La integración social y urbana de los barrios populares es un objetivo de gobierno para 2021. Así lo anunció Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1 de marzo y señaló que la meta para este año es re urbanizar 400 de los 4.416 barrios populares que existen en Argentina según datos del Registro Nacional de Barrios Populares para 2019. Esta cifra representa un poco menos del 10% del total , y el porcentaje puede ser aún menor si se contabilizaran los asentamientos informales que surgieron en los dos últimos años.
Los barrios populares de Argentina ocupan en conjunto un territorio de más de 400 km2 -el equivalente a dos ciudades de Buenos Aires-, donde habitan más de 4 millones de personas. Casi la totalidad de las más de 900.000 familias que viven en villas y asentamientos no cuenta con acceso formal a servicios básicos (luz, agua y cloacas), y no poseen seguridad en la tenencia del suelo y la vivienda.
Cantidad de barrios populares por provincia y Ciudad de Buenos Aires
Fuente: elaboración propia sobre la base de Registro Nacional de Barrios Populares (2019).
La informalidad urbana es la representación territorial de la pobreza y la desigualdad que existen en el país. La mejora de las condiciones socio habitacionales de los sectores más vulnerados es una deuda pendiente que tiene más de un siglo de antigüedad.
Antigüedad de los barrios populares de Argentina, en porcentaje
La magnitud del desafío se vio reflejado en el discurso presidencial: la política de integración de la totalidad de los barrios (4.416) demandará al menos una década. Esto implica convertirse en una política de Estado que trascienda gestiones de gobierno y articule su implementación al interior del Estado nacional y con los gobiernos subnacionales.
Según información provista por el Ministerio de Desarrollo Social, de los 400 proyectos de reurbanización planificados para 2021, 106 ya se encuentran en ejecución. Las intervenciones varían entre obras para la provisión de agua, cloacas y servicios básicos, y otras acciones de mayor envergadura que incluyen la reurbanización completa de algunos barrios, la mejora de viviendas o la provisión de lotes con servicios que se adelanten a la informalidad.
La política se enmarca en el Programa de Integración Socio Urbana (PISU), creado en 2018 mediante la Ley 27.453, uno de los hitos más relevantes en el reconocimiento de derechos sociourbanos de los últimos años. El PISU cuenta con un fideicomiso (FISU) para su financiamiento, que prevé su implementación conjunta entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales.
La meta del gobierno para 2021 cuenta con los recursos necesarios para su financiamiento. Para la reurbanizar los 400 barrios el FISU dispone de más de 12.000 millones de pesos provenientes de lo recaudado mediante el Impuesto País, y alrededor de 45.000 millones disponibles por única vez que provienen del 15% del aporte solidario y extraordinario que deben realizar las grandes fortunas en el marco de la emergencia sanitaria. Este financiamiento se suma al crédito de 50 millones de dólares que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019.
La relevancia del problema de la exclusión social y urbana invita a celebrar el anuncio presidencial, así como la definición de una meta cuantificable para el corto plazo y el planteo de una proyección para la solución total en el largo plazo.
Sin embargo, aún faltan datos y mayores precisiones sobre las intervenciones que se están llevando adelante en los primeros 400 barrios, así como sobre cuál será la estrategia de intervención y financiamiento para los restantes 4.016 barrios que se reurbanizarán en la próxima década. Para que el sistema democrático pueda ejercer su función de control sobre los avances y resultados, es necesario contar con información sobre cuáles son los proyectos que se llevarán adelante, dónde se encuentran ubicados los barrios populares que serán objeto de las intervenciones, y cuáles son los plazos y los actores intervinientes.
