Publicado en mayo de 2018
El desempleo afecta más a los jóvenes argentinos que a los adultos. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, casi un cuarto de los jóvenes argentinos de entre 16 y 24 años estaba desempleado en 2017 (24,7%), mientras que el desempleo general era del 8,7%. Es decir: la tasa de desempleo en los jóvenes casi triplica a la de la población adulta en general y viene ampliándose desde 2004. La Argentina es el país con mayor desempleo juvenil del Cono Sur, por encima de Uruguay (24,5%), Chile (16,8%), Paraguay (12,8%) y Bolivia (6,6%).
Por otra parte, el desempleo afecta más a los jóvenes que más necesitan trabajar: los provenientes de hogares de menores ingresos. Mientras el 26% de los jóvenes del quintil más bajo de ingreso es desempleado, solo el 9% de los jóvenes del quintil más alto está en esa situación. El género es otro predictor de vulnerabilidad laboral: el 25% de las mujeres jóvenes están desempleadas frente al 15,4% de los varones.
A esto se suma la incidencia de la informalidad. En la Argentina el 34% de los trabajadores está en situación de informalidad, pero si se consideran solamente los trabajadores jóvenes, ese porcentaje asciende al 60%, es decir que seis de cada diez jóvenes que trabajan lo hacen de forma precaria. Entonces, más allá del desempleo, entre los jóvenes, otro problema tanto o más serio es la informalidad, que se traduce en que a menudo ganan el salario mínimo o menos, trabajan por jornadas extendidas, en situaciones insalubres y sin protección social (sin vacaciones pagas, licencias por estudio, por maternidad o paternidad en caso de tener un hijo, ni aportes jubilatorios). Esto tiene consecuencias graves para el futuro de los jóvenes. La informalidad del primer empleo es un predictor importante de trayectorias de exclusión: impacta negativamente sobre los ingresos futuros, sobre la probabilidad de tener un trabajo decente y de acceder a la jubilación.
Un gran desafío pendiente de diferentes administraciones y niveles de gobierno es superar la alta incidencia de la informalidad en el mercado de trabajo, que afecta especialmente a las mujeres y a las personas provenientes de hogares de menores ingresos.
Además, los jóvenes enfrentan una gran disparidad entre lo que la demanda de trabajo les exige y lo que les ofrece. Se les pide conocimientos técnicos y capacidades cognitivas, sociales y emocionales mucho mayores que los requeridos para el puesto, pero simultáneamente no se les ofrece protección social ni condiciones decentes.
La acumulación de capital humano empieza en la primera infancia. Hay que tomar medidas que permitan que las familias pasen tiempo con sus hijos y políticas de conciliación entre días laborales y familiares, políticas de trasferencia de ingreso que permitan el desarrollo integral y facilitar el acceso a servicios de calidad con el objetivo de garantizar sus derechos y de fortalecer sus capacidades para que a futuro puedan sostener a una población que ya no gozará del llamado bono demográfico, los beneficios de que la población en edad de trabajar sea mayor que la dependiente (chicos y adultos mayores) y en consecuencia, el potencial productivo de la economía sea superior.
Actualmente, la proporción de personas en edad de trabajar en la Argentina es mayor que la de personas dependientes. Sin embargo, en 25 años esa relación se va a invertir. Por lo tanto, hay que apostar servicios de educación (en todos los niveles y con un mayor grado de articulación con el entorno laboral) para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. También es necesario fortalecer las políticas para la primera infancia para que los chicos de hoy puedan tomar la posta y trabajar productivamente para mantener la sociedad futura.
