Las políticas educativas se enmarcan en una cuestión estructural y apenas manifiesta en el debate público: la carrera docente. El conjunto de reglas de juego que definen cómo maestros, profesores y directores de escuelas estatales acceden a sus cargos, las lógicas de reconocimiento, los ascensos y los salarios.
Todos los años, al inicio del ciclo lectivo y en un clima de alta conflictividad, se discuten salarios. Esta problemática no se acompaña de una mirada de largo plazo, que plantee un aumento significativo de los recursos (muy necesario) pero que considere, además, las tres variables más importantes de una política docente integral: la formación inicial y continua, las condiciones de trabajo y la carrera.
En la última década hubo avances sustantivos en las políticas de formación, pero no en la carrera, a pesar de que la Ley Nacional de Educación los planteaba. A más de diez años de su sanción, no hubo debates profundos; mucho menos acuerdos multisectoriales para su transformación. La carrera docente está regida por normativas provinciales que se desprenden del estatuto del docente nacional, sancionado a fines de la década del cincuenta.
Repensar la carrera docente en el marco de compromisos sólidos entre actores es una deuda pendiente. Es una temática apenas visible, pero con fuertes implicancias tanto para las trayectorias de los docentes, como para la organización escolar y la enseñanza de los alumnos.
Las reglas actuales promueven que los docentes reemplacen el trabajo en el aula por cargos administrativos o directivos para ascender. Existe consenso en la necesidad de una vía de ascenso alternativa que evite que excelentes maestros y profesores dejen de enseñar, pero no hay mecanismos concretos que admitan esta posibilidad. También se sabe que la formación necesaria para enseñar y para dirigir es diferente, pero casi no hay esquemas de capacitación y puntajes que lo contemplen.
La mayor parte de los docentes de secundaria son contratados por horas en diversas escuelas (profesores “taxi”). Un 30% de los docentes del país trabaja en dos escuelas; otro tercio en tres o cuatro y casi el 15% en cinco o más instituciones. Aunque se sabe que la contratación por cargo (en vez de horas) admitiría mejores condiciones de trabajo y la oportunidad de planificar de manera colaborativa y de conocer y acompañar mejor las trayectorias de los estudiantes, salvo excepciones, la normativa actual no la admite.
También habría que establecer criterios explícitos que garanticen el financiamiento educativo nacional dirigido a los salarios docentes (actualmente, el FONID y el Fondo Compensatorio Docente) contemplando dos frentes. Por un lado, la importancia de equiparar las fuertes desigualdades provinciales. Un docente de la provincia de Tierra del Fuego gana el doble que un colega de Santiago del Estero o Formosa, según los últimos datos oficiales. Por otro, la discusión salarial debería ir acompañada de mecanismos concretos para pensar una nueva carrera docente.
Promover una carrera docente más estimulante exige salir de la discusión coyuntural. Requiere un debate profundo entre múltiples actores, con intereses diversos e incluso contrapuestos. El Congreso nacional debería ser el escenario para iniciar una discusión que garantice un aumento incremental del salario docente combinado con una revisión de la carrera docente.
