El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, conocido popularmente como Fondo del Conurbano, fue creado mediante la Ley N° 24.073 de 1992, que modificó la Ley de Impuesto a las Ganancias. Mediante esa norma, se estableció que el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias se destinaría a la provincia de Buenos Aires, constituyendo un fondo para la realización de obras de infraestructura en el territorio del conurbano, cuya administración correspondería al gobierno provincial.

El Fondo del Conurbano fue la resultante de un acuerdo político entre el presidente Carlos Menem y Eduardo Duhalde para garantizar que este último aceptara ser candidato a gobernador de la provincia. El argumento esgrimido era la pérdida de participación relativa que la provincia había registrado en la Ley de Coparticipación vigente en aquel entonces, que es la misma que rige actualmente.

No obstante, el Fondo estuvo operativo durante cuatro años, puesto que en 1996 la Ley N° 24.621 le impuso un tope máximo de $650 millones, estableciendo que la diferencia entre el 10% original y los $650 millones se distribuyera entre el resto de las provincias, excepto la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los coeficientes de la Ley de Coparticipación.

Con el transcurso del tiempo, el crecimiento de la economía y el proceso inflacionario implicaron una fuerte desactualización del tope, que nunca fue actualizado, mientras que simultáneamente el resto de las provincias percibía el excedente sin ninguna limitación. De este modo, se dio la paradoja de que el verdadero fondo resultó el excedente destinado al resto de las provincias, quedando el Fondo del Conurbano reducido a una mínima expresión, distorsionándose así el objetivo inicial de la norma. De esta manera, mientras en 1996 la provincia de Buenos Aires recibía el 10% de lo recaudado por Impuesto a las Ganancias; veinte años después, en 2016, solo percibía el equivalente a 0,2 % del total del impuesto.

Actualmente la existencia del Fondo del Conurbano, creado para mejorar la posición relativa de la provincia de Buenos Aires, lejos de beneficiarla, la perjudica. A la provincia le resultaría mucho más beneficioso que la detracción del 10% destinada a ese fondo no existiera y que esos recursos integraran la masa coparticipable, distribuyéndose de acuerdo con los coeficientes de coparticipación.

Desde esta perspectiva, el reclamo de revisión del tope luce razonable, entre otras cosas para evitar la alta exposición de la provincia a las cuantiosas transferencias discrecionales que envía el Gobierno nacional, de acuerdo con su humor político.

Para entenderlo fácilmente, supongamos que el 10% del Impuesto a las Ganancias en 2017 ronda $ 52.000 millones aproximadamente, de los cuales $650 millones percibe la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano; en tanto que los $51.350 millones restantes conforman el excedente a distribuir entre las demás jurisdicciones. Si se eliminara el tope, volviendo a la situación original, el 10% íntegro constituiría el Fondo del Conurbano para Buenos Aires, mientras que desaparecería el excedente y el resto de las provincias resignaría $51.350 millones. Cómo puede observarse, resultaría inviable políticamente.

Existen numerosas alternativas intermedias en las que la pérdida de recursos de las provincias no resultaría tan gravosa. Sin embargo, parecería que ninguna provincia está dispuesta a resignar fondos que durante muchos años han fluido automáticamente a sus arcas y contribuido a financiar una estructura de gasto creciente y sumamente rígida. Por lo tanto, la solución entre pares (es decir, entre las provincias) no parece viable. En este contexto, todos miran a la Nación, que “mágicamente” podría resolver el problema, pero no debemos olvidar que la caja es una sola.

Se trata de un problema complejo en un contexto de severo desequilibrio fiscal, por lo que su resolución solo será posible en un marco de diálogo y consensos abstraídos de la puja electoral y las especulaciones de la coyuntura.