La creación de una licencia especial de 15 días corridos por nacimiento o adopción para asalariados/as formales, tal como plantea el proyecto de ley 0001-PE-2018, presentado en el Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo sería un notorio avance respecto al escenario actual.
En primer lugar, representaría una extensión de la licencia por paternidad, que actualmente otorga solo dos días. Segundo, brindaría un período de licencia a las familias adoptivas y homoparentales, quienes hoy no tienen garantizado este derecho.
Sin embargo, esta modificación del régimen debería ser el primer paso en el marco de una ampliación gradual de las licencias que incluya a todas las familias, definiendo el cuidado como un derecho de todos los niños e independientemente de la situación laboral de sus padres. También resulta esencial garantizar su financiamiento, al menos parcialmente, por medio de la seguridad social y/o fondos públicos, a fin de promover la corresponsabilidad del Estado en el cuidado y evitar la discriminación en la contratación y retención de empleados.
En Argentina, sólo uno de cada dos trabajadores puede acceder a un período de licencia ante el nacimiento de un hijo, ya que dicho derecho solo se encuentra garantizado para los trabajadores registrados en relación de dependencia. En cambio, se encuentran excluidos los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) y aquellos que trabajan en la economía informal. Esto último contribuye a ampliar la brecha socio-económica en la población empleada: quienes no tienen acceso a un período de licencias son aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Con el fin de alcanzar una mayor equidad y mitigar las desigualdades socio-económicas, es preciso incluir a los trabajadores independientes en el régimen de licencias y diseñar esquemas complementarios para las familias cuyos jefes/as trabajan en la economía informal y cuyos hijos no gozan plenamente del derecho a ser cuidados en sus primeros días de vida.
Asimismo, al otorgar un período de licencia significativamente más prolongado a la mujer y no otorgar un período de licencia de uso indistinto, el régimen vigente presenta un sesgo maternalista que refuerza los roles y estereotipos de género en la crianza y el cuidado, mientras que obstaculiza el cierre de brechas de género en el mercado laboral. En un contexto en el cual se estima que las mujeres transitan a la inactividad hasta 20 veces más que los varones en edad reproductiva y ante el próximo fin del bono demográfico (estimado para 2043) – etapa durante la cual Argentina tendrá una mayor población económicamente activa que dependiente – es necesario promover la inserción y la permanencia laboral femenina para lograr un mayor crecimiento económico. Un régimen de licencias que fomente el rol de los padres en el cuidado, extendiendo significativa y gradualmente la licencia por paternidad, podría contribuir a este objetivo.
Por otro lado, si bien la propuesta es un avance en términos de equidad, las familias homoparentales, monoparentales y adoptivas aún no tendrían los mismos derechos. La licencia parental o familiar también otorgaría mayor flexibilidad a estas familias.
Desde CIPPEC proponemos una extensión gradual del régimen de licencias para los trabajadores registrados y la creación de un esquema complementario para los trabajadores de la economía informal, ambos basados en los principios de universalidad, co-parentalidad y equidad. En este marco, sugerimos establecer metas de ampliación progresivas hasta alcanzar los 30 días de licencia por paternidad, 98 días de licencia por maternidad y 60 días de licencia familiar en 2030. Estas acciones van en línea con las recomendaciones n° 165 y 191 de la OIT que resaltan, entre otros puntos, la necesidad de que padres y madres cuenten con un período de licencia parental, la implementación gradual de estas medidas y la necesidad de establecer legislación y prácticas nacionales al respecto.
Para alcanzar los objetivos propuestos por las políticas de licencias, resulta también imprescindible alejarse de los esquemas que imponen su pago a los empleadores. Según la OIT, este modo de financiamiento no cumple con los principios de solidaridad y mutualización de riesgos que deberían guiar un régimen de corresponsabilidad del cuidado, mientras que podría promover prácticas discriminatorias hacia empleados/as con responsabilidades familiares o en edad reproductiva. Atendiendo a las restricciones presupuestarias existentes y con el fin de garantizar el acceso de todos los padres y las madres a un período de licencia, para facilitar su financiamiento se sugiere implementar un tope máximo en el monto a pagar para los salarios más altos. Asimismo, el esquema de licencias podría incorporar tasas de reemplazo diferenciales para madres y padres.
Por otro lado, dado que promover la universalidad mediante la incorporación de los trabajadores monotributistas y autónomos también implicaría un aumento en los costos del régimen, se propone modificar las actuales contribuciones de ambos grupos para incorporar un nuevo pilar que garantice el acceso a un período de licencia ante el nacimiento o la adopción de un/a hijo/a.
Un régimen de licencias de estas características sería una de las mejores inversiones que el país podría realizar en pos de la equidad y para garantizar un mejor futuro para todos sus habitantes.
