Hoy, al cabo de una campaña carente de debates profundos y dolorosamente atravesada por la tragedia del caso Maldonado, en todo el país se realizará el acto democrático que, de 1983 hacia acá, mejor nos sale. Porque, más allá de las falencias del entramado institucional argentino, lo cierto es que desde hace más de tres décadas las elecciones se realizan en tiempo y forma, hay alternancia en el poder, elevada participación ciudadana (no baja del 75%) y ausencia de fraude. “Pueden no ser tantas, pero que las hay, las hay”, comenta, con respecto a las fortalezas de la institucionalidad política local, María Esperanza Casullo, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown. “Desde 1983 hasta ahora, ninguna elección presidencial o nacional tuvo sospechas de haber sido manipulada, y si bien existieron dudas o escándalos en elecciones provinciales, fueron casos aislados –continúa–. Asimismo, todos los estudios de ‘análisis forense electoral’, como los que hicieron Marcelo Leiras y María Page para Cippec, no muestran rastros de manipulación sistemática o que pueda alterar un resultado.” Pero mientras en el haber tenemos la insistencia de un ritual que, con su enorme implicancia simbólica, política y material, la ciudadanía renueva puntualmente, en el debe persisten deudas y zonas grises (de la reforma política al sistema de votación, financiamiento o alianzas, entre otros) a la espera de un debate que las instale con la merecida fuerza en la agenda pública.

A continuación, especialistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil nos ayudan a trazar un somero “mapa” del entramado de logros y discusiones pendientes que late tras esa celebración colectiva que es la asistencia a las urnas.

Sistema de votación

María Page, investigadora asociada del programa de Instituciones Políticas de Cippec, considera que, más que en la discusión sobre el voto electrónico, en lo que habría que centrarse es en el sistema de votación. “Como la impresión, distribución y reposición de las boletas el día de la elección es responsabilidad de los partidos –explica–, la presencia de todas las opciones electorales en cada cuarto oscuro termina dependiendo de la capacidad de cada partido para cubrir el territorio con fiscales.” De este modo, lo que se estaría poniendo en juego es nada menos que la garantía del derecho a elegir y ser elegido. “Por eso la gran mayoría de las democracias del mundo utiliza alguna modalidad de boleta única –afirma la especialista–. Se trata de una boleta oficial, impresa y distribuida por el Estado, que se le entrega al elector al momento de votar y que contiene todas las listas que compiten en la elección. El votante sólo tiene que marcar la opción de su preferencia. El voto electrónico es una solución similar (también el Estado es el proveedor del instrumento), pero no es la única ni la más usada”.

Efecto “cancha inclinada”

Se denomina así a una suerte de “bonus electoral” –ventajas materiales y simbólicas– que beneficia a los partidos y políticos gobernantes. “En nuestro país es difícil ganarle una elección por el Poder Ejecutivo a la fuerza gobernante, y más difícil aún si la persona a cargo del Ejecutivo se presenta a la reelección –señala Carlos Gervasoni, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT–. Las tres rotaciones electorales en la presidencia que la Argentina ha tenido desde 1983 (en 1989, 1999 y 2015) ocurrieron en situaciones en que el presidente en funciones no podía presentarse a la reelección.” En el caso de los oficialismos provinciales, la tendencia es aún más clara: triunfan aproximadamente en el 80% de los casos, y en el 90% cuando el gobernador va por reelección. Una de las causas de este fenómeno es que algunas provincias son fuertemente subsidiadas vía transferencias federales. “Reglas formales e informales de la política argentina permiten a los gobernadores usar esos fondos con gran discrecionalidad, y usar los recursos del Estado para campañas electorales”. continúa Gervasoni. Algunas soluciones que sugiere: “Leyes de financiamiento electoral que igualen las condiciones y regulaciones estrictas sobre clientelismo, patronazgo y publicidad oficial”.

Paridad de género

“El género es una de las dimensiones donde se observan al mismo tiempo aciertos y deudas claras en nuestras prácticas eleccionarias”, afirma la doctora en Derecho Paola Bergallo. “Uno de los logros más importantes del último cuarto de siglo ha sido la elección de números crecientes de mujeres en el Congreso federal, las legislaturas provinciales y los poderes ejecutivos –se explaya, en relación al cumplimiento de las legislaciones de cupo parlamentario–. El avance es indudable y hoy podemos aspirar a ampliar los porcentajes de las primeras leyes de cupo para alcanzar la paridad.” Sin embargo, la abogada e investigadora señala que, en esta misma área, aun queda camino por andar. “En primer lugar, porque no se han ampliado las identidades de género representadas en la política y aún son pocas las personas de identidades sexuales disidentes que ejercen la representación electoral –enumera–. Segundo, si bien ha aumentado la presencia de mujeres en la representación política, ese aumento numérico no ha representado una integración real con los varones en el manejo del poder político y electoral. Esa falta de integración puede verse en los reducidos casos de mujeres que han liderado las bancadas de los principales partidos, en su ausencia en el liderazgo de las comisiones claves del Congreso, en el manejo marginal de recursos para el financiamiento de las campañas electorales y en los raros casos en los que se las ve sentarse a la mesa chica de la conducción partidaria en la mayoría de las provincias del país.”

Alianzas

Cuando llega el momento de ejercer el derecho al voto, cada ciudadano sabe, de manera más o menos consciente, que habita un país donde la competencia política se estructura cada vez menos en función de los partidos y cada vez más en torno a alianzas o frentes. “Sin embargo, las alianzas apenas están reguladas y la convivencia de reglas de distinto nivel para la presentación de candidaturas y el armado de boletas permiten a los partidos un amplio margen de maniobra para tener socios distintos para cada cargo y en cada provincia”, considera la investigadora María Page. “Así, de forma más o menos explícita, en las elecciones nacionales y en la mayoría de las provincias se acepta que los partidos hagan acuerdos distintos para cada cargo y que junten apoyos de distintos socios circunstanciales a través de los lemas, las colectoras, las listas espejo, las adhesiones o los acoples.” En algún punto, nadie gana con este sistema: “El resultado es malo para los partidos (que se debilitan porque sus dirigentes se dispersan en nuevas agrupaciones), malo para los electores (porque si no se entiende quién es quién, las elecciones no pueden funcionar como mecanismo de rendición de cuentas) y malo para la gobernabilidad (porque esos acuerdos circunstanciales difícilmente dan lugar a una coalición de gobierno o de oposición después de la elección). Se necesitan reglas que promuevan acuerdos electorales más coherentes y ordenados para ofrecerles a los votantes opciones más comprensibles y a los partidos bases firmes para construir acuerdos más estables”, concluye Page.

Representación

“Actualmente no se respeta el principio constitucional ‘un ciudadano, un voto̓”, afirma Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Justamente, la ADC presentó el año pasado una demanda ante la Corte Suprema, reclamando que se corrija un hecho a menudo soslayado: provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, entre otras, tienen menos diputados que los que les corresponden proporcionalmente en función de su población. “La igualdad entre provincias está reflejada en la Cámara de Senadores, donde cada provincia tiene igual número de bancas. Pero en la Cámara de Diputados se representan ciudadanos y no provincias; es decir, ciudadanos que habitan en provincias y cuyos derechos deben ser respetados.” La ADC considera que esta situación se debe a la aplicación de una normativa de la dictadura (la “ley Bignone”), que estaría generando que, aproximadamente, el voto de un ciudadano bonaerense valga diez veces menos que el de un ciudadano de Tierra del Fuego.

Campaña

Con el peso que tiene, tanto a la hora de la decisión del voto como en su presencia en la vida cotidiana durante un año electoral, la campaña bien puede considerarse parte del entramado ligado con el sistema eleccionario. En este sentido, para los analistas de Cippec, uno de los puntos que aún están pendientes es el debate sobre su financiamiento; por ejemplo, poner en discusión las donaciones en efectivo, que impiden conocer el origen de los fondos en juego. Por su parte, el politólogo y consultor comunicacional Mario Riorda señala que toda campaña electoral debería suponer, al menos, dos funciones: una función legitimadora, destinada a “consolidar el sistema político a través de la realización del acto ritual por antonomasia de la democracia, que son las elecciones”, y una función pedagógica, basada en “proporcionar información a la población sobre las propuestas y candidatos que compiten en la elección”. Aunque rescata el sistema de publicidad distribuida desde el Estado (“el sistema es bueno, lo que es malo es su regulación y el formato antipersuasivo”, dice), Riorda –en sintonía con organizaciones como la ACIJ, apunta a la debilidad conceptual de la campaña que cerró el jueves pasado. “Fue clave en la ausencia prácticamente total de propuestas, y en la subordinación del debate a la estrategia discursiva de oponerse o apoyar a los ejecutivos –describe–. Si se quiere, representó algo así como una infravaloración de lo legislativo frente a lo ejecutivo en el sistema político.” Y apunta al hecho más angustiante ocurrido durante el último tramo de esta campaña: “Por si fuera poco, este proceso electoral estuvo teñido de una tragedia como la desaparición de Santiago Maldonado y, consiguiente con ese eje de debate, asistimos a un cinismo desproporcionado desde los diferentes sectores que se posicionaron frente a ese hecho. El caso Maldonado sirvió para mostrar lo más bajo del intercambio político”.

Fuente: La Nación