Pese a que aún no es una práctica muy difundida en nuestro país, los presupuestos con perspectiva de género han estado en la agenda de los organismos internacionales por muchos años. El objetivo es garantizar que se tengan en cuenta en todo el proceso los impactos diferenciados que los distintos gastos previstos tienen sobre las mujeres, y que puedan pensarse métodos de evaluación para dilucidar si se contribuye a avanzar en el camino de la igualdad de género o si, por el contrario, implican un retroceso. Desde hace tiempo se sabe que la perspectiva de género puede tener impactos considerables en los procesos económicos. Según algunos estudios si la mujer tuviera la misma participación que el hombre en el mercado laboral, el PBI crecería automáticamente un 5% en el caso de EE.UU., un 13% en la Eurozona y se estima que la variación sería aún mayor en los países en desarrollo.
En la Argentina, las únicas conclusiones que pueden obtenerse están acotadas a los programas, áreas o instituciones vinculadas específicamente a las mujeres. Se desconoce así que el resto de los gastos pueden tener repercusiones disímiles. Para avanzar hacia la igualdad de género es necesario que los presupuestos cuenten con una desagregación que permita evaluar los impactos en términos de género. Es igual de importante que la perspectiva de género esté presente en todo el proceso de formulación del presupuesto, aunando los conocimientos sobre desigualdad de género con los de finanzas públicas y de programas del sector público. De igual forma, sería enriquecedor que el proceso se hiciera en permanente diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.
La perspectiva de género puede tener impactos considerables en los procesos económicos.
El presupuesto destinado al Consejo Nacional de las Mujeres fue de $ 3,85 por mujer en 2016 y se incrementó apenas a $ 5,35 en 2017, por debajo de la inflación.