Sin el respaldo necesario para una reforma del sistema de votación, el Gobierno prevé acelerar el tratamiento de un proyecto que introduce cambios importantes en la regulación del proceso proselitista. Concebida con el objetivo declarado de transparentar el financiamiento de las campañas, la iniciativa propone autorizar los aportes de empresas privadas, prohibidos por ley desde 2009.

De acuerdo con la última versión del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en marzo, se permitirá el aporte de personas jurídicas, con donaciones que tendrán como tope el 2% del total de los gastos permitidos. La discusión de la parte más importante de la reforma electoral, que tiene como núcleo la implementación de la boleta electrónica, seguirá congelada en el Senado, al menos hasta el segundo semestre.

La propuesta de cambios en el financiamiento, que genera resistencia en un sector de la oposición, es parte de una serie de iniciativas tendientes a transparentar el origen y el destino del dinero que se mueve en las campañas electorales. “Necesitamos que el financiamiento de los partidos y la forma en que gastan el dinero salgan de la zona de opacidad en que se encuentran muchas veces y se expongan a la luz pública”, dijo a LA NACION el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.

El proyecto contempla la bancarización de los aportes, un registro de donaciones y gastos en tiempo real, otro de proveedores de bienes y servicios para la campaña, una profundización del control sobre el origen de los fondos, la ampliación de las restricciones de la publicidad oficial en los períodos proselitistas y la aplicación de sanciones por el uso de recursos públicos con fines partidarios.

El punto que más entusiasmo genera en las organizaciones que participaron en las conversaciones previas a la presentación del proyecto es la bancarización total de los aportes, que implica la prohibición de efectuar donaciones en efectivo. El objetivo del proyecto es garantizar la trazabilidad del dinero y la identificación del donante. Los partidos deberán, además, informar los aportes recibidos y los gastos realizados en un plazo máximo de 5 días, y no como ahora, que los informes se presentan después de finalizada la campaña.

Más cambios

En la iniciativa del Poder Ejecutivo se destaca también la propuesta de extender de 15 días a un mes el período en el que se prohíbe la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto. Además, se prohíbe la inclusión de imágenes, nombres y voces de candidatos en la publicidad oficial. Se trata de una demanda generalizada para evitar que el oficialismo de turno corra con ventaja en la competencia electoral.

El punto que generará mayor discusión es el de la habilitación para los aportes de empresas. “El impedimento de aportes de empresas no funcionó. Solo incrementó el aporte en negro de las empresas y la aparición de prestanombres’. Que las personas jurídicas puedan aportar, con tope y todo bancarizado, nos parece la mejor opción”, sostuvo Pérez.

Las irregularidades en el financiamiento de las campañas alcanzaron a todos los candidatos en las elecciones presidenciales de 2015. En julio del año pasado, la jueza electoral María Servini de Cubría desaprobó las rendiciones de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa, al detectar aportes indirectos de empresas. La estrategia de Cambiemos fue canalizar las donaciones de empresas por medio del partido Pro Nacional, dado que esos aportes están vedados para la campaña, pero no para el desenvolvimiento diario de las agrupaciones.

En las ONG que suelen trabajar el tema las opiniones difieren. En el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) se mostraron de acuerdo con el camino elegido en el proyecto, esto es, permitir los aportes empresarios, pero con un tope claro. “El problema es cuando no sabemos quién puso la plata y en qué se gastó. Si se establecen topes bajos a los aportes de personas jurídicas, se impiden eventuales condicionamientos de parte de los empresarios a los gobernantes”, dijo a LA NACION Lara Goyburu.

Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), cuestionó el giro que se propone. “Si la prohibición de aportes de empresas es violado deberían profundizarse los controles, no eliminar la prohibición. Si se habilita el aporte de empresas, se corre el riesgo de que las políticas públicas no estén orientadas a beneficiar a las mayorías”, afirmó.

Por: Gabriel Sued
La Nación