Publicado en septiembre de 2021

El sistema previsional tiene como objetivo garantizar ingresos para las personas que salen del mercado de trabajo, principalmente por razones de edad. En los sistemas de reparto es el Estado quien asume la responsabilidad de asegurar esos ingresos a partir de una determinada edad, pero no todas estas personas desean o requieren del mismo nivel de consumo. Esto puede generar brechas entre el ingreso deseado y el obtenido en la vejez. Por eso, es habitual que los sistemas combinen tres componentes: uno que garantice ingresos para cubrir necesidades básicas; uno que replique cierta proporcionalidad entre los ingresos laborales y los que se recibirán luego del retiro; y, finalmente, un último componente voluntario (mediante el acceso a APV, aportes previsionales voluntarios) que permita, a quienes lo deseen, incrementar los ingresos de retiro a través sus ahorros.

La búsqueda de un mayor nivel de ingresos en la vejez a través del ahorro voluntario no solo es legítima, sino que, desde el punto de vista de la sociedad, es deseable por sus efectos macroeconómicos. Por ser de largo plazo, los ahorros previsionales representan oportunidades de financiamiento para inversiones fundamentales para el crecimiento económico, a la vez que contribuyen a consolidar los mercados de capitales. En consecuencia, el Estado podría beneficiarse al facilitar y promover el desarrollo de instrumentos de este tipo. Por supuesto, por tratarse de esquemas de ahorro de largo plazo, su éxito depende en buena parte de la confianza que la población tenga sobre su sostenibilidad, y de las condiciones macroeconómicas. Para eso, la existencia de normas regulatorias creíbles e instituciones de supervisión adecuadas son dos condiciones fundamentales, que no siempre se han logrado sostener en el tiempo.

En Argentina, las pretensiones de obtener ingresos previsionales superiores a los previstos por los esquemas generales se han satisfecho, tradicionalmente, mediante la creación de regímenes de excepción. Estos ofrecen mejores condiciones de retiro a grupos de trabajadores y, en la mayoría de los casos, perjudican la equidad y sostenibilidad del sistema. Alternativamente, la existencia de un tercer pilar de ahorro voluntario posibilitaría que quienes deseen percibir ingresos previsionales mayores a los públicos puedan hacerlo, a la vez que se mantienen las condiciones institucionales de sustentabilidad y equidad del sistema.

Argentina tuvo experiencias con esquemas de ahorro previsional voluntarios a través de productos ofrecidos por la industria aseguradora (que aún subsisten, aunque en una escala menor), y como parte del sistema previsional formal entre 1994 y 2008. Los resultados de estas experiencias han sido poco alentadores en cuanto a su adopción y sostenibilidad, en buena parte debido a los problemas macroeconómicos y a esquemas de regulación y supervisión insuficientes para proteger los ahorros de largo plazo de estos problemas.

Sin embargo, tanto la literatura como la experiencia internacional muestran que incorporar este tipo de esquemas en los sistemas previsionales de manera complementaria y voluntaria es posible, e incluso deseable, en términos macroeconómicos e individuales. La mayoría de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrecen a su población opciones que, a través del sistema financiero tradicional o de instituciones específicamente creadas para este fin, permiten la acumulación de ahorros durante la vida activa para mejorar los ingresos luego del retiro. También hay esquemas similares en varios países de América Latina, pero en un contexto de estabilidad macroeconómica y fortaleza regulatoria más sólido que en la historia argentina reciente.

Es posible y deseable la construcción de un esquema de ahorro previsional voluntario en Argentina, que permita a quienes así lo prefieran mejorar sus ingresos jubilatorios. Se trata, inevitablemente, de un proceso gradual, en el que llevará tiempo mejorar las condiciones macroeconómicas y la consolidación de instituciones que garanticen la credibilidad. Es posible identificar un conjunto de principios ordenadores necesarios para avanzar en este camino:

1. No discriminación: el acceso a esquemas de ahorro previsional voluntario debe estar disponible para toda lo población, más allá de su inserción en el mercado laboral y de su vinculación con esquemas previsionales obligatorios.
2. Esquemas de empresas: se deberían promover los programas de ahorro previsional voluntario por empresas, gestionados por entidades financieras y compañías de seguros de retiro, para que empleadores organicen y contribuyan a los esquemas de ahorro previsional voluntario.
3. Transparencia, simplicidad y accesibilidad: promover un diseño sencillo, uniforme y transparente de planes de aportes definidos y beneficios indefinidos para facilitar su comprensión y selección por parte de un público heterogéneo. Usufructuar las tecnologías digitales para facilitar el acceso a APV (aportes previsionales voluntarios), reducir costos y extender el alcance potencial en todo el país.
4. Flexibilidad: permitir, con anterioridad al retiro del mercado de trabajo, accesos alternativos a los ahorros acumulados .
5. Incentivos: estimular el ahorro voluntario mediante el diseño de compensaciones fiscales o excepciones impositivas según los diferentes ingresos, y con consideración a opciones por defecto para el ingreso al sistema.
6. Costos: establecer un sistema de comisiones sobre los saldos de ahorro previsional voluntario individual para alinear los incentivos entre administradores y administrados. Explicitar todos los cargos admitidos en el diseño de cada programa.
7. Diversificación: permitir la diversificación en instrumentos financieros que morigeren el impacto de la exposición a la moneda doméstica.
8. Portabilidad: posibilitar la libre elección y la movilidad entre proveedores de servicios.
9. Competencia: fomentar la competencia entre los distintos oferentes del APV, con regulación y supervisión para evitar cartelización o acuerdos comerciales entre ellos.
10. Supervisión y regulación: establecer la agencia pública (o la coordinación entre agencias) para la supervisión continua del funcionamiento del sistema. Revisar y coordinar las regulaciones sobre el APV entre las agencias que controlan a los proveedores de este servicio.
11. Educación financiera: diseñar campañas de educación y de comunicación obligatorias y periódicas sobre el APV.

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