Como ningún otro sector, el de la infraestructura tuvo un cambio sustancial con la llegada del nuevo gobierno.

Un factor clave que permitió este cambio es la apertura al crédito internacional y la baja en el costo de capital a partir de la salida del default a principios de 2016.

Tomar deuda soberana a largo plazo y destinar estos recursos a la inversión en infraestructura, mediante licitaciones transparentes, es consistente con la característica del sector que tiene plazos de maduración largos y cuyos beneficiarios van a ser los que terminen pagando estos créditos mediante el pago de impuestos.

Esta apertura permitió evitar la dependencia exclusiva de los préstamos de bancos de desarrollo de terceros países, como el BNDES de Brasil o el Banco de Desarrollo Chino, firmados por la administración anterior y que tuvieron serias consecuencias en términos de transparencia.

Sin embargo, la persistencia de los niveles actuales de endeudamiento externo no es sostenible en el mediano plazo si el Estado no ajusta sus niveles de gastos corrientes. Tomar sólo deuda para la inversión, como indica la regla de oro, debería ser gradualmente el objetivo de la política fiscal para el sector.

El financiamiento privado por medio de los contratos de Participación Público-Privada (PPP) surge como una herramienta para tal fin.

A diferencia de la obra pública tradicional, en las PPP el sector privado financia la obra y hunde sus recursos al comienzo de la obra con un plazo de recupero de hasta 30 años.

Sin embargo, la experiencia en el sector eléctrico con la inversión de capacidad en generación mediante los contratos de compra de energía (PPA, por su sigla en inglés), entre el sector público y el privado, nos alerta de los graves riesgos de este tipo de financiamiento.

La Resolución 21/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación adjudicó sin ningún tipo de estudio previo 3100 MW de generación térmica con precios que hasta triplicaron lo que se pagan en países de la región y tasas internas de retorno donde los accionistas recuperan el capital invertido en cuatro o cinco años, mientras los consumidores seguirán pagando esos precios hasta que expiren los contratos (diez años en este caso).

Las PPP pueden transformarse en una gran hipoteca para los consumidores si no se evalúa en forma clara y transparente la necesidad de cada inversión y si las condiciones financieras impuestas por el sector privado son muy altas, debido al riesgo país, al bajo desarrollo del mercado financiero local para fondear este tipo de proyectos y al nulo historial de casos exitosos en la Argentina.

De no modificarse estas condiciones, el Gobierno debe dedicarse a ajustar su gasto corriente y seguir la regla de oro, en vez de hipotecar el futuro de los consumidores mediante el uso de PPP.