La disponibilidad de información pública sobre el uso de los recursos fiscales es un ingrediente crítico para alimentar el debate político, la opinión pública en general y las decisiones que se plasman en el presupuesto. Como consecuencia, tienden a fortalecerse el diseño y la ejecución de las políticas públicas, lo que redunda en una mejor asignación de los fondos y un uso más prudente de las herramientas de financiamiento. En definitiva, una mayor transparencia sobre las diferentes aristas del proceso presupuestario favorece el funcionamiento de las instituciones fiscales de la democracia. Aumentar la transparencia activa en materia fiscal supone que los gobiernos adopten prácticas que garanticen el derecho de los ciudadanos a conocer los objetivos del presupuesto, qué acciones persiguen los distintos programas y cuál es el financiamiento que aportan los impuestos y la deuda.

A través de las mediciones anuales del grado de transparencia fiscal de las provincias desde 2013 a través del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) que ha realizado el CIPPEC, se puede evaluar la calidad, cantidad, nivel de desagregación y actualización de la información presupuestaria que publican los gobiernos provinciales en sus sitios web oficiales. Si bien se han introducido reformas en la última edición, éstas fueron diseñadas para preservar la comparabilidad con mediciones anteriores.

Entre 2013 y 2018 hubo una mejora general de las 24 provincias: el puntaje promedio pasó de 5,8 a 7,8 sobre un total de 10 puntos. El proceso no ha sido lineal, cobrando especial impulso en los últimos dos años. Detrás de esta dinámica, hay 15 provincias que mejoraron sustancialmente. De este conjunto, se destacaron Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Santa Cruz, que en 2013 obtuvieron un puntaje relativamente bajo. Su cambio fue relativamente mayor dentro del conjunto y actualmente se ubican en las escalas superiores del ITPP. Por otro lado, solo cuatro provincias (Chubut, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) exhiben una trayectoria de estancamiento o escasa mejora, además de presentar los puntajes más bajos en el universo provincial.

El progreso que señalan los puntajes agregados se refleja también en algunas dimensiones clave del ITPP. Por ejemplo, en 2018 todas las provincias publicaron el presupuesto del año en curso y la gran mayoría aprobó los presupuestos anuales dentro de los términos previstos por la legislación. También hay un gran aumento en la publicación de presupuestos ciudadanos, documentos pensados para su comunicación al público en general. En 2018 diez provincias publicaron presupuestos de este tipo, ocho más que hasta 2017.

No obstante lo anterior, persisten desafíos para muchas provincias: en 2018 solo 14 provincias publicaron la cuenta de inversión del año previo. Esto es un dato crucial si tenemos en cuenta que ésta es el documento principal por el cual el Ejecutivo rinde cuenta ante la Legislatura sobre la aplicación de los fondos presupuestarios. Asimismo, se observa una elevada disparidad en la cantidad y variedad de clasificaciones utilizadas por las provincias para informar los gastos realizados. Esto deja traslucir que las capacidades de generación de información sobre el uso de los recursos continúan siendo muy dispares entre las provincias. Avanzar en estas cuestiones relegadas sería un primer paso para fortalecer la rendición de cuentas y la evaluación de la ejecución, al dar un detalle más rico y profundo sobre el destino de los fondos públicos.

Las provincias ejecutan más del 40% del gasto público del país y son responsables de la provisión pública de servicios esenciales para la sociedad: educación, salud, y seguridad. En ese contexto, la mayor transparencia presupuestaria es un mecanismo fundamental para lograr un debate más informado sobre las decisiones de gasto y de impuestos, y mejorar los procesos de rendición de cuentas. Es crucial entonces que se consolide el rumbo observado en los últimos años.