En épocas como estas, las conversaciones, los análisis políticos, las discusiones y, sobre todo, las calles, se tiñen de proselitismo. De a poco, la vía pública se va colmando de afiches con la cara de los precandidatos y sus partidos, algunos nuevos y otros no tanto. Lo cierto es que la ley establece un plazo para empezar a hacer campaña. Y ese plazo empieza hoy, 14 de julio. Son recién 30 días antes de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que las figuras pueden empezar a promocionarse. Pero, al margen de la norma, inician -e iniciaron- antes. Según los especialistas, falta control y mejorar la ley. Pero más aún, falta cumplirla.

Ahora bien, el problema no pasa solo por los plazos permitidos, sino también por el financiamiento. Un tema recurrente cada vez que los ciudadanos se enfrentan a las urnas. “Todas las campañas electorales en la Argentina son tramposas en cuanto al tiempo, al financiamiento, en cuanto a lo que dicen que gastan. Hay un desmadre en cuanto al control”, postula Pablo Secchi, director Ejecutivo de Poder Ciudadano.

Financiamiento

Cabe distinguir los aportes destinados a los partidos políticos de aquellos que tienen como fin ser usados para la campaña. En el último caso, solo pueden ser donantes los particulares. A diferencia de la vida ordinaria de los partidos, está prohibido por ley que las empresas aporten dinero durante la campaña. De todas formas, a modo de disfraz, terminan poniendo plata sus cabezas.

“Se sabe que hay un montón de empresas que hacen donaciones a partidos y esa información no está porque, como está prohibido, o bien no se sabe porque va en efectivo o bien aparece un presta nombre”, comenta Nicolás Cherny, director del Programa Instituciones Políticas de CIPPEC, quien habla de una “combinación perversa” entre prohibición y permisividad: “Prohibís aportes de personas jurídicas y no das tope al efectivo. Eso genera el peor de los resultados, que es que un montón de anónimos aportan sin ningún control”.

En las elecciones de 2015 sucedió. Leandro Querido, director General de Transparencia Electoral, manifiesta que, entonces, las empresas ponían dinero como personas físicas. Además, esa campaña costó casi 10 veces más que el máximo estipulado, $ 172 millones.

En estos días, el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley que busca permitir el aporte por parte de personas jurídicas, entre otros cambios relativos a las campañas. “Hay que terminar con el financiamiento en negro de la política”, dice Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. Y explica que el proyecto pretende bancarizar los fondos de los partidos.

“La idea es que todo el financiamiento sea en blanco y esto lleve una auditoría, por parte no solo de la Justicia, sino también de los ciudadanos”, continúa Pérez. En la misma línea, Cherny apunta que la bancarización es un medio para hacer trazables los fondos. “¿Por qué hacerlos trazables? Porque el votante está desinformado. No sabe quién financia la campaña de los candidatos que tiene que elegir”, interpela.

Plazos

La campaña electoral inicia 30 días antes de las elecciones primarias y 20 días antes de las generales. Así lo dicta el artículo 31 de la Ley 26.571. Por ende, recién hoy podrían empezar a desplegarse los afiches que se observan desde hace tiempo en las calles. “El tema es que los candidatos ya saben de estas trampas y [en los carteles] no es que están pidiendo el voto a favor de un candidato, sino que solo promocionan una figura o un partido. Con lo cual la jurisprudencia no los alcanza”, razona Secchi.

Neuquén fue uno de los primeros lugares en los que actuó la Justicia Electoral. Con franjas de “Publicidad en infracción”, dejó al descubierto varios afiches en la vía pública que se anticiparon a la campaña de las PASO. Sin embargo, algunos denuncian falta de control y acción por parte de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

“30 días es muy poco tiempo y nadie lo cumple. Todos anticipan la campaña”, critica Adrián Pérez. Y opina que “podría haber más control por parte de la Justicia”. El nuevo proyecto de ley también apunta a alargar los plazos de campaña. El fin es que pasen de 30 a 50 días antes de las PASO y de 20 a 60 días antes de las generales.

Este último punto, explica Pérez, propone fomentar la equidad en la competencia. Así, se les daría una mayor oportunidad a los partidos de la oposición para promocionarse, ya que los oficialismos suelen estar en ventaja por la posibilidad de difundir sus propuestas a través del aparato estatal.

La ventaja de los oficialismos

Por una cuestión lógica, quien se encuentra en el poder es posible que tenga una amplia ventaja por sobre la oposición para promocionar a sus candidatos y propuestas. En el proceso electoral de 2015, según Querido, la campaña empezó un año antes con la utilización de recursos estatales y cadenas nacionales volcados a este objetivo.

De hecho, Martín Lousteau, precandidato a Diputado Nacional, denunció ante la Justicia a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por el uso proselitista de la publicidad oficial. Además, argumentó que el Gobierno porteño prevé gastar $ 400 millones hasta octubre en campañas que inducen subliminalmente a votar en las próximas elecciones por el frente Vamos Juntos, encabezado por Elisa Carrió.

Hoy, de acuerdo a la ley vigente, no se pueden exhibir nombres, imágenes o voces de candidatos ni promover programas públicos 15 días antes de los comicios. El nuevo proyecto prevé que esto suba a 30 días. “Tiene que ver con esta mirada del Gobierno de que no haya ninguna confusión entre los recursos del Estado y los recursos de proselitismo”, declara Pérez.

Es una práctica que se da en todos los niveles: nacional, provincial y municipal. Cherny menciona que hay muchas provincias en las que los oficialismos son muy dominantes y que “lo grave” es que estos no restrinjan los actos de gobierno o las inauguraciones de obras en plazos cercanos a las elecciones. Asimismo, opina que otro de los problemas grandes que hay es que el federalismo argentino hace que cada provincia aplique un régimen electoral distinto, que en algunos casos ni siquiera existe y es allí donde los partidos políticos aplican la astucia.

“Hay una ventaja que es imposible de sortear, pero en América latina, y la Argentina puntualmente, se agiganta por la eventual predisposición de los candidatos a cumplir con la norma”, dice Querido. Para el director de Transparencia Electoral, “se percibe que estamos en un proceso un poco más equitativo que el de 2015”. Sin embargo, lamenta que la reforma electoral haya quedado trabada en el Senado: “Hoy vamos a las elecciones en las mismas condiciones que en 2015”.

Control

El órgano encargado de monitorear y sancionar las infracciones cometidas durante la campaña, tanto referidas al financiamiento como a los plazos, es la Cámara Nacional Electoral. No obstante, mientras que exista la ley y no se destinen los recursos necesarios para aplicarla, va a haber falta de efectividad, opina Cherny.

De hecho, jueces federales con competencia electoral pidieron tener más contadores a su disposición para controlar el financiamiento. La Corte Suprema respaldó este pedido. Al respecto, Pérez manifiesta que en el proyecto de ley triplica el número de auditores contadores. “Hemos dado más recursos a la Justicia”, declara.

La campaña electoral de 2015 debería funcionar como disparador para mejorar el control. “Fue un proceso sumamente irregular”, observa Querido. Y denuncia que la promoción de las figuras empezó un año antes aunque también se dio de esta forma porque una elección presidencial no tiene el mismo peso que una legislativa.

La polémica por el escrutinio provisorio

Hubo un reclamo por parte de los jueces de la CNE, Santiago Corcuera y Alberto Daravia, que quieren que la Dirección Nacional Electoral, órgano dependiente del Poder Ejecutivo, no tenga a su cargo el escrutinio provisorio de las próximas PASO. Lo cierto es que el Gobierno mandó, el año pasado, un proyecto de reforma electoral al Congreso, que tuvo solo media sanción en Diputados. Hoy lo tiene Senadores y, según Cherny, “no hay ninguna señal de que esto se vaya a convertir en ley”.

“No veo una puja, veo la decisión clara del Gobierno nacional de que el escrutinio provisorio quede en manos de la Justicia”, opina Pérez. Y continúa: “La CNE está reiterando un concepto que ha planteado siempre, que ellos creen que tendrían que hacer el provisorio. Nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, lo hemos manifestado en muchas ocasiones”.

Desde Poder Ciudadano expresan que siempre promovieron que hubiera un órgano independiente y que el Ejecutivo no tuviera influencia en este campo. Cherny presenta el caso de México como una alternativa. Allí, existe un órgano autónomo especialmente creado para llevar a cabo la tarea. “No creo que la Argentina esté para el caso de México, pero sí hay dos soluciones posibles”, plantea. Una de ellas es crear un ente autárquico que pueda depender financieramente del Gobierno nacional, pero que su director sea elegido por concurso o de manera autónoma. La otra es cederle el trabajo a la Justicia.

“Que se haga un escrutinio provisorio bajo la tutela del Poder Ejecutivo es un caso que no encuentra muchos antecedentes en la región”, dice Querido, que es politólogo especializado en sistemas electorales de América latina. Desde Transparencia Electoral evaluaron la posibilidad de que se le diera a la Dirección Nacional Electoral la autonomía y autarquía para que funcione fuera de la escala jerárquica del Ejecutivo. “Insistimos en que, más allá del escrutinio provisorio, el válido es el que hace la Justicia Electoral”, concluye.

¿Sirven las PASO?

El Gobierno repartirá $ 243 millones para los partidos: 81 para las PASO y 162 para las generales. El despliegue de ambos eventos costará $ 5.100 millones, dentro de los cuales $ 2.800 millones serán destinados al próximo 13 de agosto.

De ahí la crítica masiva de que “las PASO son una pérdida de plata”. Surgió un movimiento en Change.org para derogarlas y tuvo una gran cantidad de firmas. La ley relativa a las primarias fue sancionada en diciembre de 2009 y la Argentina cuenta con pocas experiencias aplicándola: 2011, 2013 y 2015.

“El problema no es que se gaste plata, sino que sean útiles. No se pueden evaluar las PASO por una sola elección”, reflexiona Cherny, y plantea que, si no hay competencia en casi ninguna primaria, habría que ponerse a discutir qué está pasando. No es lo mismo una PASO en elecciones presidenciales que en legislativas. En este último caso, puede que queden obsoletas porque el método de listas es más fácil para generar un consenso previo dentro de los partidos.

En ese sentido, Secchi opina: “Más que como un gasto, lo veo como una inversión en democracia”. Las elecciones tienen que presentar alternativas para los ciudadanos, dice, y continúa: “Lo que hay que discutir es si efectivamente los partidos van a empezar a tomar esto como una herramienta o si van a seguir presentando candidaturas únicas discutiéndolo ellos solos por atrás”.

Igualmente, el miembro de CIPPEC sostiene que “no hay que apresurarse en los análisis”. Destaca algo de las primarias que, en su opinión, “no está tan a la luz”: el umbral. Aquellos candidatos que no obtengan el 1,5% de los votos, no pasan a una elección general. “Al estar las primarias de cara a la sociedad, es difícil que se pongan candidatos que sean invotables”, piensa.

No cabe duda de que es un tema para debatir. Incluso lo plantea, desde el Gobierno nacional, Adrián Pérez: “Después de varios años de dirigencia de la ley, tenemos que discutir las PASO”.

¿Y la campaña en redes?

No se puede ignorar el poder que tiene Internet en el entramado de la política y la vida de las personas. Hace unas semanas, visitó el país la académica e investigadora holandesa José van Dijck, también autora del libro La cultura de la conectividad. Entre otras cosas, dijo que “las redes sociales tienen un enorme poder en épocas de campaña electoral”.

Un claro ejemplo de esto fue la elección presidencial de los Estados Unidos en 2016. En Facebook, se generó una infinidad de noticias falsas a favor y en contra de los dos candidatos. También se dio el fenómeno de las llamadas “burbujas de filtro”. Esto significa que los usuarios ven en sus perfiles noticias y comentarios de cierto tinte político o de ciertas temáticas, e impide que se pueda tener un espectro de análisis más grande.

El director de Transparencia Electoral opina que “es un tema difícil de abordar acá y en todos los rincones de América latina, así como es difícil regular contenidos en Internet”. Es una realidad, a diferencia de procesos anteriores, los electores se informan más que nunca a través de Internet. Más que nada a través de las redes sociales.

“Todavía no hay ninguna regulación, con lo cual la campaña en redes está muy descontrolada. Muy especialmente en lo que tiene que ver con la utilización de recursos públicos”, marca Secchi.

Panorama

Hoy empieza la campaña formal para las PASO del 13 de agosto. Cualquier práctica proselitista que se hubiera desempeñado -ya sean afiches, actos, videos en redes sociales u otro mecanismo- antes del día de la fecha, fue al margen de la ley.

En esta jornada, también se designan las autoridades de mesa, y termina el plazo para que los juzgados federales resuelvan sobre la aprobación formal de las boletas oficializadas. Asimismo, se imprimen y publican los padrones definitivos.

Las elecciones generales son el 12 de octubre, por ende, el inicio formal de la campaña es el 17 de septiembre, 20 días antes.

El órgano encargado de monitorear y sancionar a quienes no cumplan con el plazo establecido es la Cámara Nacional Electoral. Sin embargo, hay quienes, entre ellos Adrián Pérez, denuncian falta de control. Por esto, a través de un proyecto de ley, el Ejecutivo quiere ampliar el período para hacer campaña. 30 días antes de las PASO y 60 antes de las generales.

Otro de los debates circula en torno al financiamiento. Para las campañas solo pueden ser aportantes las personas físicas y no las jurídicas. Pero suele darse la particularidad de que estas últimas lo hacen igual, a través de las cabezas de las empresas. Por eso, el proyecto de ley apunta a que puedan hacerlo. Además, tiene como objetivo bancarizar los fondos de los partidos, porque no hay forma de controlar el efectivo: ni los topes ni su procedencia.

En conclusión, ¿sirven las PASO? Hoy se inaugura oficialmente un período en el que el Estado va a gastar $ 2.800 millones. El Presidente manifestó su opinión al respecto: quiere sacarlas. La discusión está planetada. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Todo dependerá de la voluntad política del resto de los miembros de un Congreso que, a partir del próximo 10 de diciembre, será otro.

Qué cambia en el Congreso

En los comicios de octubre se elegirán, 24 senadores y 127 diputados a nivel nacional. La Cámara Alta renovará 24 miembros. Esto sucede por tercios cada 2 años. En el caso de la Cámara Baja, la elección se da por mitades y también cada 2 años. Hoy, en el Senado, el Frente para la Victoria (FPV) es mayoría, con 40 bancas. Le sigue Cambiemos, con 15. En Diputados, la primera fuerza la encarna el oficialismo con 86 integrantes y la segunda, el FPV con 73.

El techo de cristal

El Congreso argentino es el cuarto país de la región con más mujeres, según un relevamiento realizado por Directorio Legislativo. Ellas ocupan un 40% de los escaños.

La ley 24.012 de cupo femenino establece que al menos un 30% de la lista debe estar ocupada por mujeres. Sin embargo, algunos denuncian que ejercen pocos cargos legislativos, ya sea en direcciones o presidiendo las comisiones permanentes de las cámaras. En este sentido, la participación femenina no creció significativamente. Octubre será la prueba de un cambio, o no.