Publicado en junio de 2021
Los programas de reurbanización, inevitablemente vinculados a intervenciones de política pública dada la magnitud de la inversión y el grado de coordinación que requieren para ser implementados, son una oportunidad única para repensar los espacios públicos, tanto en términos de desarrollo socioeconómico como en relación a los beneficios ambientales que brindan. Sin embargo, los programas de mejoramiento de barrios informales que llevan a cabo los gobiernos nacionales y subnacionales suelen enfocarse exclusivamente en brindar un mejor acceso a bienes y servicios y rara vez integran iniciativas de infraestructura verde y resiliencia climática.
Aproximadamente mil millones de personas en todo el mundo viven en asentamientos informales (ONU, 2016), tierras especialmente expuestas a los efectos del cambio climático debido, en gran parte, a la falta de infraestructura para prevenir inundaciones y deslizamientos de tierra y mitigar el impacto de fuertes tormentas y olas de calor. Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas, pero el porcentaje aumentará a más del 70% en 30 años, y se prevé que alcance más del 90% en las regiones menos desarrolladas (ONU, 2018).
Frente a este panorama, el fenómeno de la urbanización se prueba particularmente relevante en los países emergentes, y los programas de integración social y urbana son una excelente oportunidad para implementar mejoras en la provisión de espacios públicos e infraestructura verde a partir de una visión integrada de planificación urbana que incorpore la resiliencia frente al cambio climático.
Argentina cuenta con datos censales que permiten saber que más de cuatro millones de sus habitantes viven en los 4.416 barrios populares que existen a escala nacional (ReNaBaP, 2016). En América Latina más de un tercio de la población que vive en centros urbanos lo hace en condiciones de acceso informal a bienes y servicios básicos. Y para peor, los espacios públicos verdes no son suficientes ni están distribuidos equitativamente en las ciudades, tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo (ONU-Hábitat, 2020).
En los barrios informales el espacio público es tanto social como político, y a menudo reemplaza las necesidades que la vivienda no puede satisfacer (Gehl, 2010). En estos barrios las calles suelen ser el principal, si no el único, tipo de espacio público, lo que las convierte en lugares polifuncionales que podrían ser utilizados para compensar la falta de áreas de esparcimiento y vinculación social más grandes; para mejorar la calidad y provisión del espacio público y proporcionar la vegetación necesaria.
La provisión de infraestructura verde y de espacios públicos de calidad es parte esencial de un realineamiento ecológico más amplio y de políticas para desarrollar la resiliencia en áreas urbanas postergadas. Los espacios públicos verdes son una excelente herramienta para construir resiliencia, ya que reducen las temperaturas a través de la evapotranspiración, brindan sombra, absorben CO2 y retienen las aguas de lluvia, entre otros beneficios.
Fortalecer la infraestructura verde puede ser altamente rentable como resultado de los beneficios que brinda a mediano y largo plazo, especialmente en áreas donde actualmente falta vegetación. Los árboles se pueden incorporar en muchas tipologías de espacios urbanos gracias a su capacidad de adaptarse y suelen constituir una manera exitosa de integrar la infraestructura verde en cualquier asentamiento urbano (Mell, 2019).
A pesar de que la percepción común es que tardan mucho en crecer y requieren de un mantenimiento significativo, lo que puede disuadir a tomadores de decisiones de promover la plantación y la mejora de espacios verdes, la evidencia muestra que los resultados se pueden ver con relativa rapidez y que la inversión tiene un retorno positivo en términos económicos por los valiosos servicios ecosistémicos asociados (The Nature Conservancy, 2016).
Estas acciones también ayudarían a mejorar y promover una agenda de políticas urbanas coordinada entre diferentes niveles de gobierno, para desarrollar un plan integrado que aborde el cambio climático al tiempo que brinda mejores condiciones de habitabilidad. Los gobiernos nacionales tienen la capacidad técnica para liderar políticas públicas de largo plazo dirigidas a abordar la crisis climática, así como la capacidad económica para financiarlas e implementarlas; mientras que los gobiernos locales tienen las ventajas comparativas de conocer el territorio en detalle, además de una mayor proximidad con las y los habitantes de los aglomerados urbanos.
Esto da a las ciudades una posición de liderazgo para tomar decisiones precisas y personalizadas sobre el uso del suelo urbano, la inversión en infraestructura y la participación ciudadana.
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