El informe sobre el estado de la Nación es un momento estratégico para hacer público los resultados alcanzados y las prioridades de políticas para el año legislativo que comienza. Los informes hacen a la calidad institucional de la democracia por tres aspectos. En primer lugar, otorgan relevancia política a los mecanismos de rendición de cuentas. En segundo lugar, funcionan como una instancia de determinación de objetivos y propuestas que guìan la acción pública. Finalmente, permiten observar la calidad de la información disponible en la toma de decisiones (validez, accesibilidad, apertura y publicidad).
En Argentina, una vez al año, la Constitución Nacional (artículo 86º) demanda al presidente informar sobre el estado de la Nación y sobre la marcha de los asuntos públicos en ocasión de la inauguración de la Asamblea Legislativa. En general, el informe es un recurso para establecer un posicionamiento político, marcar el tono de gobierno en cuanto al contenido y foco de las políticas públicas, y transmitir sus prioridades de gobierno tanto como las características de la gestión. En esa ocasión, el presidente también debe presentar (i) un balance de resultados del período que culmina y (ii) proponer una agenda de reformas para el período que se inaugura.
Cuando un mandato comienza es, además, una oportunidad para presentar un plan de gobierno. El Estado argentino no cuenta con normas o criterios que definan cuáles deben ser los contenidos del informe sobre el estado de la Nación. De acuerdo a las buenas prácticas sobre la materia, para que este informe se constituya en un instrumento mejorado de rendición de cuentas sobre la efectividad de las políticas debería incluir al menos tres elementos:
- Un plan de gobierno de mediano plazo, en el caso del primer informe del mandato del presidente, enfocado en prioridades de políticas o reformas que considera necesarias para el desarrollo nacional.
- Avances en el cumplimiento de resultados, en el caso de los informes anuales que siguen al primero.
- Datos de calidad sobre la situación social, económica y política de la Nación que aporten evidencia sobre los resultados alcanzados en función del plan.
A nivel internacional, la formulación de planes de gobierno, su articulación con una estrategia de desarrollo de largo plazo, su vinculación con presupuestos plurianuales y el desarrollo de centros de información y sistemas de monitoreo y evaluación que dan cuenta de sus avances son cada vez más generalizados. En América Latina, países como Brasil, Colombia, México, y Perú adoptaron procesos de planificación, monitoreo y evaluación de objetivos nacionales de desarrollo. Estos procesos ordenan la producción y gestión de la información estatal y facilitan la publicación regular de información sobre los impactos y resultados de la acción de gobierno. Además, estos países implementaron mecanismos de comunicación de esos avances como los informes presidenciales al Congreso o las plataformas en línea, entre otras herramientas.
En Argentina estas funciones centrales del Estado todavía no se encuentran completamente avanzadas. La función de planificación en el Estado nacional presenta un bajo nivel de desarrollo. Argentina es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe (junto con Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Suriname) que no cuenta con un órgano rector en materia de planificación del desarrollo (CEPAL, ILPES, 2018).
¿Por qué es necesario un plan de gobierno?
La estrategia de un gobierno necesita estar basada en un plan y su seguimiento. Pensar y concertar un plan de gobierno mejora el foco estratégico de la gestión, contribuye a crear mecanismos de coordinación, a priorizar y asignar recursos públicos, a medir resultados y a dar explicaciones sobre logros y desafíos.
La planificación contribuye a generar un sistema que articule una visión coherente de objetivos, metas y resultados en el mediano plazo que sean conocidos por los distintos actores y sectores de política, y que permita la alineación estratégica de los distintos programas y políticas existentes. Además, tiene un papel insustituible a la hora de priorizar y asignar los recursos públicos por medio del presupuesto. Identificar objetivos y metas de desarrollo nacionales establece un referente que permite asignar fondos a los sectores y programas que resultan más efectivos para satisfacer las necesidades sociales.
Los planes permiten medir los resultados de la acción del gobierno. Una vez iniciada la acción, los objetivos y metas definidos son la base para monitorear y evaluar el desempeño y los resultados. El monitoreo permite hacer un seguimiento de las acciones de gobierno: facilita la medición de los logros y permite ajustar las políticas públicas durante la implementación para optimizar el uso de recursos. Una unidad de cumplimiento en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros puede cumplir esta función. Por su parte, la evaluación permite medir la calidad de los servicios brindados, detectar y solucionar cuellos de botella durante la implementación, y estimar los cambios sociales y económicos atribuibles a las políticas. Una Agencia Nacional de Evaluación de Política Públicas podría acompañar la medición de impactos sobre los planes de gobierno y generar evidencia sobre resultados.
Un plan, apoyado en un Consejo Económico y Social que debata sus objetivos y apoye sus acciones con una base amplia de pluralidad contribuye a legitimar los objetivos y metas. Finalmente, articular el plan de gobierno con una política de datos abiertos facilita la rendición de cuentas. La información es un activo que permite empoderar a las comunidades en tanto visibiliza distintas problemáticas. Así, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas mejora los mecanismos de control, permiten robustecer la integridad de la gestión pública y medir el desempeño de la acción estatal.
El informe sobre el estado de la Nación es un momento inmejorable para articular políticas públicas en clave de pasado, presente y futuro con datos abiertos y confiables que permitan el control del Congreso y el involucramiento de la ciudadanía en la marcha de la acción del Estado.
El informe sobre el estado de la Nación en la región
El informe sobre el estado de la Nación existe en otros 19 países de América Latina por mandato constitucional: Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y México. Todos estos comparten muchas características con el formato y contenido argentino.
En cuanto al formato, en 14 países de la región el informe coincide con la apertura de sesiones legislativas. En más de la mitad de los casos se requiere una presentación oral y en pocos casos es solo escrita. . En cuanto al contenido, todas las Constituciones Nacionales demanda rendición de cuentas; en 11 se exige además la presentación de propuestas o un Plan de Gobierno. Sólo en tres casos (Chile, Venezuela, El Salvador) se trata de un informe puro de rendición de cuentas. El caso de Costa Rica es el único que reúne todos elementos analizados: rendición de cuentas, plan de gobierno, memoria escrita y apertura legislativa.
