La tarjeta SUBE va a quedar out o fuera de servicio para todas las personas que no tengan trabajos formales que sean considerados servicios esenciales y que no estén exceptuadas de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La medida se tomó para evitar el congestionamiento del transporte que puede disparar los casos de Coronavirus. Pero no tuvo en cuenta, en la planificación ni el anuncio, la perspectiva de género.
Por ejemplo, hay 261.072 mujeres (3,4 veces más que los varones, que son 76.102) que tienen trabajos informales (por lo que no van a estar registrados en la SUBE) que solo pueden hacerse con contacto físico (por ejemplo las cuidadoras de ancianos) y son denominados de proximidad alta, según una investigación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Los que salen en las fotos de las resoluciones centrales frente a la crisis son varones. Pero atrás de la foto (y no es hora de volver atrás) están ellas. Las que están poniendo el cuerpo para estar cerca de pacientes o personas que carecen de derechos básicos son mujeres. Hay 321.850 médicas, enfermeras, anestesistas y trabajadoras sociales trabajando sin poder escudarse en el distanciamiento social. En las grandes decisiones ellas faltan, pero en las grandes necesidades ellas son las protagonistas. Las trabajadoras de la salud y los servicios sociales son más que el doble de los varones, que llegan a 142.334.
La regulación del transporte fue anunciada sin contemplar las consecuencias frente a la violencia de género que recrudece con el encierro y a las diferencias de género en el trabajo. ¿Qué pasa con las mujeres, trans y jóvenes golpeados/as, insultadas/os y abusados/as que necesitan salir de su casa y llegar a otro lugar o ir a denunciar? ¿Qué pasa con las trabajadoras esenciales pero informales? ¿Qué pasa si las madres o hijas necesitan llevar de urgencia a sus hijos o sus padres a una consulta médica? La decisión del gobierno nacional, del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires se anunció sin tener en cuenta situaciones de excepción o de urgencia y necesidades diferentes en varones y mujeres por las vulnerabilidades sociales y laborales.
No se puede creer que en la calle las mujeres se van a encontrar con interlocutores amigables o receptivos. ¿Cuántas discutieron porque un policía no se daba cuenta de que una mujer era golpeada y tenían que explicarles no es un problema privado? ¿Cuántas discutieron, al inicio de la SUBE, porque los colectiveros no permitían que una mamá le pagara el pasaje a su hijo adolescente? ¿En cuántas comisarías se procesó a familiares de mujeres golpeadas que iban acompañadas en la primera fase de la cuarentena o se desalentó a las madres que buscaban a sus hijas desaparecidas a quedarse en su casa por el confinamiento?
La medida sanitaria apunta a frenar el aumento de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Pero la flexibilización no puede liberar la apertura de comercios o actividades económicas y aumentar la vulnerabilidad de mujeres y población LGTTB.
En el primer momento de la cuarentena no se aclaró que las víctimas de violencia de género podían salir de sus casas, después quedó reglamentado en el boletín oficial y, más tarde, se abrieron todas las oficinas de atención a víctimas frente al agravamiento de las denuncias de violencia de género que aumentaron las llamadas de consulta a la Línea 144 en un 39 por ciento.
¿Ahora van a estar abiertas las oficinas y las mujeres no van a poder llegar? Por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atendió, durante la cuarentena, 421 casos y 491 consultas en Lavalle 1250. Las víctimas no viven cerca de Tribunales, sino que los primeros cinco barrios de los que llegaron fueron: Flores, Barracas, Lugano, Balvanera y Retiro. Salvo una procesión no se puede llegar caminando.
¿Ir en auto? Descartado para 6 de cada 10 mujeres (64 por ciento) que necesitan hacer la denuncia y son de clase baja, media baja o carenciadas. El 25 por ciento pertenece a la clase media y apenas el 11 por ciento a la clase alta. Pero el 70 por ciento de ellas sufrió violencia física. Los golpes no pueden esperar puertas adentro de la casa o solucionar problemas burocráticos con el transporte para contar con auxilio.
La falta de perspectiva de género es clara y no se trata solo de una foto, sino de qué factores se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones. La medida surgió de una reunión en donde participaron el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba; el ministro de Infraestructura de la Provincia, Agustín Simone; el jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco; el subsecretario de Transporte de la Provincia, Alejo Supply y el titular de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad bonaerense, Darío Ruiz; el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel y el secretario de Transportes y Obras Públicas, Juan José Méndez. También participaron Martín Ferreiro, presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) y Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos.
El camino a la igualdad parte de entender las diferencias. No se puede prescindir de las mujeres y la diversidad sexual. Ni dejar de comprender que los caminos que se toman también enfrentan realidades diversas. No faltan funcionarias. Pero sí hay decisiones que se toman sin ellas presentes.
Las desigualdades son un viaje de ida
“Las mujeres y los varones se desplazan en las ciudades de manera distinta. Esto se debe a que los varones participan más del mercado de trabajo (80 por ciento de ellos lo hace frente a 58 por ciento de las mujeres) y las mujeres realizan más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (89 por ciento de ellas declara hacerlo frente a 58 por ciento de los varones).
Esta división sexual del trabajo determina, en gran parte, la cantidad de viajes que cada persona realiza, su duración, el medio de transporte utilizado, las zonas y los horarios de movilidad, la intermodalidad, la concatenación de viajes y el propósito de sus desplazamientos. Por otra parte, la segregación territorial también hace que las familias más vulnerables (y con más probabilidades de ser lideradas por mujeres) tengan que desplazarse más hacia sus lugares de trabajo”, señala Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de CIPPEC.
Ella advierte: “En Argentina el enfoque de género en las políticas de transporte es todavía muy limitado. No se consideran los cambios en los roles de género ni las implicancias de un acceso pleno y seguro a la movilidad para la autonomía económica de las mujeres. Durante la cuarentena esto no cambió. Sin embargo, la desigualdad estructural previa agrava las dificultades que las mujeres enfrentaban previamente para desplazarse. Por un lado, por tener más obstáculos para el uso pleno del transporte público, pero también por tener una menor proporción en la tenencia de vehículos particulares”.
La diputada Adriana Cáceres (PRO) presentó un proyecto de ley, apoyado por ONU Mujeres, para incorporar la perspectiva de género en los comités de crisis y que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no pueda estar excluido de decisiones fundamentales frente a las medidas a tomar por la pandemia. Las fotos con empresarios, sindicalistas, ruralistas y funcionarios responsables del transporte muestran que las mujeres no pueden quedar afuera de la mesa. El país no se puede mover sin mujeres y no se puede retroceder.
2 de cada 10 mujeres tienen trabajos que requieren de contacto físico o cercanía
El Coronavirus cambió el mundo. No es solo una enfermedad, es un factor de crisis social. Por eso, también afecta de diferente modo según el tipo de trabajo y la distancia que hay entre el hogar y el empleo.
Ya no es tan fácil ir del trabajo al hogar y del hogar al trabajo, como a mitad del siglo pasado. En ese sentido, una investigación del Programa de Desarrollo Económico del (CIPPEC) diferencia entre las personas que tiene una proximidad baja (ocupaciones que no requieren interacción con otras personas o requieren interacción a distancia, por ejemplo, aquellos que trabajan en oficinas individuales); proximidad media (aquellas ocupaciones que requieren interacción cercana, por ejemplo quienes comparten una oficina o un mismo espacio de trabajo) y proximidad alta (ocupaciones que requieren gran proximidad, por ejemplo, menos de un brazo de distancia o directamente contacto físico con otras personas).
Hoy en Argentina 5,3 millones de personas se encuentran en graves dificultades laborales porque no pertenecen a los sectores exceptuados (aproximadamente 4 millones), ni pueden realizar sus tareas desde el hogar (2,2 millones), según el estudio “Políticas públicas para pensar el sendero laboral hacia la nueva normalidad post COVID-19”, elaborado por los economistas Ramiro Albrieu y Megan Ballesty, del Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC.
En épocas de distanciamiento social la distancia importa. Y tiene diferencias de género. En el total de ocupados/as de Argentina el 33 por ciento de las mujeres y el 18 por ciento de los varones tiene un trabajo de proximidad baja. Mientras que el 46 por ciento de las mujeres y el 73 por ciento de los varones tienen trabajos de proximidad media. Y el 20 por ciento de las mujeres y el 8 por ciento de los varones vive de empleos de proximidad alta. “Las mujeres enfrentan una dificultad: son mayoría en las actividades de alta proximidad”, advierte Ramiro Albrieu, investigador principal del Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC.
En definitiva, muchas más mujeres que hombres se agrupan en trabajos de proximidad baja y alta, mientras que los hombres se concentran en proximidad media. En el estudio de CIPPEC consideran más vulnerables a quienes no trabajan en actividades no exceptuadas (del aislamiento social, preventivo y obligatorio y no teletrabajables) por lo que se desprende que un 45 por ciento de las mujeres ocupadas está en situación de riesgo económico.
“Las mujeres enfrentan una dificultad adicional por ser mayoría en las tareas de proximidad alta. Y, además, en las de baja proximidad, se desempeñan en actividades que utilizan intensivamente el transporte público, que es otra instancia de riesgo sanitario”, alerta Albrieu.
Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, siete de cada diez trabajadoras de casas particulares utilizan trenes y colectivos. Llegar a limpiar otras casas implica más riesgos que para otros trabajos en donde cinco de cada diez trabajadores necesitan cargar la SUBE y compartir asiento o filas junto a otros pasajeros/as.
Hay trabajadoras/es de riesgo porque son los más expuestos a la posibilidad de contagio de Covid -19. ¿Quiénes son los y las que están en la primera línea de riesgo? “Los trabajadores y trabajadoras más expuestos al contagio son los menores de 60 años que trabajan en actividades esenciales y que, por lo tanto, están trabajando a pesar del aislamiento social obligatorio”, delimita el investigador de CIPPEC.
“En la fase de cuarentena estricta quienes siguieron trabajando fueron un 32 por ciento de las mujeres ocupadas (versus un 38 por ciento de los hombres ocupados), ahora las actividades autorizadas están variando dinámicamente”, delimita Albrieu.
¿Qué medidas de prevención se tomaron en otros países para poder usar el transporte público? “En otros países se trabaja para segmentar el uso del transporte público, la reducción de la movilidad de las personas a cambio de un aumento del movimiento de bienes y la dosificación a lo largo del día. Pero no es una tarea sencilla porque depende críticamente del comportamiento social de los ciudadanos”, apunta Albrieu.
Un gran problema es que en las madres recaen –injustamente- las tareas de cuidado y los varones siempre priorizan su trabajo tanto para salir como para estar en su casa sin ocuparse (o tener encima) a sus hijos a la hora del home office. El problema no se acaba con la cuarentena flexibilizada porque con la mayoría de abuelas en edad de riesgo, las dificultades para contar con cuidadoras y la falta de clases trabajar no es solo un derecho o una necesidad: es un milagro.
“Muchos países han avanzado en planes para reabrir las escuelas no porque no puedan tener educación a distancia, sino porque es imposible reactivar la economía sin resolver quién cuida a las hijas y los hijos. Si no discutimos y abordamos una solución a nivel general y las familias tienen que resolverlo individualmente es probable que la responsabilidad recaiga sobre las mujeres. Hay un riesgo de que el empleo femenino sea la variable de ajuste que permita volver a la actividad económica y tenemos que poner el tema en agenda para pensar esquemas compatibles con el regreso de la mujer al trabajo”, señala Albrieu.
“Las mujeres están exigidas a seguir trabajando desde sus casas o a volver a trabajar pero no se ha permitido el servicio doméstico (sí el de cuidados, o sea que pueden pedirle a las personas que cuidan a sus hijos/as que vayan a trabajar y esto repercute a su vez en esas trabajadoras) y no se van a abrir las escuelas hasta fecha indefinida (pero se sabe que después de la cuarentena). ¿Cómo se supone que hacen las mujeres para irse de sus casas si no tienen con quien dejar a sus hijos?”, pregunta Gala Díaz Langou.
Díaz Langou plantea: “Es importante tener en cuenta que hay situaciones muy diversas, incluso previamente a la pandemia, en las estrategias que se da cada familia a la hora de cuidar. Es muy distinto un caso de una familia biparental con posibilidad de contratar a una persona que cuide a les niñes en su casa que el caso de una madre soltera que ella misma trabaja como empleada doméstica. En el contexto de la pandemia se amplían aún más estas desigualdades que la conformación familiar, la distribución de ingresos y la tenencia de niñes ya marcaban previamente. La familia biparental tiene alguna herramienta: está permitido el trabajo en casas particulares cuando se trate del cuidado de personas”.
Ella apunta: “Las familias que hoy enfrentan una mayor tensión entre sus necesidades de cuidado y la generación de ingresos siguen siendo las familias más vulnerables (que también son aquellas que tienen más probabilidad de tener niñes y de ser familias monomarentales). En la medida en la que se continúe con la apertura progresiva de sectores económicos pero sin un regreso a la actividad escolar esta tensión aumentará cada vez más y, con ella, las desigualdades socio-económicas entre familias”.
La crisis afecta más a las jefas de hogar y a las familias pobres
“Los contextos de crisis cristalizan las desigualdades previas y las deficiencias preexistentes de los sistemas de protección social. En Argentina, esto implica, que las crisis afectan más a las familias más pobres, con niños/as y jefaturas femeninas. La pandemia no es una excepción. En el corto plazo, el aislamiento social está afectando más a estos sectores porque tienen una vulnerabilidad laboral previa (tenían empleos más precarios, más informales, etc.) y porque sufren más la tensión productiva-reproductiva (previa y la sumada por la suspensión de clases)”, señala Díaz Langou.
La directora del Programa de Protección Social de CIPPEC subraya: “En contextos como el actual, donde todo apunta a frenar la emergencia sanitaria, cerrar las brechas de género suele parecer un lujo que no podemos darnos. Pero en realidad es una de las mejores formas de frenar el impacto de la crisis socioeconómica que viene aparejada a la pandemia. Las políticas que cierran las brechas de género, en particular, las políticas de cuidado pueden contribuir a resolver las tensiones que enfrentan las familias y son una de las mejores formas de reactivar la economía, generar puestos de empleo y el crecimiento del PBI”.
