencias de recursos en especie o monetarias y el plan Pro Bienestar (PAMI), a través del cual se distribuyen bolsones alimentarios en los Centros de Jubilados.
El proyecto de seguridad alimentaria que se aprobó esta semana refuerza las líneas de ejecución de estos tres programas. Prevé una actualización del presupuesto con un aumento de un mínimo de 50% de las partidas presupuestarias para políticas alimentarias en 2019. A su vez, establece a partir de 2020 la actualización de los montos de forma trimestral para asegurar que no pierdan su valor frente a la inflación. Finalmente, el proyecto habilita mecanismos para agilizar los procesos de ejecución en el marco de estos programas.
La decisión casi unánime de Diputados respalda la necesaria respuesta ante la creciente urgencia social. Sin embargo, aún queda espacio para avanzar en la mejora de estos programas. Visto que la ejecución se realiza en distintos niveles jurisdiccionales será crucial resolver problemas de coordinación, cofinanciamiento y articulación entre nación, provincias y municipios. A su vez, en el mediano plazo, se pueden estudiar mecanismos para mejorar la calidad de las prestaciones. Por ejemplo, se puede habilitar la compra de alimentos más variados a través de las tarjetas alimentarias, priorizando a aquellos de calidad. Para la provisión de alimentos en los comedores se pueden fortalecer los sistemas de articulación con pequeños productores locales. Por último, será importante generar sistemas de información que permitan desarrollar herramientas de coordinación, articulación y monitoreo para la mejora progresiva de estos programas.
Avanzar en atender la emergencia alimentaria es sólo la punta del ovillo. La pobreza es un fenómeno multidimensional y complejo. En los últimos 30 años, no se ha logrado perforar el piso de un 25% de pobreza. No solo es necesario recuperar un sendero de crecimiento económico, sino que reducir la pobreza requerirá de una estrategia integral y coordinada con los diversos actores de la sociedad que se sostenga en el tiempo. Además de las acciones en el corto plazo para paliar los efectos de la crisis, esta estrategia deberá incluir políticas que permitan romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza, mejorar las condiciones de trabajo, y establecer mecanismos para asegurar los recursos para llevar a cabo estas acciones y su sostenibilidad. Recorrer este camino es la única forma que tendrá el país, durante la próxima gestión de gobierno, para cambiar la realidad de 14 millones de argentinos/as.
