La pandemia de COVID-19 está obligando a nuestras sociedades a adaptarse en tiempo record. El coronavirus cambió todas las prioridades y las agendas están evolucionando en tiempo real con el devenir de la crisis. Las instituciones democráticas no pueden quedar al margen de este proceso de adaptación. Hoy más que nunca, necesitamos el caudal de información, de argumentos diversos y de intereses plurales que solo el Congreso puede ofrecer a la legitimidad de las decisiones de políticas públicas en democracia. Mientras el poder ejecutivo toma y comunica decisiones, el Poder Legislativo se debate cómo salir del dilema en el que se encuentra atrapado: tomar decisiones como cuerpo colegiado, respetando las condiciones de aislamiento preventivo. Un modo de romper con el dilema es operar de manera remota. Sea cual sea la salida, el coronavirus viene a ofrecer una oportunidad única para repensar el trabajo en el Congreso, visualizarlo mejorar su imagen y credibilidad ante la ciudadanía.
El Congreso debe sesionar. Sobran razones para ello. Las decisiones consensuadas, que incluyen la voz de los diferentes sectores sociales representados en el poder legislativo, son más estables. El coronavirus es un rector de las expectativas y demandas a cubrir de manera inmediata, sin margen para marchas y contramarchas. Los riesgos de tomar medidas unilaterales son tan altos como los de no colaborar u obstruir la adopción de medidas. Además, muchas medidas necesarias para hacer frente a los efectos laterales de la pandemia deben pasar por el Congreso ya que son de su exclusiva competencia. No solo eso, la parálisis del Congreso lleva implícito el riesgo de concentración de poder en el Ejecutivo. El Congreso, además de legislar, debe cumplir su rol de contralor, representando los intereses de todas y todos los argentinos.
La evidencia comparada señala que algunos parlamentos del mundo logrado descifrar la salida al dilema que plantea la decisión colegiada y el aislamiento preventivo. La incorporación de tecnología al proceso legislativo es una alternativa más, que ofrece la posibilidad de que el Congreso cumpla con su rol sin desafiar la necesidad de distanciamiento social. En nuestro país, el Congreso Nacional se encuentra realizando reuniones informativas virtuales con participación de los ministros; sin embargo, aún no existen decisiones respecto a cuestiones de orden resolutivo, como la discusión de proyectos en comisiones, sesiones plenarias, dictámenes o votaciones.
El COVID vuelve más vulnerables a quienes tienen ciertas “condiciones preexistentes” y complica aún más su recuperación. Nuestras instituciones también sufren de un pasado de abusos de confianza y de falta de cooperación entre sus actores. La pandemia ofrece la oportunidad de demostrar que, a diferencias de lo que nos sucede a los individuos, las instituciones democráticas pueden superar esas “condiciones preexistentes” y operar más eficientemente ante la adversidad, tendiendo la mano para que nos la tomen en lugar de herirnos traicionándonos una vez más. En este contexto, vale recordar que se acuerdan reglas con quienes discutimos, no con quienes estamos de acuerdo.