Un informe de 14 páginas, sin rechazos al tarifazo, pero con una profundidad poco frecuente para discutir la cuestión energética sin caer en la grieta, se convirtió en una de las mayores críticas a la gestión de Mauricio Macri en electricidad, un área que está en cabeza del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Quizás eso se deba a que el texto fue originado en el Cippec, un organismo con llegada al Gobierno y con influencia en el sector público. Allí cuestiona que la Casa Rosada se debió comprometer a pagar altas tasas de retorno para que las empresas inviertan, algo que provocará un costo adicional a ser pagado por los usuarios.
El trabajo es de Diego Bondorevsky, investigador principal del Cippec. Cuestiona que el Gobierno les abrió la puerta del negocio primero a las grandes empresas, cuando en el mundo los pequeños productores adquirieron un rol trascendental. Y lamenta que se firmaron contratos a largo plazo “de forma centralizada, sin fundamentos públicos y comprometen pagos a realizar por los consumidores por los próximos 15 años”.
Días después del recambio en la Casa Rosada, el Gobierno decretó la emergencia eléctrica. La gestión de Julio De Vido había dejado un sistema precario en el que se repetían los cortes por la situación del sector de distribución, con riesgo concreto, además, de que la oferta eléctrica no alcanzara para cubrir la demanda por la escasez de reservas. “Hoy estamos al borde de un colapso [energético]”, resumió en aquel momento Aranguren.
Energía lanzó en marzo del año siguiente la denominada resolución 21, por la cual se licitaron aproximadamente 3100 megawatts (MW) de generación térmica para evitar cortes. Esos contratos, denominados PPA, se firmaron a 10 años y se efectivizaron en un precio medio de US$21/kW-mes. “Para poner en contexto esos valores, en Chile los precios resultantes de esa tecnología son de aproximadamente US$8,5/kW-mes, y en México (un sistema con gran componente térmica y de mayor escala) del orden de US$6/kW-mes”, sostiene el trabajo de Bondorevsky. “Las elevadas tasas internas de retorno requeridas por los inversores en las licitaciones, en un contexto en el cual se sumaban un alto riesgo país y el riesgo específico del sector, que definieron plazos de recuperación de la inversión de 4 a 5 años, ponen en duda la decisión de privilegiar un resultado de corto plazo (evitar los altos costos de la energía no suministrada) asumiendo costos significativamente mayores que los que tendría el sistema con cortes”, resume el documento. Según los números de Bondorevsky, el sistema tiene un costo anual adicional de US$600 millones por esta medida (aproximadamente US$2700 millones en total a valores presentes por 12 años).
“Dado que los consumidores son quienes se van a hacer cargo de estos costos por los próximos años, este tipo de contratos se transforman en hipotecas muy caras a pagar” para ellos.
Ante la consulta de LA NACION, Bondorevsky reconoció que a la llegada del nuevo gobierno el margen de reserva era mínimo. Por eso, aclara que su gran crítica es “a la forma en la que se toman las decisiones. ¿Por qué en tan poco tiempo se toman decisiones tan importantes? ¿Por qué las decisiones, que implican transferencias de consumidores a empresas de mucha plata, son tan centralizadas?“.
El trabajo del Cippec cuestiona la escasa participación que el Gobierno les dio a los pequeños generadores de energía, una especie que proliferó rápidamente en el mundo en los últimos años. De acuerdo con el documento, el plan de energías renovables que lanzó Energía (RenovAr), una de sus medidas con mejor acogida entre el público y los inversores, se estructuró a través de contratos que no contemplan la posibilidad de que medianos usuarios autogeneren energía ni exporten los sobrantes a la red. “Por el contrario -cuestiona-, RenovAr también garantiza un flujo de fondos a los inversores mediante contratos de largo plazo en un contexto de costos decrecientes de las tecnologías renovables”, sostiene.
El Gobierno comenzó a atender esa dificultad. En noviembre del año pasado se aprobó la ley que fomenta la denominada generación distribuida, para que usuarios domésticos generen de manera individual, que fue reglamentada en los últimos días de diciembre.
Finalmente, el Cippec cuestiona que en el país “no existe actualmente un plan de largo plazo, expresado en forma pública y transparente para el sector eléctrico”. Según Bondorevsky, puede ocurrir que los funcionarios se lo hayan contado a las empresas en reuniones, pero no a la sociedad en su conjunto.
Ante la consulta de LA NACION, el Ministerio de Energía respondió por escrito. A continuación, los puntos sobresalientes: “La situación de contexto cuando se decidió la convocatoria estaba caracterizada por falta de reservas en todas las etapas de la cadena del suministro eléctrico y un nivel muy alto de vulnerabilidad de los equipos e instalación, factores que daban una alta probabilidad de existencia de cortes de suministro”, se explicó. “Otro punto a tener en cuenta al comparar los precios medios en US$/kw-mes es la diferencia en el riesgo país y los estándares para obtener financiamiento que existían y aún persisten entre la Argentina, Chile y México. Si bien los precios por los PPA fueron altos respecto de países como Chile y México, los mismos fueron mucho más bajos que los concedidos por el Estado en la administración anterior, en la gestión previa a la iniciada en diciembre de 2015”.
El ministerio agregó: “Ya se han tomado medidas para superar la emergencia eléctrica; a partir de una situación más estable con la finalización de la misma, se concentrarán esfuerzos y atención en definir políticas y acciones que orienten en mejor forma a la oferta y a la demanda en sus decisiones. Y ya se ha promovido por medio de incentivos adecuados, y se ha verificado, la instalación de medidores inteligentes en varias de las empresas distribuidoras”.