Las desigualdades se eternizan cuando se naturalizan. Hay que sacarlas de su ostracismo. Desde la investigación, hace muchos años que hablamos de la profunda desigualdad en el financiamiento educativo de las provincias y explicamos sus causas. Tierra del Fuego invirtió 80 mil pesos por alumno estatal en 2015 mientras Santiago del Estero apenas llegó a 16 mil. Pese al gran incremento del presupuesto educativo, que pasó de representar el 3,7% del PBI en 2004 al 6,6% en 2015, las desigualdades en la inversión por alumno de las provincias más aventajadas y las más pobres se mantuvo en una brecha de 2,5 veces.

La brecha salarial docente entre las seis provincias que pagan salarios más altos y las seis con salarios más bajos se redujo apenas de 1,8 veces en 2005 a 1,7 en 2016. No es justo que los alumnos de las provincias más pobres tengan peores condiciones en sus escuelas y docentes con salarios más bajos. No es justo que a igual trabajo se pague un salario diferente según el lugar de la Argentina donde les toque vivir a los docentes (más allá de ciertas diferencias entendibles por distintos costos de vida).

Las causas más profundas vienen de la enorme desigualdad de los niveles de desarrollo del país. A esto se adiciona nuestro régimen de distribución de los recursos estatales, la Coparticipación y otros fondos paralelos, extremadamente injustos y arbitrarios.

Frente a esta situación es necesario discutir un modelo de crecimiento económico que reduzca la desigualdad productiva entre las provincias, un esquema de redefinición de la Coparticipación y del sistema impositivo en general para lograr más equidad sin perder eficiencia.

A la política educativa le cabe también un espacio en el combate de las desigualdades extremas de las provincias (y dentro de ellas). Sacando el gasto universitario el mayor gasto que tiene el Ministerio de Educación de la Nación es el Fondo de Incentivo Docente (FONID). En 2016 representó el 41% del presupuesto educativo nacional destinado a educación básica.

El FONID cumplió con una deuda histórica al responder las demandas de recomposición salarial en 1999. Pero no reconoció la desigualdad salarial imperante: pagó lo mismo a todos los docentes del país. En 2005 nació el Fondo Compensatorio Salarial, con la misión explícita de reducir las desigualdades salariales entre las provincias. Tenía una misión loable, aunque su distribución seguía más a las provincias que pagaban bajos salarios que a las causas de esas disparidades.

Hoy el Fondo Compensatorio está languideciendo. De representar el 23% del FONID en 2015 (algo similar a años anteriores, cuando fluctuaba en un cuarto del FONID), disminuyó drásticamente al 6% en 2016. Este camino es exactamente el inverso al que se necesita para paliar, aunque sea en parte, las injusticias del federalismo argentino.

En vez de disminuir el Fondo Compensatorio, que asiste a los salarios de las provincias más pobres, y aumentar el FONID, que es igual para todos en un país muy desigual, hay que ir en camino inverso. Pero no alcanza con aumentar el Fondo Compensatorio Salarial y disminuir el FONID (proporcionalmente, porque aquí ni siquiera se está planteado un aumento global de este doble fondo, sino apenas una redistribución más justa). Es clave institucionalizar su distribución.

Hasta ahora se usaron criterios bien intencionados pero arbitrarios. Es necesario crear una fórmula de distribución objetiva que tome en cuenta el origen de las desigualdades entre los salarios docentes provinciales. Nuestra propuesta desde CIPPEC es que ese Fondo se distribuya en base a un criterio central: la cantidad de recursos estatales por habitante, el principal predictor de la desigualdad salarial. Adicionalmente se puede premiar a las provincias que mayor esfuerzo realizan por la educación, ajustando la fórmula según gasto educativo frente al gasto total.

Esto favorecería a las provincias con menos recursos y que más se esfuerzan por la educación. Así, el Ministerio de Educación de la Nación podría contribuir, con las herramientas presupuestarias que ya dispone, a disminuir la brecha de inversión por alumno y salarios docentes entre las provincias. Los sindicatos podrían sumarse a esta posición para que sus afiliados reciban un salario más justo, si es que logran escapar a sus propias disputas interprovinciales. Todo el reparto del federalismo requiere la grandeza de múltiples actores políticos poniendo la equidad y el bien común por encima de las tentaciones del corto plazo.

Las desigualdades dejan de ser eternas cuando las hacemos visibles. Y mucho más cuando tenemos a nuestro lado herramientas políticas concretas para reducirlas. Aumentar el Fondo Compensatorio, regularlo de forma objetiva y disminuir a cambio el FONID es un camino concreto para tener mayor justicia educativa federal.