Lo que pasa en la primera infancia dura para siempre. Los aspectos cruciales del desarrollo cognitivo, físico y emocional de las personas se determina en estos primeros años de vida. En la Argentina, en vez de darles las mejores condiciones a los niños y niñas más pequeños, hacemos todo lo contrario: son ellos los que, con mayor frecuencia, se encuentran en situaciones de pobreza.
Esto vulnera los derechos de los niños, cuyo cumplimiento termina dependiendo del lugar de nacimiento y la condición sociolaboral de sus familias.
La vulneración de los derechos de los niños es la contracara de la vulneración de los derechos de las mujeres, dado que ellas son responsabilizadas culturalmente de las tareas de crianza y cuidado.
Las políticas públicas para la primera infancia tienen el potencial de contribuir al logro de la equidad de género.
El desafío debe ser abordado integralmente. Las políticas públicas para la primera infancia deben considerar las responsabilidades de acogida de los más pequeños: la crianza, la enseñanza y el cuidado (CEC). Estas tres funciones, indelegables e inseparables, se traducen en políticas públicas para garantizar el desarrollo saludable y la nutrición de los niños, el tiempo de las familias para criar y cuidar, y una oferta institucional equitativa y de calidad para todos.
La oferta de instituciones de CEC (que incluye jardines maternales y de infantes y espacios de primera infancia) es escasa e inequitativa. Entre 2011 y 2012 a nivel nacional, solo el 32% de los niños de entre cero y cuatro años accedía a algún tipo de oferta institucional de CEC. Además, los niños más pequeños de sectores socioeconómicos más vulnerables, que habitan territorios más alejados de las grandes metrópolis, son quienes se encuentran en peores condiciones para acceder a alguna institución de CEC.
A los desafíos asociados al acceso se suman los vinculados con la calidad. Los actuales mecanismos institucionales para garantizar la calidad de todas las instituciones de CEC son insuficientes.
Las instituciones de CEC son dispares en términos de infraestructura, dotación y perfiles de los profesionales, recursos necesarios para las acciones de cuidado, enseñanza y crianza, seguridad y programas de alimentación.
Es necesario contar con políticas públicas para mejorar el acceso y la calidad de la oferta de CEC.
Para ello, en primer lugar, hay que superar la fragmentación.
Actualmente las instituciones de CEC dependen de distintos sectores y niveles del Estado. Además, hay un grupo de instituciones que se encuentran por fuera de toda regulación (por ejemplo, los jardines maternales privados no incluidos en la enseñanza oficial).
La preocupación por la articulación debe combinarse con un fuerte foco en la calidad. Es fundamental delinear estándares comunes que guíen y orienten a todos los espacios que brindan CEC para la primera infancia. La regulación y la formación de los profesionales que trabajan en estas instituciones debe ser pensada desde las funciones de crianza, enseñanza y cuidado, cualquiera sea el tipo de institución de CEC.
Todos los niños y niñas, sin importar su edad, sector socioeconómico o lugar de nacimiento, deberían acceder a propuestas que amalgamen crianza, enseñanza y cuidado, más allá del sector o nivel de política al que pertenezcan esas iniciativas. Para garantizar la integralidad de las políticas públicas para la primera infancia es necesario desnaturalizar la idea de que el cuidado, la enseñanza y la crianza pueden pensarse y organizarse por carriles diferentes.
Solo reforzando el carácter indivisible e indelegable de estas tres funciones en la acogida de los niños más pequeños podemos avanzar hacia una garantía plena de sus derechos.
