¿Es posible que el ciudadano conozca a los candidatos que está votando si ignora quién financia su campaña electoral? La subdeclaración de gastos de campaña y el uso indiscriminado de efectivo para aportes ocultan la identidad del donante e impiden al ciudadano tener los datos necesarios para hacer un voto informado. Permiten lo que la ley prohíbe: el anonimato de los donantes.

El costo estimado para una campaña presidencial en 2015 fue 1.000 millones de pesos pero el máximo que llegó a declarar una alianza electoral llegó a 129 millones. De ese monto, el 90% de los aportes se hizo en efectivo. El votante puede juzgar al candidato por su programa y discurso, pero no sabe si es financiado con dinero de origen legal o ilegal. Ignoramos también si las decisiones políticas que toman nuestros representantes están influidas por quienes aportaron a sus campañas.