En el barrio Mugica, Patricia Garcete (43 años) y su familia luchan cada día para hacer, de una habitación de 2 x 4 metros un hogar. “Tenemos solo tres camas porque más no entran”, explica. Ella, junto a su marido, Antonio Severo (54), y sus tres hijos -Antonio (10), Marina (9) y Patricia (6)-, alquila desde hace seis años esa pieza en la manzana 22, en la que, a fuerza de ingenio y orden, lograron armar cocina, lavadero, comedor y dormitorio para cinco personas.

Según la última estadística del Indec, 15,8 millones de argentinos son pobres, el 35,4% de la población total del país. Más de la mitad (el 52,6%) son niños y niñas menores de 14 años. De los muchos factores que hacen al problema, el del hábitat es crucial. “El hacinamiento es una de las maneras en que se manifiesta la falta de suelo urbano, es decir, con infraestructura y servicios básicos”, explica Gabriel Lanfranchi, arquitecto y director de Ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Y agrega: “En nuestro país el déficit habitacional es de 3,5 millones de viviendas, de las cuales 2,2 millones son viviendas deficitarias y 1,3 millones exhiben algún nivel de hacinamiento”.

De las distintas maneras de medir este problema, la más gráfica consiste en el relevamiento de la cantidad de personas por cuarto habitable: tres o más indican hacinamiento. Según el último documento estadístico del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia que elabora el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 23,4% de los niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años viven en condiciones de hacinamiento en las regiones urbanas de la Argentina. En 2015 había sido de 18,9%. La cifra trepa al 30% en la provincia de Buenos Aires.

“Es una característica más en un contexto de múltiples vulnerabilidades, como la pobreza monetaria o los problemas de saneamiento (si en los hogares hay baño con inodoro y descarga o acceso al agua potable)”, indica Ianina Tuñón, coordinadora de la investigación.

Para la especialista en infancia de la UCA, “en nuestro país la gente tiene tantos problemas que si bien la cuestión habitacional es muy importante no se puede atender como se debería; los recursos que las familias obtienen se destinan en principio a comer y a vestirse, por lo cual mejorar la vivienda no es lo principal”.

La familia Severo tiene que compartir el baño; hay dos para cuatro departamentos, casi 20 personas en total. “Uno lo usamos más para bañarnos, aunque ahora no hay agua caliente”, sigue Patricia. Ella es voluntaria del comedor El Pobre de Asís, y su pareja, monotributista, se dedica a la construcción. Están juntos desde hace diez años y desde entonces viven en el barrio.

Hábitat y salud

Cuando hay hacinamiento, son los niños y niñas quienes más lo padecen. No contar con un ambiente adecuado para estudiar, leer y hasta invitar amigos o contar con un momento para estar a solas dificulta las posibilidades de desarrollo. También aumenta el estrés y la probabilidad de estar expuestos a situaciones de violencia física, verbal e incluso de promiscuidad, como la de presenciar relaciones sexuales entre adultos.

Otra de las situaciones que pueden devenir de la falta de espacio es compartir cama y colchón. “Se dan colechos forzados, generalmente es más común con los niños pequeños, aunque hay un proporción significativa de niños más grandes y adolescentes”, detalla Tuñón. “El descanso no es el ideal -agrega- y, en el caso de los bebés o niños pequeños, hay un mayor riesgo de aplastamiento”.

En el caso de Patricia y Antonio, cuando llega la hora de dormir ella se acuesta con sus tres hijos -o a veces solo con las nenas- en las dos camas que están juntas; en la otra, su marido. Una cama matrimonial, cuenta Patricia, directamente no cabe en ese ambiente. Así como se ocupan de que los chicos puedan recrearse (van a la plaza o al patio común en familia, hacen talleres de lectura y asisten a un espacio de apoyo escolar en el barrio para ocuparse de las tareas y estudiar), la pareja trata de mantener su intimidad como puede: “Aprovechamos el fin de semana, cuando los chicos se van a alguna actividad, y para charlar nuestras cosas, los problemas, esperamos a que se duerman”.

Marisa Graham, designada por la comisión bicameral del Congreso de la Nación defensora de niños, niñas y adolescentes, recalca que “las condiciones materiales impactan directamente sobre los activos simbólicos de las familias. La capacidad de crianza de los adultos se debilita y cuando hay estrés o depresión en los grandes lo sufren los niños”. En el caso de los adolescentes que viven en hogares hacinados, acota la funcionaria, suelen ausentarse más de lo normal, exponiéndose así “a todos los riesgos que implica estar en la calle hasta tarde. Muchas veces lo hacen también como un acto de solidaridad; vuelven después de la cena para dejarle su plato de comida a algún hermanito, un abuelo u otro miembro de la familia”.

Además, dada la estrecha relación entre hacinamiento y las condiciones edilicias deficitarias (escasa ventilación, humedad, filtraciones de agua, etc.), los chicos se ven expuestos a contraer más enfermedades, lo que redunda en un aumento del ausentismo escolar.

Un derecho con obstáculos

El acceso a la vivienda en la Argentina es un problema complejo que atraviesa a gran parte de la población y que para los especialistas consultados no encuentra hasta ahora políticas estatales capaces de abordarlo en toda su dimensión. “El sistema es muy excluyente respecto de las familias que no logran tener un trabajo formal”, explica Daiana Laguna, responsable social del área de coordinación de Hábitat para la Humanidad Argentina (HPHA), una organización que trabaja por el acceso a la vivienda digna en la ciudad y el conurbano.

Laguna agrega que “en los centros urbanos hay un desfase entre la documentación y el dinero que se pide para acceder y la realidad de miles de familias. A veces tienen la capacidad de pagar y sostener un alquiler, pero no el acceso”.

En función de ello es que HPHA lleva adelante, entre otras acciones, los alquileres tutelados; se trata de una ayuda en la gestión y en el aval que la ONG pone disposición entre propietarios e inquilinos, un modelo que ya está en marcha en un edificio en el barrio de La Boca. Las familias que son parte del proyecto vivían en inquilinatos (conventillos), pensiones u hoteles, y han demostrado que pueden sostener el pago de las cuotas (ver aparte).

Graham señala que es un problema histórico: “Las familias se agrandan y las casas se achican. Hay un proceso que se da siempre en momentos de crisis y es que van alquilando lugares cada vez más reducidos, después pierden las garantía, luego no pueden demostrar ingresos, van a la pensión, de ahí al hotel subvencionado por el Estado y luego ya pasan a la calle”.

Para Gabriela Arrastúa, directora del Centro de Investigación Social de Techo Argentina, “cuando el Estado piensa en solventar el tema habitacional, lo primero que surge es la vivienda a estrenar, barrios nuevos alejados de la ciudad o de la zona que habitan actualmente las familias que padecen el déficit. Esta lógica rompe los entramados sociales, no respeta ni reconoce lo que las familias ya han edificado con esfuerzo y muchas veces la solución tampoco es acorde con la cantidad de miembros del hogar o sus actividades productivas”.

Para Graham, “hay que ayudar y acompañar a estas familias mientras se va procurando desarrollar mayor empleo para los hombres y las mujeres, muchas de ellas con doble o triple tarea. Por lo pronto hay que duplicar la AUH”.

De los tres hijos de Patricia y Antonio (estudian todos), el más grande tiene “dificultades en el lenguaje” y el año pasado pudo tramitar el certificado de discapacidad, aunque no le otorgaron pensión, dado que su marido percibe asignaciones familiares. Hacen malabares con la plata “que no alcanza”, por eso los chicos almuerzan y meriendan en un comedor comunitario. “Para nosotros, es imposible pagar un espacio más grande”, cuenta. “Una pieza mejor que esta ronda los 8000 pesos. Si pagamos eso no podemos comprar zapatillas ni ropa a los chicos”, describe.

Por su trabajo en el comedor, Patricia recibe una ayuda en alimentos y todas las noches trae una vianda de comida. Mientras, sueña con mudarse algún día y tener lugar para que se queden a dormir sus ahijadas o hacer “una pijamada” con las amiguitas de sus hijas.

De una habitación en ruinas a un tres ambientes luminoso

Desde hace tres días, la vida de Lorena Ortiz (39 años) y su familia cambió rotundamente. Pasaron de vivir hacinados en una habitación en ruinas de un inquilinato a habitar un departamento de tres ambientes, más espacioso, luminoso y sin humedad, en La Boca.

Gracias al sistema de alquileres tutelados de la ONG Hábitat para la Humanidad Argentina (HPHA), Lorena; su pareja, Maximiliano Lampugano (29), y sus tres hijos -uno que tienen común, Francesco (2), y dos, Nahuel (18) y Valentina (12), de un matrimonio anterior-, pudieron acceder a un alquiler formal y salir de la situación de hacinamiento en la que estaban.

La habitación en la que vivían estaba dividida con muebles, tenía humedad crítica producto de múltiples filtraciones de agua, un agujero en el piso, paredes derruidas y un baño que prácticamente no funcionaba. Esas malas condiciones habían afectado su salud. “Lorena y los chicos tienen asma, y aunque están en tratamiento, ese ambiente no los ayudaba”, cuenta Maximiliano, y agrega que otro de los principales problemas era “la falta de intimidad”.

Lorena y Maximiliano tienen trabajos formales, ella como auxiliar de portería para el gobierno de la ciudad y él como administrativo desde hace un año. Sin embargo, al no tener avales, no habían podido mudarse. “Un alquiler urbano formal, aun pudiendo pagarlo, es para muchas de estas familias imposible sin un apoyo”, explica Daiana Laguna, de HPHA.

Además de las cuestiones de documentación requeridas, explica que hay un tema cultural. La trabajadora social señala que las condiciones de pobreza muchas veces son heredadas de generación en generación, “por lo que es importante romper ese ciclo y brindar oportunidades de superación”. Por eso, detalla que el trabajo de esta organización es “promover el empoderamiento y el desarrollo de las propias capacidades para acceder a la vivienda adecuada”.

El proyecto del edificio Estela de Esperanzas recuperó un espacio deshabitado para transformarlo en ocho departamentos. A uno de ellos se mudó la familia de Lorena y Maximiliano. “Es un modelo replicable que esperamos se extienda”, asegura Laguna. La iniciativa comenzó en 2012, y ya pasaron 14 familias. Se quedan la duración del contrato de cuatro años o hasta que logran acomodarse y dar un paso más, y dejan el lugar a la siguiente. Ahora Lorena y Maximiliano tienen la oportunidad de darles un mejor lugar a sus hijos.

Las propuestas de las organizaciones contra la infantilización de la pobreza

Acciones integrales contra la pobreza. “Reducir la pobreza requiere de u naestrategia integral y coordinada que se sostenga en el tiempo”, afirma Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social de CIPPEC. Y detalla cuatro grupos de acciones: “Uno para mitigar los efectos de la crisis económica con políticas que tienen un impacto directo y automático sobre los ingresos de los hogares más vulnerables. El segundo refiere a las políticas necesarias para desactivar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Una de las políticas más relevantes para ello es la mejora de las condiciones habitacionales de los hogares en pobreza. El tercero comprende acciones para mejorar las condiciones de trabajo. El último establece los mecanismos para asegurar los recursos y su sostenibilidad”.

Incrementar los montos de la AUH. Para “posibilitar un nivel de vida digno” de los niños, niñas y adolescentes, la Coalición Infancia en Deuda considera “urgente” incrementar los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta cubrir la Canasta Básica Total por chico. Actualmente, la AUH es de 2.121 pesos, cubre un 19,8% de los 10.683,89 pesos de la Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza, y un 49,3% de los 4.290,72 pesos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina si una persona es o no indigente. Con el aumento de septiembre y octubre, alcanzará un 29% de la CBT y un 72% de la CBA. Por eso, la Coalición también propone impulsar “medidas legislativas necesarias para una actualización automática en función de la inflación”.

Garantizar la seguridad alimentaria. “Se deben realizar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria de la infancia y asegurarse que en Argentina no haya niñas y niños atravesando su infancia con hambre”, reclaman desde la Coalición Infancia en Deuda. Teniendo en cuenta que las organizaciones que trabajan en el territorio advierten que ha aumentado la demanda por una plato de comida, ACIJ, una de las entidades que integran Infancia en Deuda, considera “urgente incrementar la asignación presupuestaria para programas destinados a comedores escolares y comunitarios de manera que no solo alcancen la inflación, sino que tengan recursos suficientes para atender el incremento en la demanda de asistencia”.

Acceso a una vivienda digna. Para Gabriel Lanfranchi, director de Ciudades de Cippec, “uno de los desafíos es mejorar la planificación urbana y formular regulaciones para incentivar la producción de suelo urbano accesible de calidad”. Además, detalla que ante el hacinamiento de un hogar -donde varias familias comparten vivienda- la necesidad es una casa nueva, mientras que en los casos en que hay más de dos personas por habitación, la solución pasa por ampliar una vivienda ya existente, y que esto se puede lograr, por ejemplo, con alquileres sociales, promoviendo la oferta de vivienda asequible y ampliando el acceso al crédito de los sectores de bajos ingresos.

Emergencia habitacional cero. Desde Techo Argentina proponen tres líneas de acción para mejorar la situación de quienes habitan viviendas precarias y hacinadas. Una es a corto plazo, con un plan que dé una respuesta rápida a quienes están en estas condiciones, como podría ser la entrega de viviendas de emergencia, incrementales o módulos. La segunda vía es darle cuerpo y presupuesto a la ley de Barrios Populares, para poder implementarla. Y, a largo plazo, planificación territorial. Para ello, coinciden con Cippec en que es necesario establecer con provincias y municipios un esquema de incentivos que promueva políticas de acceso al suelo urbano para los sectores populares.

Equidad en el acceso a la salud. “Los niños que viven en condiciones de pobreza y hacinamiento necesitan que hablemos de ellos para cambiar las condiciones de vida que los enferman”, afirma Alejandra Sánchez Cabezas, fundadora de Proyecto Surcos. Y agrega: “Ramón Carrillo dijo: ‘Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas'”. Por eso, explica que 59 sociedades científicas, organizaciones sociales y universidades, “que sabemos que la salud es un proceso de construcción colectiva, impulsamos #saludeneldebatepresidencial y pedimos que los candidatos a la presidencia propongan políticas para que todas las personas alcancen los mismos niveles de salud”.