Publicado el 2 de abril
En el segundo semestre del año pasado la pobreza aumentó. Pasó de alcanzar al 32% de personas durante el segundo semestre de 2018 al 35,5% para el mismo periodo de 2019, lo que implica que alrededor de un millón y medio de personas más se encuentran en la pobreza respecto del periodo anterior. La pobreza se concentra en niños, niñas y adolescentes. Para este periodo se observa que en el grupo de quienes tienen menos de 15 años, el 52,3% se encuentra en la pobreza, casi 17 puntos porcentuales por encima del total general. Esta observación confirma la infantilización de la pobreza, fenómeno que se viene observando en semestres anteriores.
Reducir la pobreza es un imperativo jurídico, ético, social, político y estratégico. A la urgencia de cumplir con este imperativo se suman nuevos desafíos dado el contexto, marcado por una profunda caída de la actividad en el marco de la pandemia del COVID-19. Sus efectos económicos y sociales impactarán de forma diferencial a quienes están en la pobreza.
En primer lugar, aquellas personas que se encuentran en la pobreza tienen empleos más precarios respecto al resto de la población. Tienden a trabajar más en la informalidad, en empleos independientes poco calificados, en pequeñas empresas y/o en trabajos temporales (a través de changas, por ejemplo). Esto implica que son más proclives a quedar excluidos de los sistemas de protección establecidos en el sector formal. Según el informe sobre la pobreza crónica elaborado por Gasparini et al. (2019), del 10% más vulnerable de la población solo alrededor de un tercio tiene un empleo con derecho a jubilación y/o seguro de salud y hasta un 35% declara no tener un trabajo fijo.
En segundo lugar, el cese de clases tiene efectos que pueden acentuar las inequidades frente al derecho a la educación. La escuela conforma un actor indispensable para la organización del cuidado en los hogares y el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Con el cese de las clases como medida de precaución para evitar el contagio del virus, los hogares con menos recursos se ven confrontados a mayores dificultades para conciliar la necesidad de trabajar para asegurar un ingreso con la carga adicional en tareas de cuidado. A su vez, esto también tiene implicancias en la desigualdad de género ya que, tradicionalmente, la carga de cuidado recae de forma casi exclusiva sobre las mujeres. Por otro lado, las brechas en términos de conectividad y de uso de dispositivos digitales implican mayores dificultades para que los niños/as de los sectores más vulnerables accedan de forma efectiva a estrategias alternativas para continuar los procesos de enseñanza-aprendizaje en sus hogares.
En tercer lugar, las personas en situación de pobreza viven en condiciones de hábitat precarias que dificultan el cumplimiento de las medidas de distanciamiento establecidas. Esto no solo implica el menor acceso a la conectividad a través de internet y/o la televisión, factores cruciales para sostener el tejido social en momentos de distanciamiento físico, sino que, también implica no tener acceso a bienes básicos como la red de gas y a vivir en viviendas de materiales precarios con altos niveles de hacinamiento.
El gobierno mostró que no es ajeno a los desafíos diferenciales que operan en la población y anunció diversas medidas con el objetivo de paliar los efectos negativos en los sectores más vulnerables mientras se sobrelleva la pandemia. Para el refuerzo de los ingresos de los hogares se anunciaron políticas como el pago extra de $3.100 a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un refuerzo adicional de $3.000 para los que son titulares de políticas de empleo como Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario. A su vez, durante el mes de abril se transferirá un Ingreso Familiar de Emergencia por $10.000 destinado a los hogares de los trabajadores monotributistas de las primeras categorías (A y B), trabajadores informales y/o trabajadores de casas particulares. Por otro lado, se anunció que se buscará asegurar el rol de las escuelas para el acceso a alimentos por los niños/as de hogares más vulnerables mediante la provisión de viandas. Finalmente, se prevé un bono de $3.000 destinado a los adultos mayores que perciben jubilaciones mínimas.
Esta crisis sanitaria, sin precedentes en la historia reciente, muestra la importancia de generar pisos de protección social fuertes. Ilustra cuán relevante es la participación, la responsabilidad y el bienestar de todos y todas. Es menester tener en cuenta que Argentina acarrea con impactos negativos de años recesivos anteriores y tiene menos margen de maniobra que otros países. Por ende, será crucial calibrar las medidas con el objetivo de potenciar los mejores efectos posibles en términos de salud y de protección social para toda la población. Salir adelante, requerirá de un esfuerzo conjunto fuera de lo común, a la altura de un escenario fuera de lo común.
