Publicado en mayo de 2021
Entre muchos otros efectos, la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de fortalecer los organismos encargados de recolectar, producir y publicar datos abiertos. En todo este tiempo, se difundió una gran variedad de reportes sobre el avance del coronavirus en el país y en el mundo. La posibilidad de que las personas accedan a fuentes de datos confiables fue y es fundamental para que esto suceda. Por eso, cobra particular importancia el cumplimiento de la ley nacional de Acceso a la Información Pública, específicamente lo relacionado con las obligaciones de Transparencia Activa (Ley N°27.275, art. 32), que exigen el fácil acceso a información pública a través de páginas web y la posibilidad de su reutilización por parte de terceros.
En mayo de 2020 hicimos un primer análisis de situación sobre cómo los gobiernos provinciales de Argentina reportaban el avance del coronavirus en sus territorios. En ese momento, las posibilidades de mejora en cuanto a la cantidad y calidad de información disponible eran amplias, así como las diferencias entre los reportes de cada gobierno provincial. Por eso marcamos la importancia de un actor nacional que impulse y coordine la disponibilización estandarizada de información en todo el país.
En este informe, retomamos el análisis para ver si (y cómo) los gobiernos avanzaron en la apertura y calidad de datos sobre la pandemia, y si algo de la experiencia previa sirvió a la hora de pensar en la publicación de información sobre la actual campaña de vacunación frente al COVID-19.
Desagregados y reutilizables: avances en datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación
A nivel nacional, ya desde el año pasado la información sobre el Coronavirus está disponible en la página web del Ministerio de Salud de la Nación, aunque ahora con algunas modificaciones. Por un lado, los dos reportes diarios se transformaron en un monitor de situación actualizado todos los días, en el que se puede observar, a través de gráficos, mapas e indicadores, la información sobre infectados nuevos y totales, casos activos, personas fallecidas y recuperadas, y cantidad de testeos realizados. Para los casos confirmados y fallecidos hay datos desagregados por grupos etarios, sexo y provincias. Actualmente, se reportan la cantidad de casos activos en camas UTI, además del porcentaje de ocupación por personas infectadas tanto en el país como a nivel AMBA, información faltante al momento de nuestro análisis anterior (mayo 2020).
En segundo lugar, semanalmente se genera un reporte en formato PDF que presenta un análisis más profundo de los casos, con información desagregada por semanas epidemiológicas y regiones, y registros de la variación en las tasas de mortalidad, letalidad, positividad e incidencia. El mayor avance con respecto a nuestra evaluación anterior se encuentra en la publicación, a través de la página de datos abiertos de la Nación, de la fuente de datos de los reportes en formato reutilizable. Que la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a esta información no solo implica un avance en cuanto al cumplimiento de la Ley 27.275, sino que brinda una herramienta fundamental para los procesos de rendición de cuentas e incrementa la capacidad de la sociedad civil, el periodismo y la ciudadanía en general para generar nuevos análisis a partir de esa misma información.
Mayor cantidad y calidad, pero sin estructura común: avances en los datos provinciales
En cuanto a las provincias, también es posible ver mejoras sustantivas en la cantidad y calidad de la información a disposición de distintos actores. En mayo de 2020 solo 16 provincias publicaban datos desde la página web de las gobernaciones o de las áreas de salud, mientras que el resto lo hacía en las secciones de noticias de sus portales o, en el caso de La Rioja y San Luis, a través de sus páginas de Facebook oficiales. Actualmente, sólo 5 provincias lo siguen haciendo de esa forma en sus portales o redes sociales. En muchos casos, los gobiernos desarrollaron secciones especiales dentro de sus páginas web con información relacionada al COVID-19, desde el avance de la situación epidemiológica hasta las recomendaciones y disposiciones estatales.
En todos los casos informan cantidad de nuevas personas infectadas y casos acumulados, activos y fallecidos. Además, hubo un aumento en la cantidad de provincias que desagregan estos valores territorialmente, por sexo, grupos etarios o epidemiológicos. Observamos gran variabilidad en cuanto al reporte de otros indicadores, como testeos realizados, personas recuperadas, tasas de mortalidad o letalidad, o edad promedio de las personas contagiadas o fallecidas. Por otro lado, al igual que a nivel nacional, hoy en día un 75% de las provincias publican indicadores sobre ocupación de camas UTI por personas infectadas. Nuevamente, el nivel de desagregación y detalle con que esta información es reportada depende de cada caso.
Al no haberse logrado estandarizar a través de todo el territorio la estructura y el contenido de los reportes, la comparación del avance de la pandemia entre provincias todavía se ve dificultada.
A diferencia del progreso a nivel nacional en el acceso a los datos en formatos reutilizables, hoy solamente tres provincias publican información de este tipo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe). El resto lo hace directamente como noticias y/o en formatos no reutilizables (PDF o imágenes). Sobre la periodicidad de los reportes, es destacable que, salvo por los informes de situación de Tierra del Fuego, que son semanales, todas las provincias publican información actualizada diariamente, lo que implica una mejora desde 2020.
Retomando el índice producido el año pasado, donde se evaluó a las provincias en indicadores fundamentales de los datos abiertos, volvimos a calcular sus puntajes y actualizamos un mapa con los mismos.
Sin duda el gran uso y la visibilidad que tuvieron y tienen los datos sobre la pandemia por COVID-19 a nivel mundial y nacional sientan un precedente para la gestión pública: las y los ciudadanos adquieren conocimiento día a día sobre el estado de situación de una problemática frente a la que los gobiernos, luego, toman decisiones. El impacto que estas prácticas tiene sobre los y las dirigentes de la política es posible de observar no solo en las mejoras en los datos que se publican, sino también en cómo actúan, y actuarán en adelante, frente a otras situaciones de interés público.
Monitoreo del Plan Estratégico de Vacunación: tarde pero seguro
Actualmente, la forma en que se expone la información sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 sirve como ejemplo de los parámetros establecidos desde 2020 a esta parte. Resulta interesante, entonces, evaluar cómo se reporta hoy la información sobre la aplicación de vacunas dentro del territorio nacional, y si efectivamente observamos un punto de partida más avanzado.
Los progresos que encontramos en los reportes y datos del Gobierno nacional parecen haber tenido relevancia a la hora de iniciar este nuevo reporte. A solo unos meses de su inicio, y dentro de la misma página web abocada al coronavirus, se cuenta con un reporte completo de vacunas repartidas, dosis aplicadas y cantidad de personas inoculadas por número de dosis. Se pueden observar el progreso de la vacunación en el tiempo y los datos desagregados por provincia, así como por sexo y condición epidemiológica de los y las inoculados/as (mayores de 65 años, enfermedades de riesgo, personal de salud, etc.). A su vez, en la página web de datos abiertos se encuentra una matriz de datos en formato reutilizable. Como mencionamos anteriormente, el acceso a estos datos en formato abierto tiene un rol clave en cuanto permitir que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento activo de las políticas públicas involucradas. Como claro ejemplo del valor de ello para la rendición de cuentas, la Auditoría General de la Nación prevé realizar un conjunto de auditorías relacionadas con la emergencia sanitaria y, en particular, una enfocada en “evaluar el grado de eficacia, eficiencia, economía y equidad alcanzados por el Ministerio de Salud en la implementación del Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19”.
A nivel subnacional, de las 18 provincias que reportan la situación de la pandemia en las páginas web de sus ministerios de salud o del gobierno, solo 12 incorporaron la relacionada a la vacunación de su población. En las restantes se informa a través de los portales de comunicación oficiales o de las redes sociales de las gobernaciones. En cuanto a los datos disponibles, a excepción de Misiones, Corrientes y San Luis, todas las provincias publican información sobre la cantidad total de personas vacunadas, además del cronograma de vacunación. Sin embargo, vuelve a haber diferencias en el nivel de desagregación de los datos respecto de dosis recibidas y aplicadas, número de dosis, tipo de vacuna, grupo epidemiológico vacunado o cantidad por departamentos.
La periodicidad de las actualizaciones tampoco mantiene el nivel de los reportes sobre el avance de la enfermedad. En 12 casos se publica información diariamente; en 3, semanalmente; y en el resto se reporta de forma eventual. La capacidad de reutilizar los datos es prácticamente nula: sólo los gobiernos de la CABA y de Jujuy tienen fuentes de datos abiertos sobre registros de las inoculaciones realizadas.
A modo de conclusión, es posible decir que si bien sigue habiendo lugar para la mejoría, y que la falta de coordinación puede dificultar seguir un camino superador conjuntamente, los gobiernos demostraron tener la capacidad de adquirir información relevante y sistematizada sobre situaciones de interés público y de exponerla a la ciudadanía.
Institucionalización y estandarización: algunas recomendaciones
La Jefatura de Gabinete (JGM), a través de la Secretaría de Innovación Pública, puede avanzar en el diseño de una estrategia federal de sistematización y visualización de datos que unifique la información que publica cada gobierno provincial y equilibre las capacidades en materia de uso de datos y gobierno abierto. Una medida de este tipo contribuiría a afianzar el rol de monitoreo y evaluación de políticas como función clave en la orientación estratégica de gobierno de la JGM.
Un organismo que logre canalizar esas capacidades y generar una estandarización de los datos a publicar cobra un rol fundamental para avanzar en el camino hacia la realización de los principios de gobierno abierto y la completa ejecución de la Ley 27.275. Como propusimos el año pasado, el Consejo Federal de Modernización podría ser la entidad encargada de esta tarea, que se corresponde con su compromiso en cuanto a “transparentar la gestión y fomentar la innovación para brindar información pública y asegurar la participación ciudadana”.
Acceso a datos abiertos sobre COVID-19 según provincia
Hicimos una evaluación del acceso a los datos sobre la evolución de la pandemia en las provincias del país.
Formulamos un índice para poder evaluar la forma en que las provincias reportan la información relevante al avance del coronavirus en cada una de ellas. Para ello tuvimos en cuenta puntos clave a la hora de mirar fuentes de información pública:
- Accesibilidad. ¿Desde dónde puedo ingresar a la información?: Si se encuentra disponibilizada en una página específicamente creada para ello, en las páginas web del gobierno, el área de salud o de comunicación, o en las redes sociales oficiales del gobierno.
- Reutilización. ¿Puedo acceder a los datos en formatos reutilizables para generar nuevos cálculos y visualizaciones?: Si se publican los datos en formatos reutilizables (XLSX/CSV), en formatos no reutilizables como noticias o PDF, o en publicaciones de redes sociales.
- Actualización. ¿Cada cuánto se publican nuevos datos?: Si se actualiza la información de forma diaria, semanal o de forma eventual.
- Desagregación. ¿Con qué nivel de desagregación están publicados los datos?: Si se publican los indicadores desagregados por alguna variable (sexo, edad, tipo de contagio o ubicación geográfica) o no, y en caso de hacerlo si es por una, dos o más de ellas.
El puntaje calculado es un promedio de los valores obtenidos para cada una de estas categorías.