“Las obras ya no son sinónimo de corrupción”, repite como un mantra el presidente Mauricio Macri en cada inauguración, en cualquier rincón del país. El latiguillo machaca sobre uno de los pilares en los que Cambiemos se apoyó para llegar al poder en 2015: el contraste con un kirchnerismo cuestionado en su falta de ética y transparencia, y acorralado por las denuncias contra sus funcionarios y su jefa, Cristina Kirchner.

Las cifras y las voces especializadas coinciden: el argumento de Cambiemos en favor de la transparencia se basa en un reclamo social que figura desde hace años entre las prioridades de la opinión pública.

Esta exigencia de la sociedad se retroalimentó al calor de sucesivos escándalos. Las imágenes del exsecretario de Obras Públicas José López y sus bolsos millonarios en el convento de General Rodríguez fueron un punto clave del hastío. A eso se suman las causas contra Cristina por los sospechosos alquileres de Hotesur y Los Sauces, y el expediente en su contra por direccionamiento de la obra pública santacruceña hacia empresas de Lázaro Báez, hoy detenido en el penal de Ezeiza. Otros capítulos de la saga de las causas de corrupción kirchnerista incluyen la detención de algunos de sus popes, como el exministro de Planificación Julio De Vido, con prisión preventiva en Marcos Paz por presuntos desvíos de fondos en el yacimiento de carbón de Río Turbio.

Sin embargo, el reclamo de transparencia no mira solo al pasado, sino que también proyecta su lupa inquisidora sobre los hechos del presente. Tras sus promesas electorales, el Gobierno debe responder ahora ante los cuestionamientos que recaen sobre sus propios integrantes, ya sea por nepotismo, patrimonios offshore u otros comportamientos en principio reñidos con la ética.

“Después de muchos años de una corrupción muy fuerte, la sociedad argentina está un poco más preocupada por este mal”, afirma Delia Ferreira Rubio, la argentina que preside la organización Transparencia Internacional. “El Índice de Percepción de Corrupción muestra que el país ha mejorado. Pero, de cero a cien, donde cien es un país transparente y cero un país muy corrupto, la Argentina solo saca 39 puntos, muy lejos del promedio y de los países considerados transparentes”.

Un relevamiento realizado en febrero por la consultora Poliarquía coloca la corrupción como el quinto problema más acuciante para la sociedad, incluso por encima de asignaturas pendientes como la pobreza o las carencias del sistema educativo. Solo están por encima los ítems inseguridad, inflación, desempleo y problemas económicos.

“Desde hace cinco años, la preocupación por la corrupción ha venido creciendo lenta pero sostenidamente -dice Nicolás Solari, de Poliarquía-. Lejos de ser un fenómeno local, la demanda de transparencia es un reclamo regional. No es casualidad que en Brasil, Colombia y México [tres países que celebran elecciones presidenciales este año] la corrupción sea un tema central de campaña y el gran escollo de los gobiernos para mantenerse en el poder”.

Según Natalia Aquilino, directora del Programa de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC, ese reclamo se traduce en el país en actividades organizadas. “Hay grupos de la sociedad civil que demandan tipos específicos de transparencia. Por ejemplo, apertura de información del Poder Judicial o de los ministerios, transparencia en los procesos de gestión, monitoreo de los resultados de las políticas públicas y una mejor rendición de cuentas“, señala.

Hoy, los dichos y los hechos deben estar en línea, al menos esa parece ser la exigencia social. “No diría que la sociedad tiene una posición homogénea en la materia -dice el filósofo Santiago Kovadloff-. Pero hay tendencias dominantes que exigen que la política no dé la espalda a la ética. Y esa demanda es central, en la medida en que el Gobierno se configura como vencedor en las elecciones porque genera una expectativa de transformación moral y no solo de liderazgo político, en el marco de una experiencia que culmina con la derrota del kirchnerismo y que se caracterizó por una absoluta falta de transparencia”.

El oficialismo se defiende

Esa expectativa en la que se apoyó Cambiemos para llegar al poder, ese contraste con lo que había, interpela y pone en apuros al oficialismo. “El Gobierno está obligado a mostrarse más transparente. Más que mostrarse, debe serlo -dice Margarita Stolbizer, exdiputada, denunciante de Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces-. Y debe modificar las condiciones que favorecen la corrupción. Hay que ser y parecer. Hoy hay funcionarios con conflictos de intereses”.

Ferreira Rubio refuerza la idea: “Dado que transparencia era lo que se ofrecía en la campaña, la ciudadanía espera que el Gobierno se comporte de acuerdo a los más altos valores éticos”.

Dentro de la alianza gobernante, admiten que esa exigencia existe y la asumen. “La transparencia y el rediseño institucional tienen que ver con la plataforma de Cambiemos. La gente votó una opción distinta del kirchnerismo, que representó el desconocimiento de las instituciones y el intento de concentrar el poder”, opina Paula Oliveto, diputada de la Coalición Cívica, denunciante de Cristóbal López por defraudación a la administración pública y una de las dirigentes que denunciaron haber recibido amenazas que atribuyeron a Hugo Moyano y su entorno.

Entre las acusaciones que ha recibido el Gobierno están los Panamá Papers, que vincularon a Macri con la titularidad de sociedades offshore, de las que finalmente quedó desligado por la Justicia.

También, el polémico acuerdo por la deuda del Correo Argentino, después cancelado, que según la fiscal Gabriela Boquín implicaba una millonaria quita para el grupo Socma, de la familia Macri.

El extitular de la Aduana y actual vicepresidente del Banco Nación, Juan José Gómez Centurión, fue acusado de encubrir a una banda de contrabandistas. En un gesto que fue elogiado, fue separado de la Aduana mientras lo investigaban. Tras quedar absuelto, retornó a su cargo.

Más complicado fue el caso que protagonizó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cuando se filtró un audio de WhatsApp en el que maltrataba a una exempleada a la que había nombrado en una seccional del intervenido SOMU, gremio que manejaba el detenido Omar “Caballo” Suárez. Resistió también los embates por los nombramientos de familiares (su hermana y su esposa), y el Presidente terminó firmando un decreto contra el nepotismo.

El dolor de cabeza más reciente fue el caso del exsubsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, que no declaró una cuenta con 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra. Finalmente, renunció. También puso en apuros al Gobierno la acusación contra el titular de la cartera de Finanzas, Luis Caputo, que omitió declarar al ingresar en la función pública que hasta mediados de 2015 fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales, según la investigación Paradise Papers. Caputo fue respaldado y conserva su cargo.

Otro caso resonante es el del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, indicado como presunto receptor de sobornos en Brasil en el marco de la trama de Odebrecht. Si bien sigue siendo el “Señor 5” en la AFI, y el juez Rodolfo Canicoba Corral cerró la investigación en su contra, surgieron nuevos testimonios en Brasil que volvieron a vincularlo con cobros ilegales.

El historiador Luis Alberto Romero escribió en este diario sobre un “vendaval ético” que recorre la Argentina. Lo valoró, aunque advirtió sobre los excesos de ese celo de transparencia: “No todo es oro en este vendaval ético. Quienes sienten amenazados sus intereses, a menudo provenientes de espurias prebendas, se defienden empleando el mismo lenguaje de la virtud. Los responsables de las antiguas tropelías buscan ansiosos la paja en el ojo ajeno que disimule la viga en el propio”.

El primer proyecto presentado en el Senado por Cristina Kirchner, que ya tiene tres causas en su contra elevadas a juicio, busca impedir que los funcionarios tengan participación en firmas offshore.

El nuevo secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, dijo que el compromiso del Gobierno con la transparencia debe ser total y se diferenció del kirchnerismo: “Me acuerdo de cómo reaccionaban antes, con los aplaudidores. Los que criticábamos éramos golpistas”.

Stolbizer admite la diferencia entre el gobierno anterior y este. “Yo no puedo decir que hoy haya casos resonantes de corrupción. No son los K. Pero no están cumpliendo con una obligación de transparencia que formaba parte del contrato social con su electorado”, apunta. “Las designaciones de Triaca en el sindicato intervenido no se podían resolver con un pedido de disculpas. Su hermana transfería recursos públicos a su cargo a su propia empresa. ¿Qué pasó con esto?”. La líder del GEN dice que el oficialismo protege a sus funcionarios. “Al menos hasta que no pueden más, como el caso de Díaz Gilligan”.

Contrapesos internos

La diputada Oliveto, una de las nuevas espadas del Gobierno en el Congreso, difiere: “Cuando la Justicia está investigando en tiempo real, cuando se discuten reformas estructurales como la ley de ética pública, cuando los periodistas pueden informar libremente y cuando se da el debate dentro de la misma alianza gubernamental, gana la Argentina”. Y destaca “los contrapesos internos, ya que muchas de las denuncias han sido impulsadas por Elisa Carrió y eso no ha resquebrajado la alianza”.

¿Será la exigencia de transparencia algo más que un reclamo pasajero? “La sociedad realiza sus demandas con intensidad y no siempre con fortaleza sostenida en el tiempo”, advierte Kovadloff.

Para que esto ocurra, dicen los expertos, es preciso que mejoren la calidad de la Justicia y los estándares de la política. Pero existen otros aspectos puntuales, apunta Aquilino. “La capacidad operativa y presupuestaria de producción de información de calidad por parte del Estado garantizará un ambiente transparente. Además, la difusión de información en formatos atractivos y el uso sostenido de esos datos desde la sociedad civil favorecen el interés de una comunidad en mayores niveles de transparencia”.

Para Stolbizer, la Justicia está “al tope” de la desconfianza. Es un punto en el que también se detiene Ferreira Rubio: “La sustentabilidad del reclamo ético depende de cuánto hagan el Gobierno y el Congreso para tener mejores leyes; la Oficina Anticorrupción, por actuar más eficientemente; la sociedad, por no tolerar, y la Justicia, por castigar. En América Latina se nota una actitud más fuerte de la Justicia en los casos de corrupción. Pero no sabemos si, cambiadas las autoridades políticas, la Justicia va a volver a hacer la vista gorda”.

Según la presidenta de Transparencia Internacional, la administración de Macri tiene asuntos pendientes que debe atender para estar a la altura de la vara con la que se mide la transparencia. “Hay un área problemática, que es la de los conflictos de interés”, dice Ferreira Rubio. “Es la más sensible de las que que el Gobierno debe enfrentar”.