El Congreso debe sesionar. Parece una frase hecha ya, pero es necesario recordarlo. La ciudadanía debe ser representada, sus representantes tienen la obligación de cumplir con su función y hoy, en contexto de pandemia, contamos con las herramientas que permiten al Congreso funcionar. La Argentina es parte de un conjunto de países que pueden actualmente sesionar y votar de manera remota, aunque no fue fácil superar los desafíos técnicos y logísticos que esto implicaba. A un mes y medio de la inauguración de la primera sesión virtual, la sesión del Senado celebrada para la creación de una comisión bicameral investigadora de la situación de la empresa Vicentin demuestra que el desafío no es sólo tecnológico, sino también político y que precede a la pandemia.
Los términos del debate alrededor de la aprobación del proyecto de ley, visibilizan problemas crónicos que exceden al uso de tecnologías para sesionar. La oposición, amparada en el Reglamento del Senado, argumenta que no se puede aprobar la creación de una comisión bicameral de investigación sin reunir los dos tercios requeridos por el Artículo N 88. A su vez, denuncian que se silenciaron sus micrófonos cuando intentaron dejar asentada su posición. Por otro lado, el oficialismo parte de la Constitución Nacional e indica que el tratamiento de los proyectos de ley, salvo excepciones, no requiere una mayoría especial y, que en el pasado se han creado comisiones por esta misma vía.
La inobservancia de las reglas, los abusos de confianza y la falta de cooperación dan lugar a esta disputa al haberse avalado en distintas oportunidades el incumplimiento del reglamento. El conflicto del miércoles pasado surgió durante una sesión virtual, pero no está en la tecnología el origen de las diferencias políticas.
La sanción de los protocolos para el funcionamiento de las sesiones remotas del Congreso fue un hito para la Argentina. Los principales actores del ecosistema político superaron diferencias preexistentes y acordaron en tiempo récord la manera en la que se iba a legislar durante la cuarentena. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se compartía una preocupación y un entendimiento: que el Congreso debía participar activamente en la definición y control de políticas públicas en el marco de la emergencia. Como resultado, el día 13 de mayo de 2020 tuvimos las primeras sesiones virtuales de la historia argentina.
A pesar de ese acuerdo inicial, el camino que sigue no es sencillo. Como señalamos en un estudio de CIPPEC, existen desafíos técnicos importantes para la incorporación de tecnología al proceso legislativo, como la necesidad de garantizar la conectividad, la estabilidad y seguridad del sistema y la identidad de los legisladores. Las dificultades, sin embargo, no se limitan a la viabilidad técnica y hoy se hacen visibles los problemas de confianza y coordinación que existían antes de la incorporación de tecnología en el proceso legislativo.
Por eso, aún en esta virtualidad legislativa, se deberán seguir los procesos previstos por las normas que regulan el funcionamiento de las Cámaras y los protocolos de sesión remota ante la inobservancia de las normas internas señaladas por uno o más actores del Congreso. El desacuerdo y la búsqueda de consensos para la toma de decisiones es parte del proceso legislativo. La realidad impone hoy la necesidad de manejar estos desacuerdos con las herramientas tecnológicas a nuestro alcance, pero la tecnología no puede ser el puente que una o repare lo que la política separa.
