Este 11 de agosto, al entrar al cuarto oscuro para votar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los votantes del país se van a encontrar por primera vez con boletas compuestas por la misma cantidad de legisladoras mujeres que legisladores hombres. No solo eso. Las mujeres no estarán relegadas a los últimos puestos de la boleta —como ha sucedido históricamente— sino que sus nombres irán intercalados con los nombres de legisladores varones.

Así lo establece la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (Ley 27.412), sancionada en noviembre de 2017, y que entra en vigencia por primera vez en las elecciones presidenciales de este año. La ley amplía la pionera ley de cupo femenino argentina sancionada en 1991, la primera de su tipo en América Latina y la cual establecía un piso mínimo de un 30% de mujeres en listas legislativas.

Pero más allá del amplio apoyo que ha recibido la Ley de Paridad (fue aprobada en Diputados con 165 votos a favor y solo 4 votos en contra) todavía están aquellos que cuestionan el impacto de la ley más allá de la representación cuantitativa de las mujeres en el Congreso.

“En el Senado el 42% son mujeres y no se logró siquiera el derecho al aborto. Hace falta una lucha de fondo, no cupos demagógicos”, dijo Gabriel Solano, referente del Partido Obrero, al diario El País, de España.

Sin embargo, la experiencia propia de Argentina con la ley de cupo femenino y de otros países que han implementado políticas de paridad en sus congresos demuestran que la paridad lleva a agendas políticas más amplias y a mayor colaboración en la política.

Una agenda política que promueve la igualdad

“Hay varios estudios que demuestran que las mujeres en los congresos logran introducir temas que están relegados porque son temas que afectan a grupos más desprotegidos y vulnerables, como los niños, los adultos mayores, los pobres, las mujeres, las minorías”, dice María Page, investigadora de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). “Donde hay mujeres, esos temas tienen más relevancia en la agenda política que cuando hay una mayoría de hombres”.

Diversos estudios que analizan legislaturas en más de 100 países demuestran que donde hay mayor proporción de legisladoras mujeres hay mayor inversión en las áreas de educación y salud. En Suecia, más mujeres en las legislaturas locales tiene correlación con más inversión en el cuidado de la primera infancia y la vejez. Mientras que en India, la presencia de mujeres en la presidencia de los concejos locales coincidió con un aumento en la inversión en agua potable, la calidad de los caminos y el acceso de las niñas a la educación.

“Hay un claro giro en la inversión pública, es muy marcado el efecto”, dice Page, quien indica que una de las razones del aumento de inversión en estas áreas es el impacto que tienen en la vida cotidiana de las mujeres. “Si no hay un sistema de cuidado, las más perjudicadas son las mujeres. Si no hay agua potable, las enfermedades impactan a las personas más vulnerables, como los niños y los ancianos, lo que a la vez impacta más a la mujer porque son las que los cuidan”.

Aunque estudios de este tipo no existan en Argentina, la inclusión de más mujeres en el Congreso a través de la ley de cupo femenino ha tenido un claro impacto en los temas incorporados a la agenda legislativa.

Según un estudio de la Universidad de California en San Diego sobre el impacto de la representación femenina en el Congreso argentino, entre 1989 y 2007, fueron mujeres legisladoras las que introdujeron:

• el 79% de los proyectos sobre cuotas de género
• el 80% de las iniciativas sobre despenalización/legalización del aborto, acceso a la contracepción y derechos reproductivos
• y el 69% de las propuestas en materia de violencia de género.

Asimismo, otro estudio demuestra que entre 1994 y 2003, 87 de las 177 diputadas nacionales que ocuparon su banca al menos por un año presentaron proyectos sobre temas de género. Algunos de estos proyectos que eventualmente fueron aprobados abarcan temas como el cupo sindical femenino; la protección integral de los niños, niñas y adolescentes; y la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre muchos otros.