El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, criticó “el descuido que la política ha provocado” en el sistema estatal y sostuvo que, si se tiene en cuenta sólo la administración central, “de los 210 mil empleados que tiene el Estado, hay 140 mil aproximadamente que son de planta y 70 mil, o sea, el 50% de los de planta en la administración central, que son contratados”.

¿A qué hace referencia el ministro? Según los datos oficiales, el Estado nacional hace años que incumple con lo que disponen las leyes sobre cómo debe contratar a sus empleados.

El Estado, a nivel nacional, tiene diferentes maneras de contratar personal, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Algunas de ellas son el régimen de estabilidad o de contrataciones por tiempo determinado. En la práctica, existen otras figuras, aunque no están en esta ley, como la contratación de monotributistas.

“Los regímenes laborales dentro del Estado son muy heterogéneos, hay diferentes criterios. Depende de cada organismo y de la naturaleza jurídica de cada programa o contrato”, explicó a Chequeado Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Según un trabajo de esta organización, “el déficit de un marco normativo homogéneo ha multiplicado formas de contratación que confluyen en situaciones de inequidad y precarización laboral”.

La norma debería ser la contratación en el régimen de estabilidad, es decir de planta permanente. Las contrataciones por tiempo determinado o en planta transitoria sólo pueden representar un porcentaje de los empleados que es fijado por el convenio colectivo. Hoy el convenio vigente es el de 2006, que establece en un 15% la proporción de personal transitorio sobre el total de trabajadores permanentes.

Existen diferentes figuras entre quienes no son empleados permanentes. Una de ella es la de empleado en planta transitoria. Estos trabajadores son empleados estatales y forman parte de un convenio colectivo de trabajo, por lo que gozan de vacaciones, paritarias y aportes sociales, así como también pueden avanzar en la carrera administrativa, por lo que supone un paso previo a la planta permanente. Si bien la ley impone que su trabajo deberá enfocarse en proyectos específicos y de tiempo limitado, en la práctica suelen desempeñarse muchas veces en tareas permanentes.

Por otra parte, existen los llamados “contratados”. Se trata de empleados “por tiempo determinado” que deben renegociar su situación periódicamente. Las diferencias de los contratados es que no gozan de estabilidad (todos los años cada organismo debe renovar o no sus contratos) y no pueden llevar adelante una carrera administrativa. Además, existen empleados que están formalmente contratados por un tercero, como una universidad, pero que en la práctica trabajan en el Estado y tienen una situación aún más precaria.

“Todos los fallos que hay en contra del Estado dicen que los contratos deben tener un objeto con un plazo fijo, como puede ser un proyecto determinado. Si el trabajador va a cumplir tareas comunes del día a día, el plazo no es fijo, por lo que la persona debería ser contratada en tiempo indeterminado”, explicó a este medio el abogado laboralista Julián de Diego, socio fundador del estudio De Diego & Asociados.

Según el último informe sobre empleo público del Ministerio de Trabajo de la Nación, con datos hasta diciembre de 2016, había un mínimo de 3,5 millones de empleados públicos en todo el país (a nivel nacional, provincial y municipal), de los cuales 740 mil (21%) correspondían a puestos de trabajo en el Estado nacional, mientras que la mayoría es empleo público provincial (2,3 millones que representan el 66%).

La información enviada a Chequeado por el Ministerio de Modernización de la Nación muestra que, en diciembre de 2017, 210 mil eran empleados de la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada marcada por Ibarra (que abarca sólo al Poder Ejecutivo Nacional y otros entes como la AFIP, el PAMI o el INCAA).

De estos 210 mil empleados de la administración central, casi 120 mil se encuentran en planta permanente, mientras que 20 mil están en planta transitoria (la planta representa el 67%) y 70 mil simplemente están contratados (33%).

Estas cifras mejoraron levemente desde la asunción de Cambiemos. Según informó a Chequeado el sector de Prensa del Ministerio de Modernización, en noviembre de 2015, último mes de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la planta permanente y transitoria alcanzaba 146 mil empleos (65%), mientras que los contratos eran 79 mil (35%).

En los últimos años el empleo bajo la figura de contrataciones aumentó más que el de planta. Según un estudio de CIPPEC, la participación de los trabajadores contratados pasó de representar el 15% del total de los empleados públicos en 2003 al 30% en 2012.

Además, estas diferencias en la situación laboral también implican diferencias salariales. Según los datos de CIPPEC, un empleado en planta transitoria en 2012 ganaba, en promedio, un 70% del salario de un trabajador de planta permanente. En el caso de los contratados, ese porcentaje bajaba al 63% del sueldo promedio de un empleado con estabilidad.

Por Martín Slipczuk
chequeado.com