Las 52 empresas públicas nacionales emplean a 120.000 personas y recibieron transferencias del Estado equivalentes a un 0,7% del PBI en 2016. Se concentran principalmente en los sectores de transporte y almacenamiento (21%); energía (17%); información y comunicaciones (13%); intermediación financiera (12%); y servicios profesionales y científicos (12%).

De acuerdo con un relevamiento de CIippec, si bien la mayoría de las empresas públicas argentinas realiza una planificación estratégica, sólo una de cada siete publica sus metas, y una de cada cinco, los informes de gestión. Muchas empresas estatales tienen directores calificados; sin embargo, la mitad no publica sus estatutos, y, dentro de aquellas que sí, sólo el 16% establece requisitos para integrar su directorio y el 2% establece una evaluación de desempeño. Solo una de cada cinco empresas públicas publica sus reglamentos de compras y contrataciones. Por otra parte, sólo una de cada cuatro empresas fue inspeccionada por la Auditoría General de la Nación con posterioridad a 2013.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual la Argentina busca ser miembro pleno, promueve estándares de gobierno hacia adentro de las empresas y para los marcos legales y regulatorios. En el caso de las empresas públicas, estos incentivos y mecanismos de control cobran aún mayor relevancia, ya que la propiedad, total o parcialmente, corresponde al conjunto de la ciudadanía y desempeñan un rol primordial, como la provisión de energía, el transporte y las comunicaciones.

Un grupo de trabajo de la OCDE comenzó a revisar los estándares de gobierno corporativo en las empresas públicas argentinas, tema que fue abordado recientemente en un seminario organizado por Cippec y Deloitte en la Universidad de San Andrés. ¿Qué se está revisando? Desde las razones que justifican la propiedad pública hasta el papel del Estado como propietario; el marco jurídico y regulatorio para garantizar la competencia; un tratamiento equitativo de los accionistas; las relaciones con las partes interesadas y la responsabilidad empresarial; la publicidad y transparencia; y las responsabilidades de los consejos de administración. En nuestro país, los desafíos en estas materias son importantes.

¿Existe una ruta crítica para fortalecer el buen gobierno de empresas públicas? ¿Qué hicieron otros países de la región? Chile y México, ambos miembros de la OCDE, definieron marcos específicos. En el primer caso, promulgaron una ley. En el segundo, establecieron un código de gobierno corporativo que las empresas suscriben. Este mismo proceso llevaron adelante Perú y Paraguay. Se aconseja que la realización del código sea un ejercicio participativo con los actores involucrados, incluyendo a las propias empresas públicas, así como el desarrollo de pruebas piloto. No se trata solo de cumplir estándares: incrementar la calidad de gobierno en las empresas públicas impacta en la calidad de vida de todos los argentinos.