La brecha entre la provincia que paga mayores salarios a sus docentes (Santa Cruz, seguida por Tierra del Fuego, Córdoba y Chubut) y la que paga menores (Santiago del Estero, seguida por Formosa, Misiones y Catamarca) es de 2,2 veces, según el documento “¿Qué cambió en el financiamiento educativo en Argentina?” elaborado por el CIPPEC en base a datos de septiembre.
“Más allá de las diferencias de costo de vida, la equiparación de las desigualdades provinciales es una asignatura aún pendiente a pesar del importante incremento en la inversión educativa a nivel agregado”, evalúa Axel Rivas, investigador principal del programa de Educación del CIPPEC y coautor del documento.
Describe asimismo que “las disparidades guardan estrecha relación con los recursos fiscales por habitante de cada provincia y se deben principalmente a la coparticipación federal”.
El gasto agregado de la nación, las provincias y los municipios en educación entre 2005 y 2015 pasó de 4,2 % a 6,6 % del PBI, en un contexto de crecimiento de la economía, de la presión tributaria y del gasto público consolidado.
Mientras el gasto nacional en educación se centra en educación superior (60 %) y fondos salariales (17 %), el de las provincias va a la gestión y operación de las escuelas. Entre 2005 y 2015 la inversión educativa provincial incrementó su participación en el PBI en casi 50 por ciento.
Pero estos indicadores esconden grandes desigualdades entre provincias en materia de salario docente, gasto por alumno y esfuerzo educativo (la proporción de recursos destinados a la educación respecto del gasto total de cada provincia).
Fondos salariales que no logran su objetivo
“El Fondo de Compensación Salarial (FCS), que busca compensar desigualdades en las provincias es un avance para reducir las desigualdades entre las provincias, aunque no tiene criterios transparentes de distribución”, describe Rivas.
El FCS se redujo en proporción al FONID; que se distribuye por igual a todos los docentes, sin reconocer la gran disparidad salarial docente. Hay provincias muy pobladas y con bajo gasto público por habitante que no reciben recursos del Fondo Compensatorio. Por caso, la provincia de Buenos Aires es por lejos la que tiene menos recursos fiscales por habitante y también la que más se esfuerza presupuestariamente por la educación.
Recomendaciones
“La equiparación de las desigualdades provinciales es una asignatura aún pendiente a pesar del importante incremento en la inversión educativa a nivel agregado”, evalúa, para luego dar cuenta que “las disparidades se deben a la coparticipación federal y a falencias estructurales para lograr un desarrollo económico que alcance a todas las regiones del país”.
Como reformar la coparticipación excede a la política educativa, el documento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento sugiere otorgar más peso al FCS y definir criterios transparentes de asignación de los recursos.
“El Ministerio de Educación de la Nación tiene una capacidad limitada para paliar las desigualdades pero debe explotarla al máximo”, enfatiza Rivas.
Así, el CIPPEC recomienda un rol más activo por parte del Estado nacional en la disminución de las desigualdades educativas de las provincias a través del reparto de los fondos salariales.
Se propone aumentar los recursos salariales destinados a las provincias con menos recursos fiscales potenciando el Fondo Compensatorio Salarial y, de no haber aumento del presupuesto, usando los recursos del FONID para disminuir la brecha salarial entre provincias, en vez de ir en la dirección opuesta como se hizo en 2016 y 2017 (cuando disminuyó la proporción del FCS frente al FONID).
Para reducir las desigualdades entre las provincias, el FCS podría crecer (en términos absolutos y/o en su participación en relación con el FONID) y tener criterios de distribución transparentes y objetivos.
La fórmula para repartir el FCS debería basarse, además de en la cantidad de docentes de cada provincia, en los recursos fiscales por habitante y, en menor medida, en el esfuerzo presupuestario que cada jurisdicción hace por la educación. A menos recursos por habitante y a mayor esfuerzo, más transferencia del gobierno nacional.
“Los recursos fiscales por habitante son la causa central de la desigualdad en el salario docente. El mayor esfuerzo presupuestario provincial por la educación podría ser tomado como un criterio que premia e incentiva a las provincias que más invierten en educación”, concluye Rivas.
