Publicado el 2 de abril
La circulación del COVID-19 llevó a 185 países a cerrar sus escuelas. Esto afecta a 1.500 millones de niños, niñas y jóvenes que representan casi un 90% de los estudiantes del planeta, según datos de la UNESCO. Esta inédita interrupción de la escolarización tiene efectos inmediatos y de largo plazo, y la política educativa debe atender ambos.
Argentina aporta a este número global más de 10 millones de estudiantes que hoy pasan el día entero en sus casas. El Ministerio de Educación nacional está respondiendo a esta emergencia con estrategias diversas. La respuesta se apoya en la plataforma “Seguimos Educando”, con acceso a múltiples recursos educativos digitales y programación educativa en televisión y radios. Estas iniciativas virtuales se combinan con la entrega de cuadernillos pedagógicos, pensados para aquellos alumnos con menor acceso a la tecnología. Por su parte, los gobiernos provinciales ofrecen sus propias plataformas, en muchos casos distribuyen material impreso y realizan importantes esfuerzos para garantizar la continuidad del servicio alimentario escolar. Estas políticas son relevantes e indispensables para enfrentar esta situación.
Además de las desigualdades escolares, el cierre de las escuelas obliga a contemplar aquellas diferencias que se anidan en los hogares. La escuela dejó de ser el lugar donde se aprende. Las condiciones habitacionales, el acceso a dispositivos tecnológicos y el capital educativo del hogar son factores que se manifiestan de forma diversa en nuestro territorio nacional. Su desigual distribución redunda en posibilidades bien distintas de continuidad pedagógica en un contexto de suspensión de clases. Por eso, la respuesta del Estado no puede ser única, y debe contemplar acciones inmediatas con políticas de mediano y largo plazo que tengan en cuenta estas diferencias.
Una mirada que trascienda la coyuntura obliga a pensar en estrategias de compensación para que los alumnos puedan recuperar el tiempo de enseñanza perdido. La flexibilidad del calendario escolar se vuelve una herramienta indispensable para poder atender esta complejidad. Por otra parte, este contexto instala la discusión acerca de la evaluación y acreditación de los saberes que, anclada en el ciclo lectivo vigente, implica atender a los recorridos diferenciados de los estudiantes ante la suspensión de clases. Además, es necesario trabajar en las condiciones de infraestructura necesarias para que los estudiantes que más lo necesitan puedan lidiar tanto con la actual e indeterminada interrupción como con sus efectos. En este punto, la ampliación de la cobertura y calidad de la conexión a Internet, así como una política de educación digital que se apoye en la producción de contenidos y la distribución de dispositivos tecnológicos con un uso pedagógico potente emergen como opciones de política prioritarias.
La pandemia profundizará las desigualdades y agravará la brecha educativa. Para mitigar sus efectos, una respuesta del Estado en clave de justicia debe combinar una intervención orientada a atender la emergencia en el corto plazo e intervenciones de mediano y largo plazo que miren a compensar el tiempo de enseñanza perdido, sobre todo para los alumnos en situaciones de mayor vulnerabilidad.
