Según un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), las transferencias de la Nación a las provincias representan en la actualidad una porción menor de sus ingresos respecto a una década atrás. En 2005 eran 57,6% del total y el año pasado llegaron a 50,8%.
Uno de los aspectos que el estudio de Cippec pone de relieve es que los giros automáticos del Tesoro -por coparticipación, leyes especiales y el Fondo Solidario de la Soja-, representan hoy un porcentaje menor al total de los recursos tributarios de las provincias.
Entre 2005 y 2016 esa proporción se contrajo de 37,7% a 33,9%. 2016.
¿Qué quiere decir esto? Walter Agosto, investigador principal del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC y autor del estudio ‘Relación fiscal entre el Gobierno Nacional y las provincias: la película’, señala dos puntos. Primero, que la Nación en estos años buscó la manera de compensar esa pérdida de recursos con transferencias que se denominan ‘discrecionales’. Segundo, las provincias aumentaron la presión tributaria.
La mejor vía para que los giros del Tesoro ganen peso en los ingresos provinciales es privilegiar el sistema de transferencias automáticas como, por ejemplo, la coparticipación de la recaudación de impuestos. “Simplifica, genera transferencias y reduce los márgenes de discrecionalidad, además de darle más previsión al horizonte fiscal provincial”.
El Gobierno actual llevó adelante algunas iniciativas en ese aspecto.
Tras el fallo de la Corte Suprema que restituyó el 15% de los fondos provinciales para tres jurisdicciones, la Nación concretó la devolución gradual a todas las provincias. “Se les devuelve recursos que son de distribución automática”.
“Hacer un régimen de coparticipación es el gran desafío. Se puede hacer una reforma tributaria y un pacto fiscal, pero la cuestión de fondo que falta para mejorar el federalismo es una nueva ley de coparticipación automática”, explica Agosto.
El trabajo señala que con relación al Fondo del Conurbano Bonaerense, el mismo viene exhibiendo una reducción sistemática que lo llevaría de representar el 9,6% del impuesto a las ganancias en 1996, a sólo 0,1% el año próximo. “Si bien su actualización luce razonable, en el caso de eliminarse el tope actual -alternativa de máxima- Buenos Aires recuperaría $64.226 millones a costa del resto de las jurisdicciones, lo que torna al problema de difícil resolución”.
