Publicado el 20 de marzo
Esta semana empezamos a vislumbrar los efectos del COVID-19 sobre la educación. Además de la evidente crisis de salud, estamos frente a una emergencia educativa global. Esta situación -sin precedentes en la historía reciente- requiere de atención inmediata pero con una mirada de mediano y largo plazo.
En 20 días la interrupción de la escolarización pasó de afectar a 300 millones de estudiantes de 4 países a 1.300 millones en 124 paises. El primero de marzo las medidas impactaban a un 17% de la población de alumnos mundial, hoy al 73% (UNESCO). Hace solo un mes los colegios estaban temporalmente cerrados en Mongolia y algunas regiones de China, afectando solo a un millón de estudiantes. La velocidad y la escala de este fenómeno es preocupante, y no parece revertirse en dos o tres semanas.
Estas nuevas condiciones ponen en jaque el derecho a la educación. Como garantes y protectores de este derecho, los estados deben actuar, rápido. Se requieren estrategias que permitan continuar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el hogar. Los docentes son actores claves. Son los únicos capaces de articular y dar coherencia a un número infinito, disperso y atomizado de herramientas digitales que circulan como soluciones (plataformas, programas de radio y televisión, aplicaciones, videos). La desigual distribución de la conexión y de los dispositivos digitales así como la diversa formación de alumnos y docentes genera fuertes desigualdades para hacer efectivas estas herramientas. Los recursos y el acompañamiento debe ser diferenciado, priorizando a las zonas y a las poblaciones más vulnerables.
Para responder a esta emergencia es indispensable la articulación política en, al menos, dos niveles. A nivel global es fundamental el rol de los organismos internacionales para advertir y garantizar el apoyo a los países que más lo necesitan. También potencian que se compartan y se multipliquen las experiencias que funcionan. A nivel nacional, las acciones educativas deben coordinarse con una mirada atenta a la intersectorialidad (alimentación, salud, seguridad, apoyo) y a la coordinación entre distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal).
En la Argentina 10 millones de estudiantes dejaron de asistir a clases esta semana. El ministerio de Educación Nacional atendió esta situación de manera eficaz. Está articulando sus acciones junto a otros ministerios nacionales (salud, desarrollo social, etc.) y con las carteras educativas de las 24 jurisdicciones provinciales. Activó también acuerdos con las empresas TICS para garantizar el alcance de las propuetas a todos los estudiantes. Trabajando contra-reloj, lanzó y sigue nutriendo progresivamente la plataforma Seguimos Educando, que busca acercar y actualizar recursos gratuitos a alumnos y docentes.
Sabemos que tanto a nivel global como nacional, la inacción y/o descoordinación política afectará de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, profundizando aún más las inequidades e injusticias existentes. Los primeros pasos deben responder a esta nueva coyuntura pero sin perder de vista el mediano y largo plazo. Este es el comienzo de un desafío que se profundizará en los próximos días, son los primeros 1000 metros de una larga maratón.
